Proyecto de Declaración | Rechazo al cierre del CDR Córdoba | Expediente 38983

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su rechazo al cierre del Centro de Referencia (CDR) de la provincia de Córdoba dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación y su preocupación por la continuidad laboral de los 130 profesionales que allí se desempeñan.

FUNDAMENTOS 

Los Centros De Referencia (CDR) dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia son espacios locales de gestión de políticas públicas, delegaciones del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que sirven para facilitar el acceso a distintos programas y prestaciones sociales y también actúan en políticas de promoción de derechos y articulación en distintos barrios y localidades del país. Se crean a partir de 2006 para acortar la brecha de acceso a las políticas públicas en articulación con gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil.

En el CDR de Córdoba desarrollan sus tareas 130 trabajadores, técnicos y profesionales de distintas disciplinas: trabajo social, abogacía, medicina, psicología, nutrición, entre otras, y el personal administrativo con una amplia trayectoria en la gestión de políticas sociales. Las experiencias y conocimientos de estos trabajadores no se pueden reemplazar por modalidades virtuales de atención (telefónica, correo electrónico, apps, etc)

El CDR no es sólo la sede de Córdoba Capital en el centro de la ciudad, funciona con una coordinación local y equipos con sede en Córdoba Capital y 24 equipos territoriales en distintos puntos de la provincia. Se trata de abordajes organizados entre distintos organismos estatales. Sus equipos desarrollan una multiplicidad de tareas entre las que se destacan: gestión de prestaciones sociales, asistencia para el acceso a tratamientos médicos de alto costo, asistencia a familias en situaciones críticas, acciones para mejorar la situación de salud de personas con patologías específicas en condiciones de vulnerabilidad, abordaje de problemáticas vinculadas al género y la diversidad, promoción del empleo y emprendedurismo, programas habitacionales, fortalecimiento de organizaciones sociales, comunas o municipios con proyectos de inclusión social, asesoramiento jurídico a organizaciones y personas, programas de asistencia alimentaria, programas de niñez, adolescencia y familia a través del Sistema Integral de Protección de Derechos.

Además los propios trabajadores han elaborado una propuesta de las funciones que pueden desarrollar en las líneas de trabajo anunciadas por el gobierno nacional: implementación del programa ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y VOLVER AL TRABAJO (Decreto 198 /2024), asistencia alimentaria, validación, asistencia técnica y monitoreo de comedores comunitarios e implementación del PROGRAMA NACIONAL PRIMERA INFANCIA en sus tres líneas de acción propuestas.

Por supuesto es necesario adoptar políticas de fondo que cambien las prioridades y pongan en primer lugar las necesidades y el bienestar de los sectores populares y trabajadores, pero en un contexto de grave crisis social y económica es fundamental la actuación de este tipo de organismos y en articulación con la comunidad para atenuar sus efectos. En este marco, es muy grave la decisión tomada por el gobierno nacional de cerrar los CDR en el país. Porque no solamente deja desamparados a los usuarios de las políticas públicas que se ejecutan desde allí, también a organizaciones que muchas veces cubren los baches de lo que no garantiza el Estado y también se dejaría sin trabajo a cientos de profesionales altamente calificados.

Por todo lo expuesto, invito a todos los legisladores a aprobar la presente declaración.