Inclusión Integral Trans – Proyecto de Ley Nº 33.165

Luciana

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PROYECTO DE LEY
LEY INTEGRAL PARA LAS PERSONAS TRANS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º.– Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en cualesquiera otros ámbitos de la vida ciudadana.

Artículo 2º.– Definiciones. A los efectos de interpretación de la presente ley y cualquier otra norma relacionada, siempre que no se indique lo contrario, se entenderá por:

a) identidad  de género a la vivencia interna e individual del género según la percibe cada persona, en coincidencia o no con el asignado en el nacimiento.

b) expresión de género a la exteriorización de la identidad de género mediante el lenguaje, la apariencia, el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, el nombre, etc.

c) persona trans a quien autopercibe y/o expresa un género distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino; en particular, se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales. 

d) Transgénero: Grupo multi-identitario que abarca todas las identidades y expresiones de género disímiles del sexo asignado al nacer, incluidxs travestis y transexuales.

e) Travestis: Personas que expresan su identidad de género, de modo permanente o transitorio, utilizando vestimentas y actitudes habituales del género “opuesto” al socialmente asignado a su sexo biológico.

f) Transexuales: Personas que adecúan su apariencia biológica a la identidad de género autopercibida mediante una intervención médica -hormonal y/o quirúrgica.

g) mujer/niña trans a aquella persona que habiendo sido convencionalmente asignada al sexo masculino al momento de su nacimiento, posee una identidad de género autopercibida femenina.

h) hombre/varón/niño trans a aquella persona que habiendo sido convencionalmente asignada al sexo femenino al momento de su nacimiento, posee una identidad de género autopercibida masculina.

i) discriminación por razones de identidad y/o expresión de género a cualquier insulto o estigmatización basada en la identidad y/o la expresión de género de las personas, o cualquier distinción que con dichos pretextos tenga por objeto o por resultado impedir, obstruir, restringir, o de cualquier modo menoscabar el ejercicio igualitario de sus derechos y garantías reconocidos en las leyes, los tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución Nacional. También se considera discriminatoria toda acción u omisión que a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos transmita y/o reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de la identidad y/o la expresión de género.

Artículo 3º.– Principios generales. A los efectos de interpretación y aplicación de esta ley, y de cualquier otra norma relacionada, se velará especialmente por:

a) El respeto de la dignidad inherente y la autonomía personal, incluida la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y el propio proyecto de vida.

b) El principio de igualdad ante la ley y de no discriminación, buscando en particular la igualdad de oportunidades.

c) El principio «pro homine» o «pro persona».

TÍTULO II

Derechos, garantías y políticas públicas

CAPÍTULO I

Garantías y políticas generales

Artículo 4º.– Protección de los derechos y libertades de las personas trans. Los poderes públicos de la Provincia de Córdoba promoverán el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas trans sin discriminación por razones de  identidad y/o expresión de género.

Para ello deben:

a) Adoptar todas las medidas pertinentes en el ámbito legislativo, administrativo y judicial, para hacer efectivos los derechos de las personas trans reconocidos en la presente ley, en las leyes nacionales, la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos. En particular, se promoverá la derogación o modificación de leyes, decretos y disposiciones de rango inferior, normas consuetudinarias y prácticas usuales que resulten discriminatorias por razones de identidad y/o expresión de género. En cualquier caso, se tendrá por derogada toda disposición normativa que contradiga los principios generales de esta ley.

b) Tener en cuenta en la toma de decisiones sobre políticas públicas en general, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas trans.

c) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente ley y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.

d) Implementar medidas para prevenir la discriminación por razones de identidad y/o expresión de género, ya sea por parte del Estado, de otras personas jurídicas o de personas físicas.

e) Promover la formación y actualización de conocimientos de los/as profesionales y el personal que en cualquier modo interviene en la promoción, garantía y ejercicio de los derechos de las personas trans.

f) Brindar apoyo activo a las organizaciones sociales promotoras de los derechos de las personas trans.

Artículo 5º.– Concientización y sensibilización de la sociedad. La Provincia de Córdoba adoptará medidas a corto, mediano y largo plazo, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad en general, dentro y fuera de las familias, respecto de las personas trans, fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las mismas y trabajar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas que afectan el ejercicio igualitario de sus derechos.

A tal efecto, los poderes públicos de la provincia, en el ámbito de sus competencias, deberán:

a) Realizar campañas de sensibilización pública destinadas a:

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas trans.

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas trans.

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas trans y de sus aportes en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral.

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo desde el nivel inicial el respeto de los derechos de las personas trans.

c) Instar a los medios de comunicación a respetar la dignidad y derechos de las personas trans, y a colaborar en el marco de sus responsabilidades sociales a alcanzar los objetivos de la presente ley.

d) Promover programas de sensibilización que tengan en cuenta a las personas trans y sus derechos.

CAPÍTULO II

Vida digna, libertad y seguridad

Artículo 6º.– Derecho a una vida digna. La Provincia de Córdoba y sus poderes públicos adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho a una vida digna de las personas trans, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 7º.– Libertad física y seguridad. Los poderes públicos, funcionarios/as, dependencias y empleados/as de la Provincia de Córdoba asegurarán a las personas trans, en igualdad de condiciones con las demás personas, el goce de la libertad física y del derecho humano a su seguridad. Se pondrá especial cuidado en garantizar que no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, que cualquier privación de la libertad sea de conformidad con la ley y nunca bajo pretexto de la identidad y/o expresión de género de la persona.

En el caso de personas trans privadas de su libertad se establecerán procedimientos especiales que permitan garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos humanos en igualdad de condiciones con las demás personas que se encuentren en dicha situación, a través del monitoreo permanente del proceso.

Artículo 8º.– Protección contra la violencia, la explotación, la trata y el abuso. La provincia protege a las personas trans contra la explotación, la violencia, la trata de personas y el abuso.

Para ello, los poderes públicos de la provincia deberán:

a) Adoptar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial o de cualquier otra índole que ­permitan proteger a las personas trans tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia, trata y abuso.

b) Brindar información y asistencia a personas trans sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia, trata y abuso.

c) Asistir a las personas trans que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia, trata o abuso, para su rehabilitación física, cognitiva y psicológica, y su reintegración social. Dichas recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona. Cuando las circunstancias lo hagan necesario a fin de resguardar la integridad de la personas, se otorgará la protección necesaria.

d) Promover legislación y políticas efectivas para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas trans sean prevenidos, detectados, investigados y juzgados.

CAPÍTULO III

Protección de la integridad; datos personales; privacidad

Artículo 9º.– Integridad física y mental. Toda persona trans tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás personas.

