LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 102 de la Constitución Provincial, para que a través del Ministerio de Salud de la Provincia en el plazo de 10 (diez) días, se sirva informar sobre distintos aspectos respecto al estado de situación en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial:
FUNDAMENTOS
La Ley Nacional de Salud Mental n° 26657 establece “el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Así mismo la ley provincial de Protección de la Salud Mental n° 9848 dicta:
“a) El ejercicio del derecho de la población a la salud mental, asegurando su promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación;
b) El acceso de la población, sin ningún tipo de exclusión, a la atención en salud mental servicios adecuados, integrados y conducidos por expertos en la problemática de la salud
c) La atención en salud mental como parte integrante e integrada de los servicios generales salud.”
De este modo queda claramente protegido el derecho a la salud mental de las personas en el ámbito de nuestra provincia. Para garantizarlo la Ley 9848 establece objetivos, adecuaciones del sistema de salud y plazos para los mismos. A ocho años de aprobada dicha ley, estos objetivos no han sido alcanzados. Por lo cual se están poniendo en riesgo los derechos de todos los habitantes de la provincia, especialmente aquellos con padecimiento mental.
Las falencias del sistema público de salud mental toman especial notoriedad en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, que en los últimos años ha atravesado situaciones de extrema gravedad que incluyen incendios en el internado, agresión a profesionales, severos déficits de infraestructura, abusos sexuales, suicidios, entre otras brutales problemáticas que dan cuenta de la desidia estatal frente a la atención de la problemática de salud mental de la población.
Aseveramos esto porque las situaciones tienen un común denominador: la falta de presupuesto que deriva en:
Las situaciones que mencionamos son de público conocimiento, han sido difundidas por los medios masivos de comunicación e informadas a las autoridades pertinentes por los trabajadores del Hospital, sin recibir respuesta favorable alguna. Esto pone en riesgo a los usuarios del sistema de salud mental, a los trabajadores y a la comunidad toda.
Es por este motivo que trabajadores y usuarios del Hospital, por intermedio de la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) me transmitieron sus inquietudes, las cuales son plasmadas en este pedido.
Por todo lo expresado es que solicito el presente informe, como insumo previo fundamental para diseñar y aplicar las políticas necesarias que garanticen el derecho a la salud mental en nuestra provincia.
Legisladora Luciana Echevarría
Bloque MST- Nueva Izquierda
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