Ley Contra los Privilegios Políticos Expediente: 38774/L/24

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°. Constituye una obligación inherente al ejercicio de la función pública en los máximos niveles de decisión, conducción y administración, tanto en jurisdicción provincial como municipal, incluido Organismos de Control, Agencias, entidades autárquicas y empresas del Estado, ser usuarios de los sistemas de salud y educación pública de gestión estatal.

Artículo 2°. El Gobernador o la Gobernadora, Vicegobernador/a, sus Ministros/as, los/las Legisladores/as, los funcionarios/as políticos/as jerárquicos/as hasta el nivel de Dirección General, deberán garantizar a partir del primer día del comienzo de su mandato o ejercicio del cargo:

a. La asistencia de sus hijos/as a cargo, en edad escolar obligatoria, a establecimientos educativos públicos de gestión estatal.

b. Su atención y la de su grupo familiar en el sistema público de salud.

Art. 3°. Declaración jurada. A los fines de lo prescrito en el artículo 2° de la presente ley, los funcionarios especificados en el artículo anterior deben presentar hasta el 30 de abril de cada año una declaración jurada dando cuenta de:

a. Composición de su grupo familiar: indicando nombre, apellido y  DNI de su/s hijo/s o hijas/s, cónyuge o concubino/a;

b. A qué establecimiento educativo de gestión estatal concurren sus su/s hijo/s o hijas/s en edad escolar.

c. En qué establecimiento público de salud de gestión estatal recibe atención médico/sanitaria o tiene abierta historia clínica el funcionario y su grupo familiar.

La falta de presentación en término, el ocultamiento o falseamiento de los datos de dicha declaración jurada hará pasible al infractor, de las penalidades previstas en los artículos 268 (falseamiento de declaración jurada) y 248 (incumplimiento de los deberes de funcionario público) del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

Artículo 4°. Reducción salarial. A partir de la sanción de la presente Ley, el salario de los/as funcionarios/as incluidos/as en el Art. 2º de esta ley se equipara al salario del cargo de Director/a de 1º Enseñanza Media con 20 años de antigüedad y jornada completa. Dicho monto se actualizará únicamente en la misma oportunidad y proporción en que se den los aumentos salariales a las y los docentes.

El ahorro resultante de esta equiparación se encontrará afectado al presupuesto de educación y la salud públicas.

Artículo 5°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Cláusula transitoria: Los/as funcionarios/as públicos/as comprendidos/as en el artículo 2º que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de sanción de la presente ley tienen un plazo máximo de un año para cumplir los requisitos establecidos en esta ley.

FUNDAMENTOS

La salud y la educación públicas son derechos básicos de cada ciudadano y ciudadana, esenciales a su vez para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Tal es su jerarquía, que la Constitución de la Provincia los reconoce y establece la obligación del gobierno de garantizar el goce de este derecho.

En relación con la salud, su artículo 59 establece: “La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social.

El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad”.

Con respecto a la educación el artículo 60 de la carta magna provincial señala: “El Estado garantiza el derecho a la educación y el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna”

No obstante dicha jerarquía, los indicadores sobre la situación de la salud y la educación estatales dejan mucho que desear en la provincia. Esta lamentable situación se logra mitigar  con el esfuerzo cotidiano de las y los docentes y los trabajadores del equipo de salud, pero no es suficiente. Hacen falta políticas estatales activas.

En lo que respecta a la educación pública, Martín Llaryora inauguró su mandato aplicando un fuerte recorte del 9,1% al salario de los docentes, al desconocer el acuerdo paritario firmado en septiembre de 2023. El salario docente alcanzó a cubrir solo el 64% de los ingresos necesarios para no ser pobre. Por lo que hoy debería aumentar un 57% para alcanzar la línea de pobreza. El sector se encuentra más cerca de romper la línea de la indigencia que de superar la línea de la pobreza. En cuanto a la infraestructura, la delegación capital de la UEPC relevó en la ciudad 214 instituciones con problemas edilicios de consideración y el propio ministerio reconoce que finalizamos 2023 con 222 colegios con daños de distinto tipo y gravedad y aún hoy no menos de 30 establecimientos educativos tienen problemas graves.

Si nos referimos a salud, el anuncio de un “nuevo paradigma” que realizó el gobernador ha sido impulsar con el Fondo de Fortalecimiento Hospitalario la vuelta a un sistema de descentralización de los fondos que ya hace más una década trajo problemas de falta de insumos y acusaciones de corrupción, además la baja de cientos de contratos y también una rebaja salarial por vía inflacionaria al desconocer el acuerdo salarial. La propuesta para superar este problema sería la convergencia con el sector privado que ya hoy cubre importantes áreas como farmacia donde los usuarios denuncian faltantes en la provisión de medicamentos como los oncológicos.

