LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 102 de la Constitución Provincial, para que a través del Ministerio de La Mujer de la Provincia en el plazo de 10 (diez) días, se sirva informar:
Luciana Echevarría
Legisladora MST- Nueva Izquierda
FUNDAMENTOS
La pandemia de Coronavirus ha exacerbado la crisis social y económica en nuestro país y en nuestra provincia. La combinación de la misma con las consecuencias sanitarias y las medidas de aislamiento preventivo agravan y profundizan los padecimientos de las víctimas de violencia de género.
Las cifras de femicidios en nuestro país y particularmente en nuestra provincia son alarmantes Pero aumenta la preocupación si observamos que la mayoría de éstos suceden en el hogar: en el 2019 de 299 femicidios, 156 ocurrieron en la casa de la víctima o en la vivienda que compartían con su victimario. Y fueron cometidos por sus esposos, parejas, novios o ex parejas en un 70% de los casos.
Córdoba no escapa a ésta realidad. Por el contrario, es la segunda provincia del país con más cantidad de femicidios, sólo en 2019 lamentamos 19 víctimas en nuestra provincia y las denuncias por violencia de género superaron las 50.000 por año.
En lo que va del año muere una mujer cada 28 horas víctima de femicidio y en los primeros días de Marzo fue una cada 12 horas. Este 15 de Abril nos enteramos de otro femicidio en el país, el de Camila Aldana Tarocco, de 26 años y madre de dos hijos, en el partido bonaerense de Moreno. Podemos afirmar que “el hogar” es el lugar más peligroso para una mujer. Esto, no es algo que sólo es denunciado por las organizaciones feministas, sino que también es reconocido por las Naciones Unidas o el mismo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Durante la cuarentena obligatoria dictada por el gobierno a raíz de la pandemia de coronavirus, miles de mujeres se ven obligadas a convivir encerradas con su agresor más tiempo que de costumbre, imposibilitadas de escapar. Este contexto de reclusión obligatoria potencia los riesgos de sufrir ataques y hasta morir en la cuarentena, ya que la incertidumbre, la angustia, el mal humor y la frustración exacerban a los violentos y aumenta la indefensión de las mujeres y niños. O sea, aumenta la violencia de género en todas sus variantes.
Las mujeres se ven aún más recargada con las tareas de cuidado al estar todos los habitantes del hogar las 24 horas conviviendo. La violencia sexual también se incrementa al estar mayor tiempo en contacto con el agresor, ya que la mayoría de las violaciones ocurren en el ámbito intrafamiliar. Por ende, también aumentan los embarazos no deseados, ante la dificultad para asistir a centros de salud o farmacias para adquirir métodos anticonceptivos.
Por lo general las víctimas de violencia aprovechan la ausencia del agresor para poder escapar, denunciar, trabajar a escondidas, recibir ayuda o acompañamiento de su entorno, incluso para comer o descansar, siendo su único momento de paz. Durante el aislamiento esta ausencia es imposible. A esto se suma que, gran parte las mujeres, niños y niñas están bajo la línea de pobreza, el desempleo, la precariedad, el hacinamiento, el hambre se verán agudizados durante la cuarentena. Las mujeres pobres son las más vulnerables y expuestas por la carencia de herramientas de defensa.
En línea con este análisis, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que hubo un crecimiento en las denuncias por violencia de género durante el período de aislamiento. Los primeros 16 días del receso judicial extraordinario por razones sanitarias, ingresaron al Fuero de Niñez, Violencia Familiar y Género de la ciudad de Córdoba, en total 929 denuncias. En el mismo sentido, el Ministerio de la Mujer provincial informó en una nota periodística que recibe un promedio de 300 llamadas por día.
Las trabajadoras del Polo de la Mujer, dependiente del organismo dirigido por la ministra Claudia Martinez, vienen denunciando en innumerables oportunidades su grave situación laboral, tanto por las condiciones de contratación precarias, los riesgos del tipo de trabajo para el área de constatación como por la falta de profesionales para responder a la elevada demanda, que fue respaldada por familiares de víctimas de femicidio – como la familia de Giuliana Silva de sólo 19 años- y que se ve agravada por el aislamiento obligatorio.
En nuestra provincia aún estamos muy lejos del objetivo de un refugio cada 10.000 habitantes como recomienda la ONU, y si las casas-refugio son siempre necesarias, mucho más lo son ahora con la cuarentena para no convivir con el violento.
La violencia de género en todas sus formas también es una pandemia, que este sistema capitalista y patriarcal genera. No podemos darnos el lujo de elegir qué vida salvar durante el aislamiento por coronavirus, necesitamos que se inviertan los recursos necesarios para dar respuesta. Necesitamos una provincia -y un país – que tome el reclamo del #NiUnaMenos y abandone el marketing para abordar políticas públicas concretas que se sostengan en el tiempo y permitan prevenir y erradicar los femicidios y la violencia de género.
Por todo lo expuesto es que solicitamos se nos brinde la información aquí detallada.
Luciana Echevarría
Legisladora MST- Nueva Izquierda
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