LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Art. 1º. Unificación del sistema de salud. Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación sin indemnización toda la infraestructura sanitaria del sector privado, prepagas y obras sociales sitas en la Provincia. La misma pasará a formar parte integrada del sistema de salud público provincial.
Art. 2º. Personal. Incorpórese al sistema de salud pública provincial, encuadrado en la Ley de Salud Humana (7625), el personal suficiente tomando como referencia la siguiente relación:
1 médico/a cada 8 pacientes
1 enfermero/ a cada dos pacientes
1 kinesiólogo/a respiratorio cada 8 pacientes
Todo el personal de la salud pública provincial que revistare como contratado, monotributista, becario o figuras afines, así como el personal tercerizado y el que se incorporará a partir de la presente ley, pasará automáticamente a revistar como agente de planta permanente con absoluto respeto de los derechos laborales.
Queda terminantemente prohibida la incorporación de personal bajo la figura de monotributo, o cualquier otra que importe precarizar la relación laboral. Ninguna disposición de la presente ley podrá ser interpretada, reglamentada o aplicada de modo tal que restrinja, altere o cercene el legítimo ejercicio de los derechos laborales adquiridos, el derecho a una jornada limitada de trabajo, vacaciones, el derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho de huelga o el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores de la salud provincial.
Art. 3°. Presupuesto. Asignase una partida presupuestaria extraordinaria de pesos diez mil millones ($10.000.000.000) la que será solventada por un Impuesto especial a las grandes fortunas.
Queda prohibido el financiamiento del Sistema Público de Salud por otra vía que no sean las rentas generales de la provincia.
Art. 4º. Impuesto Especial a las grandes fortunas. Créase el Impuesto Especial a las grandes fortunas para el financiamiento de la Unificación del Sistema de Salud, con vigencia a partir de la sanción de la presente ley. Son considerados contribuyentes del presente impuesto:
a) Las sociedades comerciales titulares de empresas privadas radicadas, asentadas o con delegaciones en la provincia de Córdoba, con 500 o más trabajadores.
b) Las empresas de telefonía móvil asentadas o con delegaciones en la Provincia de Córdoba.
c) Los ingresos mensuales de los magistrados del Poder Judicial de Córdoba.
d) Las operaciones agropecuarias correspondientes a los propietarios de más de 2000 hectáreas de campo sembrado con soja y/o maíz.
La reglamentación estará a cargo del Poder Ejecutivo debiéndose gravar exclusivamente las grandes fortunas, las propiedades suntuosas y/o toda manifestación evidente y objetiva de capacidad contributiva.
Art. 5°. Control. La aplicación de la presente ley será seguida, controlada y fiscalizada por Comisiones de Control que se conformarán en cada establecimiento. Las mismas se constituirán por los cuerpos de delegados gremiales, comisiones internas sindicales u otros organismos gremiales representativos electos por trabajadores y delegados o delegadas elegidos especialmente a los efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º. De forma.
FUNDAMENTOS
En los años ´50 el sistema de salud público de nuestro país fue un ejemplo de universalidad y financiamiento estatal. Lamentablemente, los sucesivos ajustes de los distintos gobiernos en el poder lo fueron desfinanciando, fragmentando y desjerarquizando la labor de sus trabajadores, en una estrategia que tuvo y tiene como norte la transformación de la salud en una rama de servicios y producción capitalista, en lugar de un derecho básico.
Excede a la fundamentación de este proyecto el recorrido histórico del desguace, simplemente diremos que el resultado de la aplicación de esas políticas es un sistema de salud completamente fragmentado, con un sector público reducido, un sector privado en crecimiento y un sistema de seguridad social profundamente relacionado con el sector privado.
Esa realidad nacional se expresa de manera muy profunda en nuestra provincia y lógicamente, la pandemia de coronavirus la ha llevado a su máxima expresión, desnudando las falencias del sistema.
En Córdoba la inversión en salud pública viene sufriendo recortes desde 2015, tal como lo ha demostrado el observatorio de finanzas públicas del CIPPES en el año 2019. El 2020, si bien la partida destinada a salud fue mayor, no logró revertir la dinámica. Y mucho menos en el año en curso, donde el presupuesto votado partía del supuesto de que la pandemia se acabaría. Por lo cual, el “Fondo Covid” (Fondo Para Atención Del Estado De Alerta, Prevención Y Acción Sanitaria Por Enfermedades Epidémicas) se recortó en un 60% y la inversión en salud ni siquiera equiparó a la inflación.
Ese desfinanciamiento crónico se da sobre la base de una estructura fragmentada y desigual. En la Mesa de Debate sobre Modelos Provinciales de Salud realizada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad en 2004 se evidenciaba lo siguiente: “(..) pese a que el sector público tiene responsabilidad sobre 1.500.000 personas en la provincia, en realidad atiende a 1.900.000 personas, que son aquellas que teniendo obra social son atendidas por el sistema público. Por lo tanto, el nivel de cobertura de atención, si bien es el 48% de la población sin cobertura, atiende casi al 60% de la misma y el sector privado al 42%. A pesar de esto, el sector privado recibe el 60% del total de los recursos que llegan a la provincia para los procesos de atención, mientras que el sistema público percibe el 40% (…)”.
