LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su rechazo a la Resolución N° 318 del Ministerio de Seguridad de la provincia con fecha 8 de septiembre de 2020 que aumenta en un 35% las adicionales de la Policía de la Provincia de Córdoba y el pago del bono estímulo a los agentes anunciado públicamente en la misma fecha.
Asimismo reclama una urgente recomposición salarial para las y los trabajadores de la salud, la educación y todos los estatales cordobeses que prestan un servicio verdaderamente esencial y su labor no está siendo reconocida debidamente.
Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST Nueva Izquierda
FUNDAMENTOS
La Policía Bonaerense ampliamente cuestionada por estar vinculada tanto al delito organizado, como a la corrupción y a la represión, fue punta de lanza de los reclamos policiales nacionales. Envalentonada por la profundización del autoritarismo durante la cuarentena y su rol de controladores sociales, así como por el constante aliento por parte del gobierno nacional y sobre todo de Sergio Berni, ha encarado un conflicto donde además de reclamar una suba salarial de entre el 56 y el 64%, democratización de la fuerza y derecho a la sindicalización, incluyeron la exigencia de que no se tomen “represalias”, entendiendo a las mismas como: sumarios, arrestos, desafectaciones, traslados. Es decir pedían impunidad para sus delitos, justo cuando están siendo cuestionados por la sociedad por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Rápidamente Kicillof con la asistencia financiera de Alberto Fernández respondió a los requerimientos de la Bonaerense.
Tratando de evitar un conflicto similar en la provincia y sobre todo evidenciando la importancia trascendental que se les dá a las fuerzas represivas en Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti y el Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera apuraron una respuesta preventiva con el objetivo de contentar a la policía provincial. El 8 de septiembre a través de una resolución ministerial se resolvió un aumento del 35% de las horas adicionales de las fuerzas de seguridad. El mismo día, a través de la red social Twitter, el gobierno anunció que le pagarían un bono estímulo de $5000 a los agentes desde septiembre y hasta noviembre inclusive, comparando la tarea de la policía con la de los trabajadores de la salud. El comunicado dice textualmente: “Así como los trabajadores de la salud, en el marco de la pandemia de coronavirus están recibiendo del gobierno nacional un adicional de 5.000 pesos mensuales por cuatro meses, la Provincia hará lo propio con los agentes de seguridad que están involucrados en la misma”.
Durante la pandemia de coronavirus los trabajadores y trabajadoras de la salud se sacrifican incansablemente para protegernos a todos, lo hacen muchas veces sin contar con los insumos necesarios, o sin los elementos de protección personal adecuados, sin siquiera contar con los testeos periódicos y en condiciones muy desfavorables. En estos meses, el ejecutivo sólo se ha referido a ellos para responsabilizarlos de los brotes, judicializarlos y perseguirlos por su actividad sindical. Todo muy alejado del reconocimiento que su tarea requiere habitualmente y más aún estando en un período de pandemia.
La docencia cordobesa, por su parte, viene sosteniendo la educación pública en este contexto de virtualidad, poniendo sus propios recursos, trabajando el doble o el triple, recurriendo a infinidad de estrategias para evitar la deserción educativa. A ellos el gobierno tampoco les ha dado nada.
En similar situación se encuentran el conjunto de los trabajadores estatales de la provincia, que sostienen los servicios sociales y públicos esenciales sin recibir ningún estímulo y a cambio de salarios miserables o incluso con modalidades de contratación precarias como las becas o los monotributos.
Mientras tanto a la policía de Córdoba, la misma que reprimió a los trabajadores que han salido a reclamar, que avanzó contra personas que toman tierras a falta de una respuesta estatal que garantice el derecho a la vivienda, que persiguió y hostigó a los repartidores, que mató a seis personas en casos de gatillo fácil, entre ellos a Blas cuyo crimen intentó encubrir plantando un arma para fraguar un tiroteo. A esa policía el gobierno decide premiar con un bono estímulo y la suba del valor de la hora de adicionales.
Una vez más las prioridades de este gobierno están absolutamente invertidas: para los cuidadores de la propiedad privada y garantes de la paz de los cementerios, todo. Para los trabajadores y trabajadoras que garantizan con su esfuerzo la salud, la educación y todos los servicios públicos esenciales, nada.
Esta situación no puede sostenerse ni un segundo más y es por esto que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración
Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST Nueva Izquierda
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