LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de la Dirección de Salud en el Trabajo en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de 5 (cinco) días de manera detallada:
FUNDAMENTOS
El presente pedido de informe surge a raíz de que nos han llegado numerosos reclamos por la dificultad que existe para poder presentar el apto psicofísico en el ámbito de la provincia, dado que existen demoras absurdamente extensas e indefiniciones arbitrarias para la confirmación de los turnos para obtener la certificación de aptitud psicofísica para los agentes ingresantes o que se desempeñan en reparticiones estatales en la provincia de Córdoba.
Los agentes nos informan que, a pesar de solicitar el turno en tiempo y forma, no se devuelve a las escuelas ni agentes ningún comprobante ni registro de tal solicitud y por lo tanto no se cuenta con ninguna notificación de gestión realizada.
Que además y en contradicción con esta actitud que demuestra negligencia y desidia por parte de la autoridad responsable en el Gobierno, se han enviado a través de comunicación digital notificaciones de Bajas por No Apto Psicofísico a docentes que llevan años de ejercicio como trabajadores dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, con designaciones resueltas (como es el caso de docente titulares) por el mismo Ministerio de Educación, lo cual es una ilegalidad y un contrasentido.
Nos cuentan además que estas bajas se resuelven y notifican de manera automática, sin previo aviso a los agentes, sin garantizar la correspondiente licencia médica por ART o el pase a tareas pasivas provisorias de manera de garantizar el tratamiento de recuperación para conseguir la aptitud psicofísica correspondiente. Esto es especialmente grave para aquellos y aquellas docentes que llevan años ejerciendo como tales y que por lo tanto ya presentan un desgaste de su voz (principal herramienta de trabajo), lo cual debería ser atendido como lo que es: enfermedad laboral.
En el mismo sentido que los expresan miembros del Consejo de UEPC Capital, consideramos que estas bajas son en realidad despidos encubiertos, absolutamente ilegales, puesto que el hecho significa que el gobierno ha tenido durante años bajo su dependencia trabajadores sin efectuarles examen de aptitud psicofísica y luego los despide sin asumir la responsabilidad que le toca en tanto patronal.
Dada la gravedad de la situación que estamos describiendo, solicito a mis pares el apoyo al presente pedido de informe y su urgente respuesta.
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