Este informe post crisis de 2001 muestra los rasgos de un sistema que, con el correr de los años y los subsiguientes ajustes, no hicieron más que profundizarse. Así lo reconoció Juan Gras, Presidente de ACLISA (Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Córdoba) el 13 de abril pasado en una conferencia de prensa conjunta con el Gobernador, el Ministro de Salud y otros referentes del sector privado, cuando dijo: “(…) el Sr. Gobernador nos ha citado hoy para interiorizarse de cual es la situación sectorial nuestra y él está dispuesto a sostener el sistema (…) vuelvo a agradecer a las autoridades de salud y al señor gobernador que nos está sosteniendo (…)”.
Esos datos duros tienen implicancias muy concretas en la vida y la salud de la gente, mucho más en plena pandemia, con una segunda ola más virulenta y sin ninguna medida seria para reducir los contagios. Así fuimos testigos del caso de Francisco, docente internado por covid en el Hospital Tránsito Cáceres de la capital de nuestra provincia, cuyo cuadro se complicó y debía ser trasladado de urgencia a un establecimiento de mayor complejidad, pero en la capital no había más camas disponibles y Apross dispuso su traslado a Cosquín. Francisco falleció en el intento de conseguir una cama. Unas semanas antes, Gastón Piva falleció aguardando por un respirador en Córdoba Capital, su hija denuncia que no consiguieron uno ni en el sector público ni en el privado.
Así llegamos al día de hoy con un nivel de ocupación de camas superior al 80%. A principios de abril la provincia contaba con 2900 camas críticas de las cuales 1707 (59%) estaban en el sector privado y 1196 (41%) en el público. Para esa fecha Schiaretti anunció la incorporación de 850 nuevas camas, de esas, 600 irían al sistema público y 250 al privado. Pero, a más de dos meses del anuncio, sólo se han puesto en funcionamiento poco más de la mitad de las camas prometidas. Aunque el sector privado concentra la mayor cantidad de camas, en un informe de RUGEPRESA de mayo de este año, daban cuenta de que sólo el 20,68% de las camas de piso del sector privado estaban destinadas a la atención de pacientes con Covid. Mientras que, para la misma época, el subsecretario de Salud de la Provincia de Córdoba, Carlos Cánovas informaba que, sumando las camas del sector público y privado de toda la provincia “tenemos el 46% de las camas ocupadas por Covid y el 36% restante por patologías prevalentes”. Es decir, el sector público es quien más camas destinó a la atención de pacientes con Covid, aunque posee menos camas que el sector privado.
Podríamos seguir mencionando datos y ejemplos que evidencian que la fragmentación es enemiga de la atención de la salud en general y mucho más en el contexto de una pandemia mundial, preferimos no abundar en ejemplos para enfatizar en este aspecto que es clave: en momentos de crisis es fundamental que el Estado cuente con toda la capacidad instalada y pueda gestionarla unificadamente para que, de este modo, todos los habitantes tengan igualdad de acceso. Por citar un ejemplo, Irlanda por el coronavirus estatizó coyunturalmente el sistema privado para disponer de esa capacidad y transitoriamente generar mayor igualdad en la atención.
Es una pena que en nuestro país y en nuestra provincia quienes nos gobiernan, ni siquiera en estos momentos críticos, se abran a pensar alternativas que sirvan eficazmente para la protección de la salud de la población. Nuestro planteo es la unificación nacional del sistema de salud, porque no puede haber distinción de ningún tipo en la atención de un derecho básico y universal como éste. Sin embargo, entendemos que dar este paso provincialmente es un avance sustancial, sobre todo en una provincia tan importante como la nuestra.
Por eso es que presentamos el presente proyecto de ley, con el objetivo de superar la fragmentación y desinversión en nuestra Córdoba. Así, esta ley parte de declarar de utilidad pública toda la infraestructura sanitaria, tanto de los privados, como de las obras sociales, las cuales pasarán a conformar parte integrada del sistema público de salud. Además de plantear una inversión en equipamiento, de -cómo mínimo- 750 camas más, con toda la aparatología y el personal necesario para su atención y un aspecto desde nuestro punto de vista sustancial: la incorporación de todo el personal de salud en condiciones laborales de estabilidad y en la proporción recomendada por el Ministerio de Salud de Nación para una buena atención, esto es, 1 enfermero/a cada dos pacientes, 1 médico/a cada 8 pacientes, 1 kinesiólogo/a respiratorio cada 8 pacientes. Finalmente, para garantizar su efectivo cumplimiento, plantea la conformación de Comisiones de Control por Hospital, compuestas por trabajadores y trabajadoras elegidos por sus pares para tal fin, que tengan a su cargo el estricto control de la norma.
Las situaciones excepcionales demandan medidas a la altura de las circunstancias. Unificar el sistema de salud en nuestra provincia es el primer paso para empezar a responder al pueblo cordobés, que está siendo azotado no sólo por la pandemia, sino por las consecuencias de las medidas irresponsables del gobierno.
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