Declaración apagón digital de medios públicos Expte. 39374

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su repudio a la decisión del Gobierno Nacional de suspender la transmisión y emisión de todo tipo de contenido en las redes sociales y sitios web de los medios públicos, por considerarla un grave acto de censura y un ataque a la libertad de expresión.

Asimismo expresa su solidaridad con las y los trabajadores de los medios públicos afectados por esta medida, respaldando sus derechos laborales y la defensa de la pluralidad de voces en los medios de comunicación.

FUNDAMENTOS 

Mediante un comunicado publicado con la firma del interventor de Radio y Televisión Argentina, Diego Chaher, el gobierno nacional informó que como parte del “proceso de reorganización” de los medios públicos que ya vienen ejecutando, se suspenden “todos los contenidos de las redes sociales y páginas web de los mismos” abarcando a la Televisión pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folklórica, Paka Paka y Canal Encuentro. 

Además de la alusión al Proceso de Reorganización -nombre con el que se autodenominó la última Dictadura Militar- que es una clara provocación a la memoria de nuestro pueblo, la medida expresa un avance en el camino que ya viene transitando este gobierno de desguace de los medios públicos, cuyo objetivo es la censura a la pluralidad de voces impidiendo a la ciudadanía el acceso a la información. Por este motivo constituye un ataque deliberado a la libertad de expresión.

Es evidente que cuanto más avanzan en el ajuste que degrada las condiciones de vida del conjunto de las argentinas y argentinos, más tienden a medidas autoritarias que eviten la posibilidad de expresar estas realidades. Sólo los medios afines, que ignoran por completo la realidad o los tuiteros a sueldo, son los que pueden difundir “información” que no es otra cosa que publicidad paga del gobierno nacional.

Además esta medida ataca los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de los medios públicos, que -al igual que los demás trabajadores del Estado- son tratados como “casta” o delincuentes por el gobierno, mientras los verdaderos privilegiados se hacen cada vez más ricos con las medidas de ultraderecha aplicadas. 

Estas decisiones propician la concentración monopólica de los medios y por ende de la producción de información violando a la vez dos derechos elementales, el de la libertad de expresión -por un lado- y el del acceso a la información -por otro-. Esta Legislatura debe pronunciarse enfáticamente en favor de ambos y por lo tanto repudiar esta nueva medida que vulnera derechos elementales del conjunto de nuestro pueblo. Es por eso que invito a mis pares a acompañar la presente declaración.