Taym -Pedido de informe – N° 30.341

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 102 de la Constitución Provincial, para que a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático dependiente del Ministerio del Agua, Ambiente y Servicios Públicos en el plazo de 10 (diez) días, se sirva informar:

  1. Contenido del proyecto presentado por la empresa Taym S.A. denominado “A.P.- CIERRE CELDA DE SEGURIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS” el 27/11/2019.
  2. Estado de situación del mismo.
  3. Detalles sobre el actual tratamiento de residuos peligrosos y las medidas tomadas posteriores al derrame del 28/03/2017 sobre todo el territorio y establecimientos afectados.

Luciana Echevarría

FUNDAMENTOS

El 28 de marzo de 2017, la completa inundación por agua de escorrentía y el derrumbe de un terraplén de la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la empresa Roggio, TAYM, ubicada sobre la ruta 36, produjo el derrame de material altamente tóxico que inundó zonas rurales cultivadas e ingresó al canal Los Molinos-Córdoba llegando hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas (también del grupo Roggio), y continuó hacia la zona del cinturón verde dónde se producen verduras para toda la región.

Según las estimaciones de los peritos oficiales, el agua contaminada ingresó a dicha planta potabilizadora una hora antes de que se cerraran las compuertas, afectando el agua que consume el 30 por ciento de la ciudad de Córdoba Capital. El informe pericial oficial y la acusación del fiscal confirman que “se produjo una contaminación peligrosa para la salud, el suelo, el subsuelo, el agua y el ambiente en general” y advierten que los contaminantes peligrosos continúan dispersos en un territorio muy extendido que involucra una enorme superficie de terreno, subsuelo y aguas subterráneas, incluidos los barros del canal. Cabe considerar que entre los materiales dispersos por la inundación se encuentran metales pesados que representan un peligro permanente para la salud humana.

Esta catástrofe ambiental tiene responsables claros y tal como consta en la acusación del Fiscal Alejandro Peralta Otonello que incorporamos como anexo 1, las autoridades de la Planta violaron numerosas leyes y normativas, poniendo en riesgo conscientemente la salud de la población, aun habiendo sido advertidas por los controles oficiales. También es claro que semejantes infracciones a la ley no hubieran sido posibles sin contar con el amparo de funcionarios públicos. Al respecto hay una denuncia radicada en la Fiscalía Anticorrupción de 2° Turno, actualmente a cargo del Dr. Franco Mondino, que a más de tres años de los hechos y con pruebas contundentes, no ha avanzado en la imputación ni llamado a indagatoria de los responsables. Esta denuncia lamentablemente corre con la misma suerte que todas las restantes que allí se han presentado: duerme en los cajones y no está siendo investigada. Una realidad que corroe gravemente la legitimidad democrática y que de ningún modo podemos naturalizar.

Mientras tanto la empresa TAYM en noviembre de 2019 ha presentado un proyecto ante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático dependiente del Ministerio del Agua, Ambiente y Servicios Públicos del cual sólo se ha podido conocer el título: “A.P.- CIERRE CELDA DE SEGURIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS”. Resulta urgente que, de acuerdo a la ley de libre acceso a la información pública ambiental, se publique inmediatamente on line el “Aviso de proyecto” en cuestión, para que toda la población pueda conocer el contenido del mismo así como también el estado actual de la Planta. Por todo lo expresado es que solicitamos una inmediata respuesta al siguiente pedido de informe

Luciana Echevarría

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