Artículo 10°.– Protección de datos personales. La Provincia de Córdoba protegerá la privacidad de la información personal y relativa a la salud de las personas trans, en igualdad de condiciones con las demás personas y con especial recaudo de los datos identitarios de las mismas.

Artículo 11°.– Respeto a la identidad de género declarada. Para el caso de personas trans que no hayan iniciado o concluido las modificaciones registrales tendientes al reconocimiento de su identidad de género autopercibida, se deberá respetar la identidad de género y el nombre de pila declarados por la persona en concordancia con lo establecido en el art. 12 de la Ley Nacional Nº 26.743.

Cuando fuera absolutamente necesario registrar los datos obrantes en la documentación personal se utilizará un sistema de codificación, indicando únicamente las iniciales del/los nombres de pila, el apellido y el tipo y número de documento.

Artículo 12°.– Trato digno. Los poderes públicos garantizarán a las personas trans, tanto en el ámbito público como el privado, el trato digno acorde a la identidad de género adoptada, en concordancia con lo establecido en el art. 12 de la Ley Nacional Nº 26.743.

Artículo 13°.– Protección de la privacidad y la intimidad. Ninguna persona trans, independientemente de su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. La Provincia implementará todas las medidas necesarias para protegerlas frente a dichas injerencias o agresiones.

Artículo 14°.– Respeto del hogar y la familia. La Provincia de Córdoba tomará medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas trans en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad, la maternidad y las relaciones personales, asegurándoles el reconocimiento pleno de su derecho de a casarse y formar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los/as futuros/as cónyuges.

CAPÍTULO IV

Procedimiento para el cambio registral de nombre y sexo

Artículo 15°.– Modificación de datos registrales. Se garantiza a las personas trans la posibilidad de modificar en forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita su/s nombre/s de pila y sexo en su documentación personal, en concordancia con lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.743. A tal fin la Dirección General del Registro Civil de la Provincia de Córdoba arbitrará las medidas dispuestas en los siguientes artículos.

Artículo 16°.– Plazo: Para el caso de personas nacidas en la provincia, la nueva acta de nacimiento deberá ser expedida dentro de los quince (15) días de iniciado el trámite.

Artículo 17°.– Extraña jurisdicción: Para el caso de personas nacidas en cualquiera de las demás provincias argentinas que residan en provincia de Córdoba e inicien en ella el trámite de modificación de datos registrales, el Registro Civil, a través de los mecanismos que establezca la reglamentación, arbitrará los medios necesarios a fin de minimizar los plazos de obtención de la nueva acta de nacimiento. Se insta al Poder Ejecutivo a celebrar acuerdos con las provincias a fin de agilizar tanto como sea posible dicho procedimiento.

Artículo 18°.– Residentes en el extranjero: Para el caso de las personas trans residentes en el exterior, que realicen los cambios registrales en las delegaciones consulares correspondientes, el Registro Civil debe enviar los instructivos y formularios que sean necesarios y establezca la reglamentación.

Artículo 19°.– Protección de datos: En todos los casos el acta de nacimiento original quedará inmovilizada en el Registro correspondiente, a la sola consulta del/la interesado/a o por orden judicial debidamente fundada.

Artículo 20°.– Bases de datos: En forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita se actualizará toda la documentación y bases de datos bajo competencia de los poderes públicos de la Provincia, a cuyo fin la Dirección del Registro Civil de la Provincia de Córdoba, cursará las notificaciones que sean menester conforme lo establezca la reglamentación. En lo referente a los registros de entidades públicas fuera de la jurisdicción de la provincia o privadas, y a requerimiento del/la interesado/a, el Registro Civil expedirá un certificado respecto de los cambios producidos, el cual contendrá a su vez la siguiente leyenda: «El presente certificado es personal e intransferible y se expide al solo efecto de acompañar los cambios de los registros públicos y privados que pretenda realizar el/la titular. Se prohíbe expresamente la difusión pública o privada del mismo, encontrándose comprendido en la Ley Nº 25.326 de protección de datos personales».

El certificado será extendido en tantos ejemplares como sean requeridos por la persona interesada.

Artículo 21°.- Titulaciones de educación: El Registro Civil, a instancia de la persona interesada, notificará a los establecimientos educativos dependientes de la Provincia de Córdoba, los cambios efectuados en el acta de nacimiento a fin de que se modifiquen en ese sentido, los títulos por estos expedidos y toda su base de datos, incluso certificados analíticos, para lo cual se confeccionará un formulario al efecto. Respecto de los establecimientos fuera de la órbita de la Provincia de Córdoba, se procederá conforme al certificado descripto en el artículo anterior.

CAPÍTULO V

Igualdad en el sistema educativo

Artículo 22°.– Derecho a la educación: Se asegura un sistema educativo inclusivo en todos los niveles para las personas trans, así como la enseñanza a lo largo de la vida, orientados a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades.

Se incluyen como objetivos específicos del sistema educativo:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima de las personas trans.

b) Posibilitar la integración de las personas trans y su participación efectiva en todos los  ámbitos de la sociedad.

c) Fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en general, y de las personas trans en particular, así como el valor positivo de la diversidad.

En relación a los incisos anteriores, se privilegiará siempre la inclusión e integración al sistema educativo general. No obstante ello, el Poder Ejecutivo deberá ofrecer alternativas más específicas cuando circunstancias especiales hicieran peligrar el acceso o permanencia en el sistema educativo.

Artículo 23°.– Inclusión educativa. A los fines de lo establecido en el art. 22, es responsabilidad del Ministerio de Educación de la Provincia, asegurar que:

a) las personas trans no queden excluidas del sistema general de educación por razones de identidad y/o expresión de género, y que los niños y las niñas trans no queden excluidos/as de la enseñanza gratuita, laica y obligatoria por las mismas razones;

b) la educación primaria y secundaria sea inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones para las personas trans respecto de las demás personas de su comunidad;

c) se preste el apoyo económico, psicológico, pedagógico y social necesario, personalizado cuando sea conveniente, a las personas trans, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva y favorecer su mejor desarrollo académico y social.

Artículo 24°.– Formación para el desarrollo social y la vida: Se facilitará a las personas trans el acceso al aprendizaje de habilidades para la vida y el desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad.

A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, se adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros/as, incluidos/as maestros/as trans, que estén calificados/as en identidad y/o expresión de género y para formar a los/as profesionales y el personal de todos los niveles educativos.

Artículo 25°.– Acceso a la educación superior: Se fomentará el acceso a la educación superior de las personas trans, la formación profesional, la educación para adultos/as y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás personas.

