Estatización del agua – Proyecto de Ley – N° 29.843

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

ARTÍCULO 1: Se declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano  esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

ARTÍCULO 2: Se dispone la rescisión del Contrato de concesión del Servicio Público de agua potable  de la Provincia de Córdoba con la empresa Aguas Cordobesas S. A., sin indemnización alguna por  parte del Estado provincial. 

ARTÍCULO 3: Se deroga la Ley N° 9279, la Ley N° 9339 y todos aquellos instrumentos legales que se  opongan a la presente, en concordancia con la rescisión establecida en el artículo n° 2.  

ARTÍCULO 4: A los fines de esta Ley se crea la Empresa Estatal de Agua que tendrá a su cargo la  provisión de agua potable y el saneamiento de la misma en todo el territorio provincial.  

ARTÍCULO 5: La Empresa Estatal de Agua será de gestión pública, en cuya administración y  dirección tendrán participación directa los usuarios y trabajadores del sector, conjuntamente con el  Estado provincial. 

ARTÍCULO 6: Se crea la Comisión de Investigación y Control facultada para investigar el proceso  licitatorio previo y las posibles fallas o incumplimientos del Contrato de concesión del Servicio Público  de agua potable de la Ciudad de Córdoba.  

Luciana Echevarría 

FUNDAMENTOS 

El acceso al agua potable es un derecho inalienable. En el año 2002 el Comité de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas adoptó la Observación General n°15 sobre  el derecho al agua. El artículo 1 establece que «El derecho humano al agua es indispensable para una  vida humana digna». Dicho Comité definió el derecho al agua de la siguiente manera: consiste en un  aprovisionamiento suficiente, físicamente accesible, de agua salubre y de calidad aceptable para el uso  personal y doméstico de cada uno. 

En el año 2004, la O.M.S. declaró que el acceso al agua potable es uno de los derechos humanos  básicos y un componente fundamental para la protección de la salud. 

En el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente al agua como un  derecho humano. 

Nuestro país ha incorporado a la Constitución Nacional los Tratados Internacionales de Derechos  Humanos mencionados y por ende, es su responsabilidad y también la de las provincias velar por el  cumplimiento de los mismos. 

Desde el año 1997 la empresa de agua de nuestra provincia se encuentra en manos privadas,  respondiendo a una lógica de descentralización y privatización impulsada en los ´90 y sostenida hasta  nuestros días.

En el año 2006 se prorrogó la concesión del servicio a los mismos grupos empresarios, aun  reconociendo que habían incumplido el convenio firmado. Dicha prórroga fue resistida por amplios  sectores de la sociedad que manifestaron su rechazo y fueron reprimidos brutalmente por las fuerzas de  seguridad del Estado provincial. 

En este nuevo periodo de concesión, la empresa Aguas Cordobesas S. A. ha vuelto a incumplir el  convenio en perjuicio de los usuarios del servicio y a favor de aumentar sus ganancias. A modo  ilustrativo, mencionamos tres ejemplos recientes que dan cuenta de la actitud lucrativa e irresponsable  de esta empresa: 

1- Tarifas: este año la tarifa del agua aumentó en tres oportunidades. En enero el aumento fue de  16,1%. En mayo del 12%. Y en octubre del 10%. Totalizando un aumento del 38%, muy  alejado de los aumentos salariales del conjunto de la población. 

2- Multa: días después del último aumento aplicado, la empresa Aguas Cordobesas fue multada en  3,3 millones de pesos por proveer agua con color y sabor. El ERSEP le imputa la omisión  relevante en la ejecución de procesos de control, operación y supervisión del sistema de  tratamiento y potabilización y el incumplimiento en los parámetros de calidad de agua potable  suministrada a los usuarios abastecidos por la planta Suquía. 

3- Taym: la planta de tratamientos de residuos peligrosos que es propiedad de Roggio al igual que  Aguas Cordobesas, fue arrasada por una tormenta en marzo de 2017 y los contaminantes  ingresaron a la planta potabilizadora una hora antes de que la empresa cerrara las compuertas.  

En síntesis, estamos frente a una empresa contaminante que brinda un servicio de mala calidad y muy  caro. Por esta razón, para defender realmente los derechos e intereses de los cordobeses y cordobesas,  se vuelve indispensable rescindir el actual contrato con Aguas Cordobesas S.A. sin indemnización  alguna, a causa de sus sucesivos incumplimientos. 

Al mismo tiempo, creemos necesario comenzar a revertir el proceso de descentralización y  privatización del manejo del agua potable y saneamiento, creando una empresa estatal a nivel  provincial y que la misma cuente con mecanismos de participación directa y control de los usuarios y  trabajadores del sector, quienes son los principales interesados en que el servicio de un bien común tan  indispensable como es el agua, sea garantizado para el conjunto de la población, sin que un grupo  empresario lucre con el mismo. 

Por todo lo expuesto, solicito el tratamiento del presente proyecto para su aprobación.

Luciana Echevarría