La situación habitacional de Córdoba es realmente crítica: 274.000 hogares viven en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento y al menos 75.000 de ellos necesitan una vivienda. Mientras tanto hay más de 150.000 viviendas ociosas, destinadas a la especulación inmobiliaria. El 42% de las familias cordobesas no son propietarias de la casa en la que viven y construir es cada vez más caro: hacen falta 200 salarios mínimos, para acceder a una casa de 100 m2. Actualmente 28.000 familias viven en villas, 22.000 de ellas en la Capital. Además, 3 de cada 10 personas alquila y el alquiler se lleva la mitad de su salario.
El gobierno promete y promete, pero en 20 años de gestión agravó el problema y sólo avanzó en reprimir, desalojar y judicializar a quienes reclaman una vivienda digna.
Córdoba se llenó de casas sin gente y gente sin casas. Para revertir esto a favor de las mayorías proponemos cobrarle fuertes impuestos a la vivienda ociosa e impulsar un plan de vivienda que resuelva el déficit habitacional. También sancionar una ley de alquiler social con garantía estatal, crear el Instituto Provincial de la Vivienda gestionado por sus trabajadores y beneficiarios.
Facilitar la escrituración para poseedores y avanzar en la ley de uso social de la tierra. Un hábitat digno es un derecho, no una mercancía, la salida es defenderlo.
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