LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Declarar su enfático rechazo al avance de la judicialización y criminalización del conflicto universitario desarrollado durante el año 2018 en la Universidad Nacional de Apelaciones de Córdoba; proceso que actualmente se sostiene con sorprendente celeridad al confirmarse el procesamiento de 27 estudiantes universitarios por parte de la Cámara Federal de Córdoba.
Asimismo declara su profunda preocupación ante este tipo de resoluciones por parte de la Justicia Federal que evidencian un manifiesto avance sobre la autonomía universitaria. Finalmente, acompaña las reivindicaciones de la comunidad universitaria en función de la defensa de una universidad pública, gratuita, pluralista y democrática.
Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST- Nueva Izquierda
FUNDAMENTOS
El 10 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de 27 estudiantes, imputados por la toma del Pabellón Argentina realizada en el marco de una protesta de alcance nacional en defensa de la Universidad Pública en el año 2018. Esta resolución de Cámara, rechaza los planteos de las defensas de los imputados que apelaron la resolución del Juez Vaca Narvaja a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, y por consiguiente confirma la decisión de avanzar con la persecución penal en contra de los estudiantes por el supuesto delito de usurpación por despojo.
Esta decisión de la justicia merece nuestro más enérgico repudio, en cuanto implica judicializar y criminalizar el ejercicio del derecho de protesta, utilizando para ello figuras penales que claramente resultan inaplicables a la realidad de los hechos. Resulta absolutamente inadmisible, en el marco de un estado democrático de derecho, recurrir al derecho penal para afrontar conflictos políticos de naturaleza compleja, mucho más cuando el mismo tuvo proyección nacional, en donde se evidenció la participación y el apoyo no solo de la comunidad universitaria, sino también de distintas organizaciones y actores sociales y que se nutría de un programa de reivindicaciones como pedido de aumento de presupuesto, becas, aulas, extensión del alcance del comedor universitario, entre otros.
Así mismo, este avance de la justicia federal implica un serio avasallamiento de la «autonomía universitaria”, uno de los legados más importantes de la Reforma del 18. Al respecto, no puede dejar de repararse que el Sr. Rector de la Universidad ha ratificado en reiteradas oportunidades que nunca presentó una denuncia penal por la toma universitaria, limitándose simplemente a realizar una “exposición” ante las autoridades policiales.
A diferencia de otras causas donde la justicia federal ha demostrado una pereza alarmante (como ser la causa Porta Hnos.), en este caso sorprende la premura y el activismo de la fiscalía, el juez de instrucción y la Cámara Federal, incluso en un contexto de pandemia. Al respecto resulta preocupante la sospecha de que se intente iniciar el juicio en este marco que obstaculiza el despliegue de expresiones legítimas de repudio en el espacio público por parte de la comunidad universitaria en su conjunto frente a este hecho.
Esta legislatura rechaza todo tipo del intervencionismo punitivo en los conflictos sociales, y en este caso particular en contra la movilización estudiantil, y ratifica contundentemente la vigencia plena de la autonomía universitaria, y de los derechos constitucionales de peticionar a las autoridades, de protesta y de huelga, en cuanto los mismos constituyen la razón de ser de los derechos y libertades conquistadas.
Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST- Nueva Izquierda
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