Artículo 26°.– Trato de las personas trans en el sistema educativo: El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dispondrá que los métodos, currículas y recursos educativos se dirijan a aumentar la comprensión y el respeto de la diversidad de identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes y familiares en este sentido.

En particular:

a)  Las personas trans, independientemente de los datos obrantes en su documentación personal, serán tratadas e inscriptas conforme a su identidad de género respetando el nombre de pila con que se identifican, en todos los establecimientos educativos de gestión pública o privada dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en concordancia con lo establecido en el art. 12 de la Ley Nacional Nº 26.743 y el art. 11 de esta ley.

b) El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba emprenderá programas de capacitación y sensibilización, así como la inclusión de contenidos transversales, en cuanto a las normas internacionales y nacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación en general, y en particular en lo relativo a las identidades trans, dirigidos a docentes y estudiantes en todos los niveles educativos, con el objetivo último, pero no excluyente, de eliminar todo tipo de discriminación por razones de identidad y/o expresión de género.

c) El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba emprenderá el desarrollo de planes de estudio especialmente formulados para la inserción laboral de personas trans.

CAPÍTULO VI

Salud integral
PRIMERA PARTE

Disposiciones generales

Artículo 27°.– Derecho a la salud integral: La Provincia de Córdoba reconoce el derecho de las personas trans a disfrutar del mayor nivel de salud, sin discriminación por razones de identidad y/o expresión de género. Se adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas trans a servicios de salud con disponibilidad de especialistas en cuestiones relacionadas con identidad y/o expresión de género, así como de las cuestiones relacionadas con lo establecido en el art. 8º, inc. c).

En particular:

a) Se proporcionará a las personas trans atención gratuita de la salud en todas las áreas de especialización, incluyendo el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

b) Se garantizará el acceso gratuito a servicios de salud en materia de ITS en general, y VIH en particular, que permitan, entre otras prácticas, la pronta detección y, cuando  proceda, intervención, así como a servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas enfermedades, incluidos/as los niños y las niñas y las personas adultas mayores trans.

c) Se exigirá a los/as profesionales de la salud que presten a las personas trans atención en igualdad de condiciones con el resto de las personas, y que todas las prácticas y decisiones relacionadas con su salud sean tomadas por la persona sobre la base de un consentimiento libre e informado.

d) Se capacitará y sensibilizará a los/as trabajadores de la salud respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas trans.

Artículo 28°.– Derechos en el ámbito de servicios de salud: Las personas trans en salas, centros de salud, hospitales, clínicas y centros odontológicos públicos o privados gozan de los siguientes derechos:

a) A ser tratadas e inscriptas conforme a su identidad de género respetando el nombre de pila con que se identifican, independientemente de los datos obrantes en la  documentación personal presentada, en conformidad con lo establecido en el art. 12 de la Ley Nacional Nº 26.743 y el art. 11 de esta ley.

b) Cuando existan diferentes dependencias en función del sexo, a recibir el trato que se corresponda con su identidad de género, independientemente de los datos  obrantes en la documentación personal presentada, en conformidad con lo establecido en el art. 12 de la Ley Nacional Nº 26.743 y el art. 11 de esta ley.

c) A ser atendidas por profesionales sensibilizados/as en la temática, con experiencia, tanto en la especialidad concreta en que se enmarque el tratamiento, como de las cuestiones específicas relacionadas con la transexualidad en general, si correspondiera.

d) Al respeto de sus derechos reproductivos, sin discriminación por motivos de orientación sexual ni de identidad y/o expresión de género, para lo cual se deberán implementar todas las medidas necesarias, administrativas o de cualquier índole.

Artículo 29°.– Prohibición de terapias de aversión: Se prohíbe terminantemente el uso en el territorio de la Provincia de Córdoba de terapias de aversión sobre personas trans y cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad, vejaciones o tratos discriminatorios o humillantes que atenten contra su dignidad personal. Cualquier consentimiento respecto de estas prácticas será considerado nulo. 

Artículo 30°.– Prohibición de diagnósticos: De conformidad con lo establecido en los artículos 4º, 11º y 13º de la Ley Nº 26.743, son prohibidos los diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, médicos o cualquier otro requisito que no sea el consentimiento informado y los estudios médicos específicos comunes a cualquier práctica médica, para acceder a cualquiera de los tratamientos de salud integral incluidos en esta ley. El/la funcionario/a, psiquiatra, médico/a o psicólogo/a que así los exija será pasible de las sanciones que correspondan.

Artículo 31°.–  Formación de profesionales especializados: El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba establecerá las medidas pertinentes, en estrecha colaboración con las asociaciones de profesionales correspondientes, con la Universidad Nacional de Córdoba y con las organizaciones de promoción de los derechos de las personas trans, para asegurar la formación de profesionales idóneos con conocimientos específicos en materia de salud integral de las personas trans.

Artículo 32°.– Estadísticas y tratamiento de datos: El seguimiento de la atención sanitaria de las personas trans incluirá la creación de estadísticas a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sobre los resultados de los diferentes tratamientos, terapias e intervenciones que se lleven a cabo, con detalle de las técnicas empleadas, eventuales complicaciones y reclamos surgidos, así como la evaluación de la calidad asistencial.

La recopilación y archivo de los datos anteriores se realizará con fines estadísticos, de investigación y de mejora de las prestaciones sanitarias, ajustándose a lo dispuesto por la Ley Nº 25.326 sobre la protección de datos personales.

SEGUNDA PARTE

Tratamientos de adecuación y reasignación

Artículo 33°.– Tratamientos de adecuación corporal y reasignación genital: Se garantiza a todas las personas trans el acceso gratuito a procedimientos y tratamientos de psicoterapia, terapias hormonales, cirugías plásticas sobre mamas y torso, o cirugías de reasignación sexual —en particular vaginoplastia, clitoroplastia, metaidoioplastia y faloplastia, entre otras— en el momento oportuno, en función de la voluntad de la persona. Cualquier práctica que impida o posponga en forma arbitraria el acceso a dichas prácticas contra la voluntad de la persona será considerada mala praxis médica.

En todos los casos, se respetarán los principios establecidos en el art. 11 de la Ley Nacional Nº 26.743.

Artículo 34°.– Atención psicológica y psicoterapéutica: En materia de atención psicológica y psicoterapéutica, se tendrá por objetivo que la persona trans adquiera, de acuerdo a su deseo, las herramientas para enfrentar eventuales hechos de discriminación, al tiempo que se le facilite el proceso de adaptación social y familiar, y las herramientas necesarias para hacer frente a su vida de relación.

