LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación y rechazo por la situación de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia, quienes desde hace largo tiempo son objeto de diversas formas de violencia institucional y reciben amedrentamientos continuos por parte de sus superiores.
Se suma a esto que en el mes de marzo sufrieron cinco pases compulsivos y en abril nueve despidos. Por consiguiente, exhorta a las autoridades correspondientes a rectificar de manera urgente dichas medidas garantizando que todos los trabajadores y trabajadoras puedan seguir desarrollando sus funciones en los programas y sectores en que lo realizaban.
Asimismo insta al gobierno provincial a implementar políticas de Estado tendientes a jerarquizar la función del personal de la salud con el reconocimiento de sus funciones y condiciones dignas de trabajo, acorde a la normativa laboral y previsional vigente. Ya que en la actualidad, todos los programas de la Secretaría se sostienen bajo una situación de extrema precarización laboral, lo cual es de una gran irregularidad y genera una fuerte incertidumbre respecto de las fuentes de trabajo.
Finalmente, reiteramos la exigencia para la implementación efectiva de la Ley de Salud Mental en el ámbito provincial. En este marco, el artículo 4 de la Ley 26.657 incorpora a las adicciones a la política pública general en materia de salud mental, y deviene así una garantía de protección de los derechos de las personas con consumo problemático contra la intervención estatal desproporcionada en su vida íntima y en su salud.
Legisladora Luciana Echevarría
Bloque MST- Nueva Izquierda
FUNDAMENTOS
En el mes de marzo, los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia sufrieron cinco pases compulsivos y en abril, nueve despidos de personas que se desempeñaban en el Programa de Prevención Territorial.
Esto se suma al clima constante de amedrentamientos y las presiones que denuncian los trabajadores durante largo tiempo y que ha llevado a una reducción del personal de estas áreas. En el Área de Asistencia que funciona en el Hospital San Roque viejo, la violencia institucional se ha expresado a través de pedidos a profesionales de planta permanente de que busquen otro lugar de trabajo porque no le “daban los números”, es decir la exigencia de una cantidad mínima de entrevistas diarias en un escaso tiempo, en busca de una supuesta productividad. La situación, en el marco de la pandemia de COVID-19 se ha agravado ya que la demanda se realiza a través de llamadas telefónicas, pero se mantienen las mismas exigencias previas. A su vez, hay casos de trabajadores que debido a no haber cumplido esa misma productividad (cantidad de prestaciones diarias) fueron llamados a cumplir actividades administrativas en la sede de la Secretaría, sin tomar en cuenta su profesión, ni respetar las excepciones de personal en riesgo, ni asegurar medidas necesarias para el traslado hasta la Secretaría, dadas las restricciones existentes para circular. Es decir se utilizan estos traslados como un castigo y no con un criterio sanitario.
Además se les exigió participar de eventos organizados por diferentes áreas del gobierno provincial por fuera de sus funciones específicas: estas “actividades extras” han incluido la realización de testeos de HIV para quienes trabajan en el área asistencial, pese a que su función en salud mental no contempla esta labor. En esta línea, en el mes de abril del corriente se les impuso trabajar en la campaña de vacunación antigripal casa por casa, pese a no contar con capacitación, medidas de bioseguridad adecuadas, ni insumos de trabajo. Quienes manifestaron la necesidad de cuidados, presentaban problemas de salud, factores de riesgo o se encontraban imposibilitados de trasladarse por encontrarse en otras localidades durante el aislamiento, fueron despedidos.
Estas medidas entran en franca contradicción con el decreto de necesidad y urgencia 329/20 por medio el cual el Poder Ejecutivo Nacional resolvió prohibir por el plazo de 60 días los despidos y suspensiones. Con el agravante de tratarse de trabajadores de un área de salud en el marco de la crisis sanitaria.
Otro aspecto de la precariedad es la falta de medios para realizar sus tareas. En el contexto actual, todo el personal debe brindar atención telefónica y/o por otros medios virtuales. Esa atención se efectúa desde teléfonos particulares y acceso a internet a cargo de los trabajadores porque la Secretaría no les provee equipamientos ni materiales de trabajo. Más allá de los costos, implica una alta exposición personal para los trabajadores dar a conocer a los usuarios de salud mental sus números de teléfono personales.
Por otro lado, estas medidas afectan, una vez más, los principios enunciados en la ley de salud mental; cuando la definición a nivel mundial en materia de políticas públicas de tratamiento de las adicciones y el consumo problemático de sustancias, han reconocido que deben ser tratadas integralmente dentro del campo de la salud y en particular, de la salud mental y promover la descriminalización de las personas que usan drogas.
Es por estas razones que sostenemos que el Poder Legislativo no debe permanecer indiferente ante este maltrato al personal de salud, debe rechazarse enérgicamente e instar al gobierno provincial, para que arbitre los medios para retrotraer los despidos y traslados y garantizar buenas condiciones para el desarrollo de los programas de la Secretaría.
Luciana Echevarría
Bloque MST Nueva Izquierda
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