LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio al avance de la judicialización y criminalización del conflicto universitario desarrollado durante el año 2018 en la Universidad Nacional de Apelaciones de Córdoba; proceso que actualmente se sostiene con sorprendente celeridad al confirmarse el procesamiento de 27 estudiantes universitarios por parte de la Cámara Federal de Córdoba. Así mismo declara su profunda preocupación ante este tipo de resoluciones por parte de la Justicia Federal que evidencian un manifiesto avance sobre la autonomía universitaria. Finalmente, acompaña las reivindicaciones de la comunidad universitaria en función de la defensa de una universidad pública, gratuita, pluralista y democrática.
FUNDAMENTOS
El 10 de septiembre del año 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de 27 estudiantes, imputados por la toma del Pabellón Argentina realizada en el marco de una protesta de alcance nacional en defensa de la Universidad Pública en el año 2018. Aquella resolución de Cámara, rechazó los planteos de las defensas de los imputados que apelaron la resolución del Juez Vaca Narvaja a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, y por consiguiente confirmó la decisión de avanzar con la persecución penal en contra de los estudiantes por el supuesto delito de usurpación por despojo. A fines del año 2023, el Juzgado Federal Nro 1 de esta provincia de Córdoba fijó fecha de Audiencia Preliminar para el día 16 de febrero DEL 2024 a las 10 hs.
Esta decisión de la Justicia merece nuestro más enérgico repudio, en cuanto implica judicializar y criminalizar el ejercicio del derecho de protesta, utilizando para ello figuras penales que claramente resultan inaplicables a la realidad de los hechos. Resulta absolutamente inadmisible, en el marco de un Estado democrático de derecho, recurrir al derecho penal para afrontar conflictos políticos de naturaleza compleja, mucho más cuando el mismo tuvo proyección nacional, en donde se evidenció la participación y el apoyo no solo de la comunidad universitaria, sino también de distintas organizaciones y actores sociales y que se nutría de un programa de reivindicaciones como pedido de aumento de presupuesto, becas, aulas, extensión del alcance del comedor universitario, entre otros.
Así mismo, este avance de la justicia federal implica un serio avasallamiento de la autonomía universitaria, uno de los legados más importantes de la reforma del 18. Al respecto, no puede dejar de repararse que el señor Rector de la Universidad ha ratificado en reiteradas oportunidades que nunca presentó una denuncia penal por la toma universitaria, limitándose simplemente a realizar una “exposición” ante las autoridades policiales.
A diferencia de otras causas donde la Justicia Federal ha demostrado una pereza alarmante (como por ejemplo, la causa Porta Hermanos), en este caso sorprende la premura y el activismo de la Justicia para criminalizar la protesta del movimiento estudiantil. Esta Legislatura debe rechazar todo tipo de intervencionismo punitivo en los conflictos sociales, y en este caso particular en contra la movilización estudiantil, y ratificar contundentemente la vigencia plena de la autonomía universitaria, y de los derechos constitucionales de peticionar a las autoridades, de protesta y de huelga, en cuanto los mismos constituyen la razón de ser de los derechos y libertades conquistadas.
Por estos motivos, solicito el acompañamiento de mis pares en la presente declaración.
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