Artículo 35°.– Atención endocrinológica: La atención endocrinológica deberá ser prestada, previo consentimiento informado de la persona, por un/a endocrinólogo/a capacitado/a en tratamientos hormonales para personas trans.

Artículo 36°.– Atención quirúrgica: La atención quirúrgica deberá ser prestada, previo consentimiento informado de la persona, por un/a médico/a cirujano/a capacitado/a en cirugías de readecuación y reasignación sexual.

Artículo 37°.– Tratamientos complementarios: No se podrá condicionar a la realización previa de cirugías de reasignación sexual u otras, ni a un compromiso de realizarlas con posterioridad, el derecho a recibir tratamientos complementarios como la fotodepilación del vello facial, la tirocondroplastia, la mejora del tono y modulación de la voz, o cualesquiera otros que los avances de la ciencia médica pongan a disposición de las personas a los fines de adecuar su cuerpo a la expresión de género deseada.

Artículo  38°.– Atención de niños, niñas y adolescentes trans: Los niños, las niñas y los/as adolescentes trans gozan del derecho a recibir el tratamiento médico y psicológico que posibilite tanto el desarrollo libre y pleno de su identidad de género, como la readecuación corporal para la expresión de género deseada. Se garantizará especialmente el acceso a todas la terapias e intervenciones establecidas en la Ley Nacional Nº 26.743, procediéndose conforme la misma.

Artículo 39°.– Consentimiento informado: Durante todo el proceso de readecuación corporal y/o reasignación genital, la persona deberá ser informada en detalle antes de prestar su consentimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.529.

TERCERA PARTE

Centros Especializados en Identidad de Género (CEIG)

Artículo 40°.– De los CEIG: Créanse tres (3) Centros Especializados en Identidad de Género (CEIG), que funcionarán física y administrativamente en el ámbito de seis (6) Hospitales Públicos de la Provincia, determinados por la reglamentación en base a criterios de conveniencia geográfica, distributiva, social y profesional, los que dispondrán, cada uno de ellos, por lo menos, del siguiente personal médico:

a) Dos profesionales de atención psicológica, psicoterapéutica y sexológica, de profesión licenciado/a en psicología y/o médico/a psiquiatra.

b) Dos médicos/as con especialización en endocrinología.

c) Un/a médico/a con especialización en clínica general.

d) Un/a médico/a con especialización o capacitación en cirugía de reasignación sexual.

Artículo 41°.­– Capacitación y actualización profesional. El Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos necesarios para garantizar la capacitación y actualización profesional continua del cuerpo profesional de los CEIG, a fin de brindar a las personas la atención y los tratamientos más avanzados, eficaces y seguros en el área.

CAPÍTULO VII

Acceso al trabajo digno

Artículo 42°.– Derecho al trabajo y a las condiciones dignas de trabajo: La Provincia de Córdoba reconoce el derecho de las personas trans a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás personas; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo digno. Se promoverá el ejercicio del derecho al trabajo, también para las personas que atraviesen el género durante el empleo, adoptando las acciones que resulten necesarias a estos fines. 

En particular, las acciones mencionadas tenderán a:

a) Prohibir la discriminación por motivos de identidad y/o expresión de género con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección y contratación y la continuidad en el empleo.

b) Proteger los derechos laborales de las personas trans a fin de lograr, en igualdad de condiciones con las demás personas, condiciones de trabajo justas y favorables, y para alcanzar en particular la igualdad de oportunidades e igual remuneración por igual tarea, así como para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso en el ámbito laboral, y la reparación por agravios sufridos.

c) Asegurar que las personas trans puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás personas y promover su participación en las organizaciones sindicales.

d) Permitir que las personas trans tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, formación profesional y continua.

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas trans en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

f) Promover oportunidades empresariales, de trabajo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias.

g) Emplear a personas trans en el sector público.

h) Promover el empleo de personas trans en el sector privado mediante políticas públicas que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas.

i) Promover la adquisición por parte de las personas trans de experiencia laboral.

j) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo de personas trans.

Artículo 43°.– Protección contra el trabajo forzoso. Los poderes públicos de la Provincia de Córdoba tomarán las acciones necesarias para asegurar que las personas trans no sean sometidas a esclavitud, trata ni servidumbre, y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás personas, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 44°.– No discriminación en el ámbito del empleo público: El Gobierno de la Provincia de Córdoba, en su carácter de empleador, es responsable de garantizar en la contratación de personal y las decisiones de promoción laboral la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad y/o expresión de género.

Artículo 45°.– Cupo. La Provincia de Córdoba en el ámbito de sus tres poderes, las empresas estatales, los órganos descentralizados y empresas con capital estatal mayoritario, están obligadas a mantener un porcentaje de empleados y empleadas trans no inferior a un 3% de su planta transitoria, permanente y contratada.

Artículo 46°.– Incentivo fiscal a empleadores/as de personas trans. Las empresas privadas de cualquier rubro que tengan asiento permanente u oficinas de representación en la Provincia de Córdoba, que emplearen por lo menos a un 3% del total de su personal contratado a personas trans, obtendrán una  reducción del 2% en el pago del Impuesto sobre los ingresos brutos mientras se mantenga dicho porcentaje de personas trans empleadas.

Artículo 47°.– Atribuciones del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba tendrá a su cargo:

a) La creación, mantenimiento y difusión de un registro de empresas privadas que ofrezcan trabajo a las personas trans.

b) La creación, mantenimiento y actualización de un registro especial de empleo de las personas trans, garantizando la privacidad y la observancia del secreto estadístico.

c) La promoción a través de los medios masivos de comunicación de la necesidad de la creación de empleo destinado al colectivo trans que garantice su inclusión social.

d) La creación, fomento y manutención de espacios de formación laboral y profesional que incluyan especialmente a las personas trans.

e) Controlar y actuar de oficio a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la presente ley en el área de sus competencias.

CAPÍTULO VIII

Nivel de vida; vivienda

Artículo 48°.– Nivel de vida adecuado y protección social: La Provincia de Córdoba fomentará el derecho de las personas trans a tener un nivel de vida adecuado y en mejora continua, y a la protección social, para ellas y sus familias. Para ello, se adoptarán las medidas pertinentes para promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por razones de identidad y/o expresión de género.

A tal efecto, los poderes públicos de la Provincia de Córdoba adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de tales derechos, entre ellas:

a) Asegurar el acceso de las personas trans, en particular las niñas, niños y adultos/as mayores trans, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza.

b) Asegurar el acceso de las personas trans que vivan en situación de pobreza o indigencia a la asistencia del Gobierno de la Provincia para sufragar gastos relacionados con el mejoramiento de su situación, incluidos el asesoramiento y la asistencia económica directa.

c) Asegurar el acceso prioritario de las personas trans a programas de vivienda pública.

d) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas trans a programas y beneficios jubilatorios.

