LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio a los dichos ofensivos del gobernador Llaryora hacia la docencia cordobesa, instando a que se retracte y pida disculpas públicas, a la vez que haga una oferta salarial que realmente valore la labor que realizan las y los docentes en nuestra provincia.
FUNDAMENTOS
En el medio de un conflicto salarial prolongado y de ofertas insultantes realizadas por parte del gobierno provincial, Llaryora en una entrevista del programa “El Lagarto Show” denostó a la docencia diciendo que el rechazo a la propuesta salarial se debe a “cuestiones internas propias de una disputa del gremio tomado por sectores políticos de izquierda”. A la vez que puso en dudas a las asambleas gremiales diciendo: “Las asambleas no parecen docentes, tiene que llegar la policía…”.
Además, cuando planteó la posibilidad de pedir que se dicte la Conciliación Obligatoria afirmó respecto del paro “no podría darse, sería ilegal y no creo que nadie quiera hacer algo ilegal”. Y sobre la propuesta dijo : “Si dejamos de lado los temas ideológicos la nueva propuesta tendría que tener una aceptación masiva”. Por otro lado, menospreció la tarea docente afirmando que los docentes “sólo trabajan cuatro horas”.
Llaryora sabe muy bien que para aceptar o rechazar una propuesta y resolver medidas, la docencia realiza primero asambleas en cada una de las escuelas, las cuales elaboran un mandato que deben llevar los delegados escolares a la asamblea del departamento, la cual resuelve a su vez su mandato departamental para llevar a la asamblea provincial, que está compuesta por 134 delegados (21 de ellos de la capital). La última asamblea provincial rechazó la propuesta salarial con 69 votos contra 55 y así resolvió no iniciar las clases.
Llaryora conoce perfectamente este mecanismo, entonces cuando dice que el rechazo se debe a una interna miente conscientemente y lo hace para ensuciar a quienes se oponen a su ajuste. Y no es casual que el término elegido para denostar sea que son de izquierda. Él, como Milei, identifican a las organizaciones de izquierda como un enemigo porque saben que somos los que los enfrentamos desde el primer día y no negociamos por abajo. Utilizar el posicionamiento político de alguien para atacarlo o menospreciar su opinión es muy grave, mucho más cuando quien lo hace es el gobernador de la provincia.
Pero Llaryora no se queda ahí, también se anima a sembrar sospechas sobre la legitimidad de las asambleas, poniendo en dudas si son docentes los que participan. ¿Qué otra cosa podrían ser?, no lo aclara, sólo siembra la duda, en un mecanismo bien macartista. A la vez amenaza con sanciones si no se cumple la Conciliación, cuando fue él mismo el que desconoció el último acuerdo del año 2023 al que se llegó justamente por medio de una conciliación obligatoria.
Es tan mentiroso que dice que la docencia trabaja solo cuatro horas (argumento ya utilizado por otros gobiernos para ningunear la labor de las y los educadores). El cargo de 4hs frente a alumnos es el de maestra que hoy no llega a los $500 mil, nadie vive con eso, por lo tanto se recurren a dos cargos: maestra y preceptora o dos preceptorias. El doble cargo implica una jornada laboral de 10/12hs, un retroceso tremendo para llegar a un sueldo que ni siquiera cubra la canasta básica. Además debemos decir que el cargo no se agota en las horas en la escuela, debemos agregar múltiples tareas como la planificación, corrección, evaluación, las cargas en el CIDI, las salidas educativas y tantas otras que, como bien sabe el gobernador, son horas dedicadas al trabajo.
La única realidad es que la propuesta es miserable y por eso fue rechazada.
También cabe destacar que la conciliación obligatoria en este contexto no es ninguna mediación, sino una herramienta de extorsión y disciplinamiento por parte del gobierno provincial, que es juez y parte, más teniendo en cuenta que el propio gobierno incumplió la última propuesta surgida de otra conciliación.
Llaryora miente y amenaza porque quiere seguir ajustando a la docencia y a la educación. Por eso es fundamental que esta legislatura se pronuncie contra sus dichos.
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