El contexto nacional y de la provincia es de agravamiento de la crisis social y económica, causado en parte por las medidas del gobierno nacional. Un agravamiento que lleva a que miles usuarios que apelaban a la educación o salud privadas no puedan acceder a esos servicios, como el propio gobernador ha señalado en repetidas ocasiones. Otra razón de peso para fortalecer los sistemas públicos de salud y educación 

A la par que decimos esto rechazamos de plano las estrategias que ponen a la escuela estatal y el hospital público como “contención” de los sectores sociales de menores recursos. No merecemos educación ni salud públicas “para pobres”: es necesario recuperar y superar los niveles de merecido prestigio que ambos sistemas supieron tener alguna vez. 

Pero si el cuadro de serios problemas en los ámbitos de salud y educación descripto más arriba es reconocido por todos y todas quienes tenemos responsabilidades políticas ¿Por qué no se concretan acciones para mejorar efectiva y profundamente esta situación? En la extrema desigualdad entre las condiciones de vida de muchos de quienes ejercen la función pública y el pueblo trabajador de nuestra provincia se puede rastrear una de las explicaciones. 

La emergencia de fuerzas de ultraderecha que se montan en ese descontento contra los dirigentes políticos de las fuerzas tradicionales es una oportunidad propicia debatir seriamente respecto de los privilegios de los funcionarios públicos que durante décadas se han consolidado ciertamente como una casta privilegiada y totalmente alejada de los problemas reales de la mayoría de la sociedad. Es que la gran mayoría de esta dirigencia, ve a la política como un negocio, un medio de vida muy redituable. Y eso lo perciben el conjunto de las y los cordobeses.

Si ejercemos o nos postulamos para cargos ejecutivos, legislativos o judiciales, que incluyen poder de decisión sobre los recursos públicos y sobre la vida de otras personas, debemos asumir a fondo la responsabilidad y el compromiso con la cosa pública. La función pública no es obligatoria, sino voluntaria. Y se supone que quienes se dedican a ella lo hacen para defender el interés y el bien público. No hay mejor estímulo para velar efectivamente por dicho compromiso que la pertenencia personal del funcionario y su familia en el sistema estatal de salud y educación. A la vez para llevar adelante este cometido resulta imprescindible conocer por propia experiencia el estado en que se encuentra “la cosa pública”, vale decir, en qué condiciones están los hospitales públicos, las escuelas públicas, el transporte público.

Pero además esa diferencia y esa falta de compromiso se sustenta en una diferencia material muy concreta, de ingresos y por ende de acceso a servicios y calidad de vida. Sostenemos que los legisladores y en general los funcionarios públicos de jerarquía deben tener una retribución equivalente al ingreso que se percibe por el cargo de Dirección de una Escuela Pública con veinte años de antigüedad. Se trata de una propuesta histórica de la izquierda tanto en esta legislatura como a nivel nacional. Está estrechamente ligada al conjunto de nuestro programa, no es una medida demagógica aislada como eventualmente pueden proponer otros sectores. Que en algunos casos hacen sorteos con lo percibido por su dieta  o hablan de transparencia y contra la corrupción pero se niegan sistemáticamente a afectar los intereses de la casta más privilegiada y corrupta, que componen las grandes corporaciones empresarias. O quienes dicen hablar en representación de todos los cordobeses pero no titubean en usar para sus actividades partidarias el patrimonio de todos como el avión sanitario.

Si la dirigencia política no se atiende en hospitales públicos, no está horas en una fila para gestionar un turno médico que seguramente será para dentro de un mes; no mandan a sus hijos a escuelas con deplorables condiciones de higiene y seguridad lógicamente no dudan en recortar los presupuestos de salud y educación públicas. A ellos no los afecta en lo más mínimo la realidad que sí padece día a día el pueblo que vive de su trabajo.

Por estas razones vuelvo a presentar este conjunto de medidas destinadas a acabar con los privilegios de la política. La democracia es el gobierno del pueblo, los gobernantes deben vivir como lo hace el pueblo. 

Es mi convicción que acercar las condiciones de existencia de representantes y representados contribuirá a mejorar la sensibilidad de los primeros hacia las necesidades de la inmensa mayoría. 

Por todos los argumentos expuestos, promuevo el debate del presente proyecto de ley y su aprobación.