Artículo 49°.– Derecho a la vivienda. Asígnanse al Ministerio de Desarrollo Social las siguientes funciones a fin de garantizar el derecho a la vivienda de las personas trans:

a) Creación de un registro especial para asignación de vivienda social que incluya en condiciones prioritarias a las personas trans.

b) Controlar y actuar de oficio a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la presente ley en materia de vivienda.

c) Realizar estadísticas de condiciones de vivienda de las personas trans, garantizando la privacidad y la observancia del secreto estadístico.

CAPÍTULO IX

SUBSIDIO

Artículo 50°.– Subsidio: La Provincia otorga un subsidio mensual para personas trans mayores de cuarenta (40) años.

Artículo 51°.– Alcance: Están alcanzadas por el beneficio establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º, todas las personas trans mayores de cuarenta (40) años, con domicilio en la Provincia de Córdoba, que hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nacional Nº 26.743 y su decreto reglamentario PEN Nº 1007/2012.

Artículo 52°.– Monto: El importe de la pensión es el equivalente a dos salarios mínimos. El goce del mismo será compatible con otros ingresos que no superen el monto de dos salarios mínimos.

Artículo 53°.– Formalidades de admisión: La reglamentación de la presente ley establecerá las formalidades para que las personas comprendidas en el Artículo 51 puedan acceder a este beneficio.

Artículo 54°.– Presupuesto. Los gastos que demande el otorgamiento de la pensión no contributiva serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.

TÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 55°.– Disposición transitoria. Hasta que el sistema de salud de la Provincia de Córdoba cuente con los Centros Especializados en Identidad de Género (CEIG) mencionados en el art. 40, derivará a todas las personas que requieran los tratamientos e intervenciones garantizados en esta Ley a hospitales públicos o privados de la provincia o de cualquier lugar del país que cuenten con un servicio especializado a tal fin y ofrezcan los estándares de calidad adecuados, haciéndose cargo de los gastos derivados del desplazamiento, alojamiento y tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico y quirúrgico.

Artículo 56°.– Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar la reasignación de partidas presupuestarias que resulten necesarias para la implementación de las disposiciones de esta ley.

Artículo 57°.– Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles luego de sancionada la misma.

Artículo 58°.– Disposición derogatoria. Téngase por derogada toda disposición normativa, obrante en leyes de la provincia o en normas de inferior jerarquía, que contradiga lo establecido por esta ley.

Artículo 59°.– Comuníquese, etc.

Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

Este proyecto de ley viene a consagrar el derecho a la inclusión social de las personas trans.

Aunque la elaboración teórica en materia de géneros y sexualidades es muy vasta y continúa desarrollándose, los conceptos más básicos no han sido aún asimilados por los marcos normativos. Por ello, resulta necesario y prudente explicar las diferencias entre sexo y género, los conceptos de identidad y expresión de género y la necesidad de romper con los roles de género estereotipados y la cultura de una sexualidad dicotómica y obligatoria.

Por «sexo» se entiende la distinción entre varones y mujeres fundada en su genitalidad, o sea la clasificación biológica de los cuerpos en tanto masculinos o femeninos, basada en factores como los órganos sexuales externos, los órganos sexuales internos, las hormonas y los cromosomas. Cabe destacar que si bien la clasificación es —en principio— binaria, la variedad que presentan los diferentes factores mencionados es mucho mayor de lo que comúnmente se cree. De todas formas, cuando se habla del “sexo” de una persona, muchas veces se hace referencia a cuestiones y características que exceden esta definición.

Se denomina «género» al conjunto de códigos sociales y culturales que se utilizan para distinguir lo que una determinada sociedad considera conductas «masculinas» y «femeninas».

La «orientación o preferencia sexual», se determina por la relación entre el sexo del destino del objeto libidinoso y el sexo del sujeto: heterosexualidad, cuando se trata de una persona de sexo distinto, homosexualidad, cuando se trata de una persona del mismo sexo y bisexualidad, cuando se trata de personas de uno u otro sexo.

Por «identidad de género» entendemos la convicción profunda que tiene una persona de pertenecer al género masculino o femenino, o a no pertenecer estrictamente a ninguno de ellos. La teoría política y sociológica contemporánea está comenzando a hablar de «géneros», es decir, se pluraliza el concepto para incluir otros.

Cuando nos referimos a «expresión de género» aludimos a la exteriorización de la identidad  de género de una persona.

Un primer paso clave para desenmascarar tales exclusiones es nombrar cada identidad de género para reconocer su existencia y visibilizar cada realidad específica, cada experiencia vital.

-Cis. Expresión de uso más reciente, se utiliza para referirse a aquellas personas cuya identidad de género coincide con el sexo biológico asignado al nacer.

-Transgénero. Grupo multi-identitario que abarca todas las identidades y expresiones de género disímiles del sexo asignado al nacer, incluidxs travestis y transexuales.

-Travestis. Personas que expresan su identidad de género, de modo permanente o transitorio, utilizando vestimentas y actitudes habituales del género “opuesto” al socialmente asignado a su sexo biológico.

-Transexuales. Personas que adecúan su apariencia biológica a la identidad de género autopercibida mediante una intervención médica -hormonal y/o quirúrgica.

No existe una única sexualidad, ni siquiera dos; las expresiones de la sexualidad son múltiples y cambiantes. Aún así, en el precario estadio de conocimiento sobre nuestras sexualidades, siendo más precaria aún la difusión masiva de estos conocimientos, resulta un imperativo respetar el fuero más íntimo de las personas, sus sentimientos y convicciones más personalísimas en relación a la percepción de su propia identidad y/o expresión de género y su necesidad de adecuar o ajustar su expresión social, incluyendo la elección del nombre y la adecuación de la documentación personal a dicha identidad.

La situación actual

Lo trans genera en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera «muerte civil», sin lograr respeto por sus derechos. Entre los derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar: a la igualdad y la no discriminación, al trabajo, a la seguridad física, a la seguridad social, a la privacidad, a la salud integral, a una adecuada calidad de vida y a la dignidad personal.

Para ilustrar esta situación, citamos algunos resultados de la investigación realizada por la Redlactrans «La transfobia en América Latina y el Caribe», de la cual transcribimos los siguientes datos pertinentes:

“Esperanza de vida y principales causas de muerte en la comunidad trans: los promedios de esperanza de vida según los datos que poseen algunas referentes arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años. Mientras tanto la esperanza de vida en Latinoamérica ronda los 75 años.

