Aborto Legal – Jornada 28S – Proyecto de declaración – Nº 31.317

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su adhesión y beneplásito por la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal en América y el Caribe el 28 de septiembre .

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

El 28 de septiembre fue declarado como el Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe en el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo en 1990. En el taller sobre aborto, compañeras de distintos países de la región decidieron de manera unánime declarar este día como parte de la agenda feminista.

La fecha conmemora que el 28 de septiembre de 1871 se proclamó en Brasil la ley de libertad de vientres que declaró libres a las hijas e hijos nacidos de las esclavas. En la mayoría de los países de la región, aún hoy las mujeres y personas con capacidad de gestar seguimos siendo esclavas de legislaciones prohibitivas y del reaccionario dogma de las iglesias -en especial la católica- que quieren imponer sus posturas arcaicas al conjunto de la población.

En América Latina y el Caribe, el 97% de las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva vive en países con leyes de aborto restrictivas. Sobre todo en Centroamérica hay normativas muy restrictivas o incluso la práctica -cualquiera sea la causa que lleve a requerirla- está terminantemente prohibida. La penalización del aborto ha llevado a encarcelar mujeres en todo el continente, incluido nuestro país.

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es trascendental. Es una cuestión de salud pública porque todos los años se realizan alrededor de 500 mil abortos en nuestro país, y como consecuencia de la clandestinidad, mueren 120 personas al año y miles quedan con secuelas. Es un tema de justicia social porque quienes mueren son las mujeres pobres. Y es, al mismo tiempo, una cuestión de derechos humanos inalienables porque eso son los derechos sexuales y reproductivos y porque obligar a gestar es una forma de tortura. Además, el derecho democrático a decidir sobre nuestros cuerpos es fundamental para la autonomía y para la construcción libre de nuestro proyecto de vida, que no necesariamente es el rol de reproductoras de la fuerza de trabajo que nos asigna este sistema capitalista y patriarcal.

Un Estado presente debería garantizar todos los derechos esenciales, y el derecho al aborto es una prioridad inexcusable y una deuda de la democracia con las mujeres y personas con capacidad de gestar. Todos los argumentos del gobierno para postergar el debate y el acceso a este derecho, no son más que pretextos sin fundamento. Desde el Ejecutivo repiten que en “este contexto” es “imposible sancionar una Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que el sistema de salud está muy muy estresado” y que “no podés otorgar ahora un derecho que después el Estado no va a poder garantizar”.

Es una falacia decir que el problema es la pandemia y que complicaría al sistema de salud, ya que el personal de obstetricia y ginecología no es el mayormente demandado para hacer frente a la pandemia y, además, el acceso a abortos seguros liberaría camas y recursos que hoy deben destinarse a la atención de las complicaciones deribadas de abortos clandestinos. Evitar internaciones por abortos inseguros desafectaría de esta tarea a personal especializado y ahorraría al Estado cientos de millones de dólares, además de salvar la vida y proteger la integridad física de las mujeres y personas con capacidad de gestar, dato para nada trivial.

Es tiempo de legislar dejando de lado las presiones clericales y retrógradas que están costando la salud y la vida de miles de personas que no pueden comprar el acceso a abortos seguros. Es tiempo de garantizar educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. 

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda