LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio al accionar del Intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryora que incurre en numerosas violaciones a los derechos laborales de las empleadas y empleados municipales, mientras avanza en una preocupante precarizacion del empleo público contratado bajo figuras irregulares a miles de trabajadores con salarios miserables y nulos derechos.
Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST Nueva Izquierda
FUNDAMENTOS
Casi la mitad de los habitantes de nuestra provincia viven en la localidad capital, o desempeñan en ella sus labores, por tal motivo las tareas desarrolladas por los trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba son de una importancia trascendental. En este marco las decisiones tomadas por el intendente Martín Llaryora, de manera unilateral y autoritaria, respecto de las condiciones de trabajo de los mismos adquieren un carácter extremadamente grave.
El día 8 de mayo del corriente año contando solo con los votos del oficialismo Llaryora hizo aprobar en el Concejo Deliberante una ordenanza que recorta la jornada laboral y los salarios de los trabajadores municipales, al tiempo que pasa a ‘no remunerativos’ ítems salariales que históricamente y fruto de la lucha, estaban en blanco. Se trata de un avance en el recorte de derechos laborales básicos, reconocidos por nuestra Constitución y por toda la legislación laboral vigente. El intendente de Córdoba pretende avanzar regionalmente en una especie de reforma laboral a la cordobesa, se aprovechan para hacerlo del aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia de coronavirus, que mantiene a la población imposibilitada de reclamar.
La medida generó masivas movilizaciones y un gran malestar, por lo cual el intendente salió públicamente a tratar de explicar lo inexplicable y entre los argumentos esgrimidos mencionó que el recorte no afecta a los trabajadores de la salud y de la educación municipales. Esto fue desmentido rápidamente por los propios trabajadores quienes reflejaron que su recibo de sueldo ya viene con descuentos y pagos en negro.
Es decir que los mismos trabajadores que están en primera línea atendiendo a la población en los dispensarios municipales, con escasos elementos de protección personal y poniendo sus recursos y plata de su bolsillo para que los servicios funcionen, hoy se encuentran con un ataque grosero que les recorta su salario en plena pandemia.
Al compás de este ajuste crece otro aspecto precarizador del gobierno de Llaryora que son las contrataciones en negro y con modalidades irregulares de trabajadores. Dos casos a este respecto son especialmente paradigmáticos. Por un lado los servidores urbanos, también llamados “chalecos celestes” quienes por un sueldo miserable de $10 mil, sin aportes, obra social ni derecho a la sindicalización deben hacerse cargo de tareas que son propias y permanentes de los trabajadores municipales. El gobierno se aprovecha de la extrema vulnerabilidad y pobreza en la que viven amplios sectores de la población para hacerlos trabajar en pésimas condiciones usándolos además para atacar a los empleados municipales y su gremio. Es de hacer notar que estos servidores urbanos están trabajando en la calle en plena pandemia sin los elementos de bioseguridad necesarios y según ellos mismos refieren no tienen ni siquiera obra social. En palabras de Carlos Andrada, presidente de la Cooperativa La Esperanza “Nosotros tenemos una ART que va en el convenio que tenemos con la Municipalidad, una cobertura por si hay lesionados o sufrimos algún problema (…) Tenemos la famosa vaquita, que pone un poquito cada uno y esa persona se auxilia; tiene la contención de la cooperativa, nos jugamos todos, nos quedamos sin comer, pero al compañero le ponemos la comida y la contención de salud”. Es decir la máxima expresión de la precarización laboral en el ámbito del propio Estado municipal.
El otro caso emblemático es el de los llamados “Promotores de Convivencia”, abogados contratados por el municipio de forma irregular, sin rendir concurso, en calidad de monotributistas, los mismos pueden aplicar multas a las violaciones al Código de Convivencia y según dieron a conocer funcionarios municipales a los medios masivos de comunicación pronto podrán tener acceso a las cámaras que la Policía de Córdoba tiene en toda la ciudad para así multar a infractores.Nuevamente modalidades precarias de contratación, con funciones laborales poco claras que entran en contradicción con las tareas específicas de los empleados municipales.
Este combo de ajuste se puso en marcha desde el ejecutivo municipal con la excusa de recortar el abultado gasto público. Sin embargo esta austeridad no se evidencia en el creciente gasto publicitario desplegado por Llaryora en todos los medios de comunicación locales y redes sociales. Evidentemente la intención no es el ahorro sino el ataque descarado a los trabajadores que históricamente han puesto un freno a los desmanejos de los intendentes de todo signo político.
Por todo lo expuesto es que consideramos de suma necesidad que este cuerpo se pronuncie en contra de los atropellos a los derechos laborales que viene cometiendo el intendente de la ciudad de Córdoba y acompañe este proyecto de declaración.
Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST Nueva Izquierda
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