En tanto las principales causas de muerte en la comunidad trans son: A) VIH/SIDA. B) Homicidios transfóbicos. C) Abusos policiales. D) Mala atención en hospitales y centros de salud. E) Nulas oportunidades laborales. F) Mal uso de silicona industrial. G) Contexto de pobreza. H) Violencia social y política.

En relación a la principal causa de muerte en la comunidad trans, que es el VIH/SIDA, las referentes de la región declaran unánimemente que no existen políticas públicas específicas para la comunidad trans en respuesta a la epidemia”.

Resulta verdaderamente impactante que tanto estudios locales como regionales coincidan en informar tan alarmante número —treinta y cinco años de expectativa de vida— para las personas trans.

El Plan Nacional contra la Discriminación, en su diagnóstico consigna: “La discriminación y marginación se potencia cuando las personas con diversa orientación sexual o identidad y/o expresión de género son, además pobres, portadoras de alguna enfermedad estigmatizada, miembros de grupos migrantes o pueblos indígenas y/o adscriben a posiciones políticas críticas”. Este es el caso de un gran número de chicas trans, para quienes —al cerrárseles toda otra opción— la prostitución se convierte en la única salida laboral, lo que aumenta la discriminación y la marginación.

Cabe señalar, en el plano de las propuestas, que en el citado Plan Nacional contra la Discriminación, en las medidas de acción inmediata de la Administración Pública, se propone: “Promover la adecuación procesal que posibilite el registro fotográfico en los documentos de identidad según el aspecto físico de personas con diversa orientación sexual e identidad y/o expresión de género y crear en todas las provincias y a nivel nacional programas específicos de capacitación laboral y profesional que promuevan la inserción laboral de personas en situación de prostitución y/o con diversa orientación sexual e identidad y/o expresión de género”. Finalmente, a nivel nacional, ello concluyó con la Resolución Nº 169/2011 del Ministerio del Interior en ese sentido.

Las pocas personas transexuales, travestis o transgénero que logran terminar su educación o tener un empleo, deben enfrentar un sinfín de dificultades, como se evidenció a través de la experiencia vivida por Candelaria Sajama, la primera egresada trans de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Candelaria logró terminar una carrera universitaria luego de traspasar las múltiples barreras que la sociedad va poniendo a las personas transexuales a lo largo de sus trayectorias educativas. Se recibió con 10 luego de ocho años de mucho esfuerzo en el que el estudio estuvo acompañado de trabajo y de activismo en la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (Attta). En una nota periodística indicó: “Estoy muy orgullosa de lo que logré. Fueron muchos años en los que le puse empeño a todo y rompí las barreras de la discriminación. Mi experiencia fue positiva, pero sacrificada. Soy la menor de 10 hermanos y no tuve ayuda económica de mi familia. Me mantuve sola desde un inicio” Y agregó, que decidió venir desde Jujuy dónde abandonó su carrera de Comunicación Social para venir a Córdoba: “Decidí venirme porque sufrí mucha discriminación. Hasta ir al baño era un problema, porque las chicas me echaban del de mujeres y los varones, del de hombres”. Definió retomar sus estudios cuando en 2011, la UNC aprobó la ordenanza 9/11 del Consejo Superior que plantea que deben respetarse las identidades y que en el Sistema Guaraní debían cambiar el nombre cuando una persona trans lo solicitara, al igual que en los listados de las materias. Claudio Barbero, integrante del tribunal de tesis de Candelaria y coordinador de la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual del Colegio de Profesionales en Servicio Social de Córdoba, indicó en la misma nota que “Los hallazgos de esa investigación son valiosos porque muestra que la mayoría de las trayectorias educativas de esas mujeres habían sido interrumpidas debido al hostigamiento y discriminación en las escuelas, entre otras cosas. Casi todas reportan episodios muy crueles. Si bien eso corresponde a lo que ellas vivieron años atrás (hoy son adultas), vuelve a poner en agenda la necesidad de seguir trabajando en las escuelas para que haya un clima de respeto a todas las expresiones de la sexualidad” y agregó: “La recibida de Candelaria es un gesto político de interpelación a los estereotipos sociales en relación a las identidades transgéneros que prevén ciertos destinos a las personas trans. Es una ruptura”

En materia laboral se empiezan a producir fallos favorables, como el del Juez en lo Laboral de la 5ª Nominación de los Tribunales de Rosario, que condenó a una empresaria dueña de una peluquería, a indemnizar a una ex empleada que fue despedida por su identidad y/o expresión de género travesti. El fallo analiza los orígenes y consecuencias de la discriminación por orientación sexual e identidad y/o expresión de género, y condena a la empresa a abonar un monto no sólo por la indemnización sino también por daño moral.

En los últimos años, ha sido pacífica la jurisprudencia Argentina al momento de resolver los reclamos por el reconocimiento legal a la identidad de género —sin patologización, sin cirugías previas, ni pericias médicas, ni informes psicológicos y psiquiátricos—, en el marco de una estrategia judicial que se desarrolló en el país desde fines del año 2010 al 2012, llevada adelante en forma conjunta por ATTTA y el equipo jurídico de la FALGBT. Esta serie de amparos judiciales sentó valiosos antecedentes acerca de la reparación histórica que debe saldar el Estado con el colectivo trans.

A título ilustrativo, y en honor a la brevedad se citan los siguientes párrafos de las decenas de fallos: “En el marco de un estado democrático guiado constitucionalmente por el paradigma del sistema internacional de derechos humanos, ese límite está dado por la existencia de una necesidad colectiva racionalmente válida. Esto es, que no se funde en la imposición de un determinado modelo de plan de vida o de preferencia de tipo ideológico, religioso o sexual, sino que la restricción de derechos que eventualmente se imponga, resulte indispensable para satisfacer un requerimiento de la vida en sociedad decidido a través de los mecanismos constitucionales y basado en pautas objetivas y equitativas (ya sea, la necesidad de evitar el daño injustificado a terceros, asegurar el ejercicio de otros derechos o posibilitar el funcionamiento de determinadas instituciones públicas)…” (Fallo del 29/12/2010 – “S. D. A. C/GCBA S/ AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, a cargo del Dr. Guillermo Scheibler). “Es claro que a partir de los paradigmas “normalizadores” imperantes al respecto, se viene ejerciendo sin solución de continuidad hacia ella y de parte de esta sociedad argentina, una verdadera violencia institucional y por cierto, de gran impacto emocional en su psiquis, en su alma, en su derecho a ser la persona que siente y quiere, a llevar su vida como quiera con todo el derecho que le asiste en su condición de ser humano, y a ser respetada por ello y protegida por el Estado”. Según el constitucionalista FERREYRA, las “constituciones no vulnerables”  son las que aseguran “la implementación racional de los planes de vida de la gente”, y allí están los derechos de las personas, para cumplir con sus sueños; “Entre el nacer y el morir existe un ciclo vital que debe ser transitado con mínimas condiciones de existencia garantizadas en última instancia por el estado mediante las instrumentación de acciones positivas y políticas activas…el derecho fundamental a la vida tiene una clara concreción y tutela en los comienzos y en los finales. Pero en el desarrollo de la vida misma existe una gran ausencia conceptual que se suple en la medida en que se vislumbre que los derechos económicos, sociales y culturales le dan un sentido al desarrollo de la vida. Sin procura de una existencia asegurada, sin un piso mínimo garantizado, el derecho a la vida en cuanto su contenido material es una fórmula vacía” (Andrés GIL DOMINGUEZ). Los derechos clásicos fueron diseñados sin tener que abordar la exclusión social y jurídica, son para personas que “están instaladas en el bien”.  El remedio es por parte del Estado la organización de instituciones más incluyentes pero ello no sucede con la frecuencia deseable, según describe este autor … (Fallo del 19/11/2010 «TRINIDAD, FLORENCIA CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR» y del 8/8/2011 «CARLOCCHIA BELÉN EVA CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR”, Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, a cargo de la Dra. Elena Liberatori).

El marco jurídico

El derecho al respeto a la identidad personal, tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no ser discriminado, a la salud, a la intimidad y a elegir el proyecto de vida propio. Se constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la personalidad y cuya sumatoria nos da como resultado el derecho a ser o no ser personas libres, dependiendo del grado de respeto que se logre. Estos derechos están protegidos en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la misma.

El derecho a la identidad está protegido en la Constitución Nacional en los artículos 33 y 75 Inc. 19 que en el párrafo 4º estatuye que el Congreso “debe dictar normas que protejan la identidad y pluralidad cultural”, por lo que el derecho a la identidad se funda no sólo entre los implícitos del art. 33, sino que se extiende a la declaración expresa de su existencia y su consiguiente necesidad de su protección. En el mismo sentido la Constitución Nacional expresa en su art. 19: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…”. Es por ello que, “si una persona al construir su autobiografía realiza una determinada opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable al Estado y a los particulares, que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos[/as], escandalizar a otros[/as], pero no existen razones jurídicas que permitan alguna clase de intromisión u obstrucción en el ejercicio del derecho a ser uno[/a] mismo[/a] sin causar un daño directo e inmediato a terceros[/as]”

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con rango constitucional, protegen un plexo de derechos con el fin de resguardar la dignidad del ser humano en virtud del reconocimiento y respeto de su identidad. Ilustra en este sentido:

a) Convención Americana de DDHH o Pacto de San José de Costa Rica, Art. 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), Art. 5 (derecho a la integridad personal), Art. 11 (protección de la honra y la dignidad); Art. 24 (igualdad ante la ley).

b) Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Art. 7 (derecho a la integridad), Art. 17 (protección a la honra y la dignidad).

c) Convención de los Derechos del Niño, al disponer que en todas las medidas que se adopten en los Estados parte concernientes a menores, deberá prestarse primordial atención a que se atienda el interés superior del/la niño/a (Art. 3); el reconocimiento de su derecho intrínseco a la vida (Art. 6), al disfrute del más alto nivel posible de salud (Art. 24), a la no injerencia arbitraria en su vida privada (Art. 16); a garantizarle al/la niño/a que esté en condiciones de formarse un juicio propio para ejercer su derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que lo/a afecten, debiendo tenerse en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez, como así también el derecho a ser escuchado/a en todo procedimiento judicial o administrativo que lo/a afecte (Art. 12).

d) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con relación al derecho a la salud, la lectura armónica de la legislación nacional e internacional indica que todas las personas tienen derecho, según su artículo 12 , “al disfrute del más alto nivel posible de salud”.

En referencia a la situación trans, ha expresado Bidart Campos, que “Para aproximar lo más posible la sexualidad psicológica a la sexualidad física hay que arrancar firmemente de un principio axial: el de que la persona humana es un ser con dignidad, también cuando es transexual. La dignidad personal prevalece sobre la sexualidad: ser persona se antepone a ser varón o a ser mujer; también a ser transexual. Pero en la dignidad no se agota el problema. Se le acumula el de saber, el de buscar, y el de definir cuál es la «verdad» personal en su completa identidad. «Ser el que soy», vivir dignamente en la «mismidad de mi yo», hacer coincidir mi sexualidad genital con mi sexualidad psicosocial. Algo difícil, entreverado, polémico; pero, al fin, el derecho tiene que dar respuesta, hoy más que nunca, cuando el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos enclavan una raíz profunda en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo negar que acá se abre un arco en el que ocupan sitio vital el derecho a la identidad personal, el derecho a la diferencia, el derecho a la verdad y, aunque suene a lo mejor un poco raro, el derecho a la salud? Todo encapsulado en un área cuyo contorno alberga a la intimidad y al proyecto personal de vida, en la medida que las conductas personales no ofendan al orden, a la moral pública, y a los derechos de terceros”.

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, desarrolló una serie de principios legales denominados Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad y/o expresión de género, que fueron presentados en marzo de 2007 en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, siendo nuestro país uno de los que auspiciaron el evento.

Estos principios recomiendan a los Estados, entre otras medidas que: “Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de condiciones, a suscribir contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar bienes de su propiedad, como también a disponer de estos. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí. Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas. Establecerán medidas, servicios y programas legales, educativos y sociales para hacer frente a los factores que incrementan la vulnerabilidad a la trata, venta y toda forma de explotación de seres humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, en base a una orientación sexual o identidad de género real o percibida, incluso factores tales como la exclusión social, la discriminación, el rechazo por parte de las familias o comunidades culturales, la falta de independencia financiera, la falta de vivienda, las actitudes sociales discriminatorias que conducen una baja autoestima y la falta de protección contra la discriminación en el acceso a la vivienda, el alojamiento, el empleo y los servicios sociales. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración; Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias”.

