Pedido de Informe/ Cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) | Nº 35015

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Salud en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de 5 (cinco) días de manera detallada  

Indique los motivos del cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) y la duración prevista para ese cierre. 

Detalle cuántos pacientes en internación tenía hasta su cierre el Instituto explicitando cuántos de ellos fueron trasladados a otras instituciones, identificando las mismas. Señale si estos traslados cuentan con la aprobación de los equipos tratantes.

Detalle el plantel de trabajadores y trabajadoras que conforman el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción y la modalidad de su contratación.

Informe cuál es la situación de las y los trabajadores del Instituto a partir del cierre. ¿Han sido suspendidos en sus puestos de trabajo? ¿Han sido trasladados a otras instituciones? ¿A qué instituciones se los ha trasladado?

Indique si en el IPAD funcionaba un área de consultorios externos. En caso de respuesta afirmativa, explique cómo se suple este servicio mientras el Instituto permanece cerrado. En caso de respuesta negativa, detalle qué dispositivos de salud mental tiene el Estado provincial para atender esa demanda.

Qué otra guardia además del IPAD asiste las situaciones agudas derivadas del consumo de sustancias . Detalle dónde se realiza la internación en caso de que  dichas situaciones cumplan con los criterios previstos 

Cuántos pacientes han sido internados en hospitales generales en el transcurso de este año con diagnóstico de F19 y F10 – CIE10

Cuántos dispositivos se han creado en la ciudad de Córdoba para la asistencia de adicciones en el marco de la aplicación de  ley de salud mental Nº 9848

FUNDAMENTOS

El IPAD (Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción) fue fundado a principios de la década de 1960 en la órbita del municipio de la capital y desde 1981 pasó a depender del Estado provincial en el ámbito de la Dirección de Salud Mental. Es una institución de referencia en la provincia para atender los problemas relacionados al consumo de sustancias. Se especializa en el tratamiento voluntario de pacientes agudos y obligatorio de aquellos enviados por el poder judicial a realizar tratamientos de rehabilitación cuando representan un riesgo para sí y/o para terceros.

El día 25 de abril  sin ninguna notificación oficial se les informó a las y los trabajadores del IPAD  que no debían asistir a sus puestos de trabajo, a excepción de aquellos que debían presentarse a la guardia que funciona unificada con la del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial. Esto sucedió luego de que el Instituto sufriera el pasado miércoles 20 de abril un sospechoso principio de incendio en una de las puertas que hasta ahora, según señalan los trabajadores del IPAD, no ha sido investigado por bomberos.  A partir del sábado 23 trascendieron en redes sociales versiones del cierre del Instituto. En principio también trascendió que el ministro de salud Diego Cardozo, había manifestado que el Instituto se cierra para refacciones. También señalan los trabajadores en una gacetilla que fue publicada en medios masivos que 30 pacientes que se encontraban internados en el IPAD se están derivando al hospital Neuropsiquiátrico, a Oliva y Santa María sin el aval del equipo interdisciplinario tratante. 

Está decisión se da de manera inconsulta y sin notificación oficial, solamente por comunicaciones informales de parte de las autoridades a través de Whatsapp o verbalmente. Por supuesto, una medida de este tenor hace incierto el futuro del personal que presta servicios en el IPAD. A la vez que debilita la atención a las y los usuarios y genera sobrecarga laboral al personal que debe asumir la atención de más pacientes con un número reducido de profesionales.

Al igual que con la conformación de la guardia central en salud mental se trata de una decisión que el personal señala como arbitraria, inconsulta y sin información clara y oficial. 

La precariedad de las instituciones públicas de salud mental es moneda corriente, como hemos señalado repetidamente.

Ante esta posibilidad de cierre de un dispositivo de referencia en la atención de los consumos problemáticos de sustancias, los trabajadores han decidido salir a visibilizar la situación y organizar el reclamo para que se garanticen los derechos de los pacientes y la continuidad laboral. Por todo esto nos parece fundamental que el poder ejecutivo responsable informe sobre los motivos y alcances  de esta decisión.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.