LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio ante el crimen de lesbo- odio cometido contra dos parejas de lesbianas en una pensión de Barracas,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que conmueve al país. El ataque causó la muerte de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante.
Asimismo, se suma al reclamo de justicia y repudia los crecientes discursos de odio contra el colectivo LGBTI+, en especial los provenientes del gobierno nacional y su entorno, que alientan la violencia que conduce a éstos crímenes.
FUNDAMENTOS
El pasado 5 de mayo a las 23.30 hs, Justo Fernando Barrientos tiró una bomba molotov a la pieza donde vivían las dos parejas de lesbianas, en un hotel familiar ubicado en la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde eran vecinos.
Como resultado del incendio causado, las cuatro mujeres sufrieron graves quemaduras y tres de ellas fallecieron: Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante.
En el Hospital del Quemado sigue internada Sofía con parte de su cuerpo afectado, y pronóstico reservado. Una de las fallecidas, Andrea Amarante, además era sobreviviente de Cromañón. También hubo otros inquilinos afectados por inhalación de humo, incluida una embarazada, que se recuperan en el Hospital Argerich.
Vemos con extrema preocupación que empeora el contexto de estos crímenes de odio, producto de la violencia y discriminación que expresan discursos de odio de altos funcionarios y allegados al gobierno nacional, como la canciller Diana Mondino y el biógrafo presidencial Nicolás Márquez.
A eso se suman medidas como el cierre del INADI y del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y el desmantelamiento de planes de ayuda social a nivel nacional para la comunidad LGBTI+, que implican un grave retroceso en materia de derechos de género y humanos.
Según el Informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ de la FALGBT en 2023 hubo 133 crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género en todo el país, significando un incremento en relación al 2022.
Repudiamos este brutal ataque hacia la comunidad de la diversidad al que Córdoba no puede ser ajeno y exigimos el juicio y castigo al culpable material y también a los responsables políticos cuyas palabras violentas alientan hechos violentos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
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