También interesa destacar que a nivel regional, el 7 de agosto de 2007, en el marco de la IX reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos de los países miembros y asociados del MERCOSUR, realizada en Montevideo, Uruguay, se emitió una declaración firmada por nuestros/as representantes gubernamentales, reconociendo y promoviendo el fin de toda discriminación contra la diversidad sexual y de género: “Derogar y/o modificar todo tipo de legislación y reglamentación discriminatoria o que criminalice a lesbianas, gays, bisexuales y trans y/o les restrinja el pleno ejercicio y goce de los mismos derechos que tienen el resto de los/as ciudadanos/as”. “Generar y/o impulsar políticas públicas transversales en todas las áreas de Gobierno, […] leyes antidiscriminatorias, programas y acciones, en el ámbito de la educación, la salud, el trabajo, etc., que promuevan expresamente la no discriminación por orientación sexual e identidad/expresión de género, en especial aquellas que permitan el acceso de las personas trans en estos ámbitos. En el caso de las leyes, que estas sean de aplicación efectiva a través de alguna instancia que garantice su operatividad e invierta la carga de la prueba”

Legislación comparada

Muchos países han avanzado en la temática de identidad. Las razones fundantes de diversas legislaciones como las de Noruega, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá, algunos estados de Estados Unidos de América, algunas provincias de Canadá, tienen un hilo conductor que permite enlazar a todas ellas: la preeminencia que brindan al sexo psicológico (o mejor aún, socio-psicológico) sobre el sexo biológico en la configuración de la identidad sexual de la persona y, por ende, en la respuesta a la cuestión trans

Principio de Autonomía y de Justicia

El principio de autonomía está íntimamente relacionado con el respeto a las personas. Según el Informe Belmont, “…una persona autónoma es un individuo que tiene la capacidad de deliberar sobre sus fines personales, y obrar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones autónomas, y abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus acciones a no ser que éstas sean claramente perjudiciales para los demás”.

Por su parte, los autores Beachamps y Childress consideran que la autonomía puede ser definida como el autogobierno, esto es, la libertad de poder regularse a uno mismo, libre de interferencias externas y de limitaciones personales que impidan tomar una decisión. Al mismo tiempo, destacan que el respeto por la autonomía de una persona debe ser un principio activo que trae como mínima consecuencia el reconocimiento del derecho de todas las personas a tener ideas propias y a elegir y obrar de acuerdo con sus propios valores y creencias. El principio de justicia significa que todas las personas merecen un trato igual, equitativo y apropiado.

Ley Nacional Nº 26.743

Sin lugar a dudas, el antecedente normativo más importante en la temática de identidad y expresión de género es la Ley Nacional Nº 26.743, sancionada el 9 de mayo de 2012. En pocas palabras, la Ley de Identidad de Género (tal el nombre con el que ha trascendido) garantiza el respeto de la identidad de género autopercibida de todas las personas, establece los mecanismos que posibilitan la modificación del nombre de pila y el sexo en la documentación personal, lo que se realiza bajo una simple declaración jurada del/la interesado/a, sin necesidad de intervención judicial, médica, de testigos, ni de ningún/a tercero/a. También garantiza el acceso a el goce de su salud integral, a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes se establece la necesaria intervención de sus representantes legales y de un/a abogado/a del/la niño/a en los términos del artículo 27 de la Ley Nacional Nº 26.061. Exclusivamente en el caso de las intervenciones quirúrgicas a niños/as y adolescentes se requiere la intervención de la autoridad judicial competente.

La ley establece además en su artículo 12: «Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada.»

Desde ya, entendemos que todo lo propuesto en este proyecto de ley se enmarca dentro de los principios de la Ley Nacional Nº 26.743, al tiempo que se profundiza en varios aspectos, se plantean otros nuevos y se reglamentan —en lo que a la Provincia compete— algunos de los procedimientos y garantías establecidos por dicha norma. Esto ocurre en particular con el acceso a cirugías y otros tratamientos que garantizan la salud y el respeto por la identidad de género autopercibida de las personas.

Otros antecedentes 

Desde la aprobación de la ley de identidad de género hasta hoy, la pelea tenaz de las organizaciones sociales y políticas de trans, travestis, transexuales y LGBTTIQ+ ha logrado conquistas parciales, aunque muy importantes, que constituyen fuertes antecedentes del proyecto que aquí presentamos. En varios municipios del país y en algunas provinicas como Santa Fe, Río Negro y Chubut ya rigen normativas que establecen la obligatoriedad del Estado de contratar a personas trans, travestis o transexuales respetando un cupo que varía de acuerdo a cada legislación

El Congreso de la Nación aprobó el pasado 24 de junio la Ley para la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán y Lohana Berkins”. En este marco, es menester que la provincia actúe para proteger y respetar todos los derechos de la población trans, travesti, y transexual, y a su vez avance en la ampliación de derechos, esa es la motivación de este proyecto.

Conclusión

Consideramos que obstaculizar una determinación de la importancia de la analizada y el ejercicio de un derecho reconocido por normas nacionales e internacionales como las señaladas, no sólo importaría una interferencia injustificada en la esfera privada de las personas, sino que además perpetuaría la situación de discriminación que viven las personas trans en nuestro país y constituiría una clara violación a los derechos humanos. Se trata de aplicar –en los términos de Rawls– un pluralismo razonable que admita, en el marco de una sociedad democrática, la convivencia armónica de toda la ciudadanía.

El conjunto de declaraciones generales y objetivos que planteamos en este proyecto de ley, así como el conjunto de políticas públicas destinadas al cumplimiento de tales objetivos, en relación al ejercicio pleno de los derechos de las personas trans en el ámbito de esta provincia, se basan en muchos casos en experiencias exitosas llevadas a cabo en otros lugares de nuestro país o del mundo, así como en el traslado de experiencias similares de políticas públicas orientadas a otros grupos históricamente vulnerados. En cualquier caso, muchas de ellas surgen del Plan de Ciudadanía LGBT, redactado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), en colaboración con ONUSIDA y el PNUD.

Si bien se puede entender que los derechos enumerados en la presente ley parecieran obvios para el resto de la comunidad, no lo son si nos referimos a las personas trans, toda vez que su exclusión, discriminación y segregación ha sido sistemática e histórica en todos los ámbitos de la vida política-social. Entendemos así que su reafirmación resulta imprescindible a los fines del reconocimiento de la igualdad real.

Consideramos que estas acciones, emprendidas en forma integral y decidida por todos los poderes públicos de la provincia de Córdoba, en concordancia con los avances obtenidos recientemente en la legislación nacional en esta materia, permitirán iniciar un camino sostenido que con los años permitirá garantizar a todas las personas trans el pleno goce de sus derechos constitucionales y humanos sin discriminación motivada en su identidad o en su expresión de género.

Por todos lo hasta aquí expuesto es que solicito la pronta sanción de la presente ley .

Legisladora Luciana Echevarría

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