LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su apoyo a la lucha de los docentes cordobeses que reclaman un salario acorde a la canasta familiar y condiciones dignas para enseñar y aprender.
Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a buscar una solución al conflicto que responda a las necesidades de los trabajadores de la educación y garantice el derecho a la educación para toda la población.
FUNDAMENTOS
Desde que asumió el gobernador Llaryora decidió desconocer unilateralmente el acuerdo salarial firmado en el 2023 con las representaciones gremiales de los trabajadores estatales y aumentó los aportes personales a la Caja de Jubilaciones y al APROSS. Luego hizo un nuevo ofrecimiento que planteaba pagar la mitad del IPC Córdoba en cada mes que fue rechazado por las asambleas donde se expresó la docencia. Esta situación se agrava por la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La docencia reclama, con paros, movilizaciones masivas y acciones gremiales de todo tipo, que se asegure el pago de una recomposición salarial acorde a la inflación, que se restituya el FONID o se dé una solución a este recorte que importa el 10% del salario y que se completen las obras de infraestructura necesarias para poder enseñar y aprender en correctas condiciones. También son parte de los reclamos, la situación de las jubilaciones y del APROSS.
Los salarios docentes, que arañan apenas un poco más de la mitad de la línea de pobreza, se constituyen hoy como nunca en una variable pedagógica que condiciona fuertemente el hecho educativo. Y es una obligación del Estado provincial garantizar el derecho y el acceso a la educación de acuerdo a los artículos 19 y 60 de la Constitución de la Provincia. Para ello es fundamental jerarquizar al personal docente y las condiciones, tanto laborales como de infraestructura. Porque como reclaman los propios docentes en las marchas, con ajuste no hay escuela posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
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