LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY
Artículo 1°.- Suspensión de pagos: A partir de la sanción de la presente ley y hasta tanto se cumplimenten los pasos en ella establecidos, quedan suspendidos todos los pagos de capitales e intereses de la deuda pública provincial contraída tanto con organismos internacionales como con entidades nacionales.
Se cancelan todas las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de Títulos emitidos por la Provincia de Córdoba y las operaciones de crédito público y de administración de pasivos y/o modificaciones del perfil de vencimientos de la deuda que la Provincia mantiene con el Estado Nacional y/o con el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Provincias (FFDP) que opera en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.
Derógase toda legislación que se oponga a los términos de la presente y dejase sin efecto toda atribución conferida al Poder Ejecutivo referidos a los aspectos regulados en esta ley.
Artículo 2°.- Comisión auditora: Créase la comisión auditora de la deuda pública provincial. La misma estará compuesta por doce (11) miembros elegidos por el voto directo y se conformará en un plazo máximo de dos meses posteriores a la promulgación de la ley.
Tres (3) representantes de la Universidad Nacional de Córdoba.
Tres (3) representantes de trabajadores estatales.
Tres (3) representantes de trabajadores privados.
Un (1) representante de organizaciones de Derechos Humanos.
Un (1) representante de organizaciones de consumidores.
Artículo 3º.- Dictamen: La comisión auditora elaborará dictamen sobre la deuda pública provincial en el plazo máximo de 6 meses. El mismo deberá contener:
Artículo 4°.- Difusión: Una vez finalizado el dictamen por la Comisión Auditora, el Ejecutivo Provincial deberá dar publicidad a las conclusiones obtenidas en el mismo durante 15 días hábiles a través de los medios de comunicación locales, gráficos, radiales y televisivos, de mayor tirada y en las franjas horarias de mayor audiencia; procurando utilizar un lenguaje simple y asequible al conjunto de la población. Asimismo el dictamen de la comisión deberá ser puesto a disposición de toda la ciudadanía a través del portal web del Gobierno Provincial.
Artículo 5°.- Carácter vinculante: el dictamen elaborado por la Comisión Auditora tendrá carácter vinculante quedando obligado el Poder EJecutivo a actuar conforme a los aconsejado por el mismo.
Artículo 6º: De forma.
Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST – Nueva Izquierda
FUNDAMENTOS
La deuda pública provincial se ha convertido en uno de los principales elementos críticos de la economía provincial. Su volumen ha aumentado a un ritmo extremadamente acelerado en el último tiempo. Desde diciembre de 2015 a hoy la deuda pasó de 19 mil millones de pesos a 178 mil millones de pesos. Consolidando un aumento del 836% en poco más de cuatro años. Semejante incremento no puede ser atribuible a la inflación, que aún siendo muy elevada en nuestro país, no ha superado el 400% en el mismo período analizado.
Resulta importante entonces comprender cuáles fueron los motivos de este aumento, pues al día de hoy la deuda es equivalente al 70% del presupuesto del año en curso, mientras que en 2015 representaba sólo el 30% del mismo. ¿Cómo se explica esto? las razones son dos y están estrechamente vinculadas. La primera es objetiva, prácticamente la totalidad de la deuda provincial (95%) está denominada en dólares lo que deja a las finanzas provinciales en una vulnerabilidad extrema, ya que cualquier variación respecto del tipo de cambio impacta directamente tanto en el stock de deuda como en el pago de servicios de la misma. Desde el 2015 hasta la fecha la moneda argentina no ha hecho más que devaluarse y el dólar aumentó un 602,5%, lo que impactó de manera muy negativa en la deuda provincial.
La segunda razón que explica el crecimiento vertiginoso de la deuda es subjetiva y es la irresponsable toma de deuda en dólares, en un contexto como el mencionado previamente, por parte del gobierno provincial. A la depreciación de la moneda hay que sumar que nuestra provincia vive una recesión que lleva más de dos años, según reconoció el propio Ministro de Finanzas Osvaldo Giordano, con lo cual, haber continuado tomando deuda en ese período es lisa y llanamente un ataque a las finanzas provinciales.
Un aspecto no menor a tener en cuenta es el destino de los fondos obtenidos a través de la toma de deuda. Por citar un ejemplo podemos mencionar que el 15 de julio de 2019 la legislatura habilitó la toma de deuda por 60 millones de euros destinada a financiar la Nueva Maternidad y equipamiento para los hospitales. De dicha obra, aún no hay noticias.
De esto se trata gran parte del problema al que hoy nos vemos expuestos: planes fenomenales de difícil concreción, de beneficio incierto para la población, útiles para el oficialismo en campaña electoral, que terminan endeudando a las generaciones presentes y futuras.
Este panorama macroeconómico se completa con los indicadores sociales que se han agravado sustancialmente en el último tiempo. La provincia supera la media nacional en pobreza, alcanzando el 37%. Más de la mitad de las niñas y niños son pobres, la tasa de desempleo es del 13% y la del trabajo no registrado asciende al 35%. Esa es la verdadera urgencia a la que hay que atender. Frente a este panorama todo lo demás debe esperar, máxime si se tiene en cuenta que enfrentamos una pandemia mundial que requiere un total involucramiento del Estado para fortalecer el sistema público de salud y asistir a los sectores más vulnerables de la población.
En este contexto se pretende que toda la población pague de su bolsillo una deuda que no decidió contraer y que no la benefició. Por todo lo mencionado es que presento este proyecto para suspender todos los pagos de la deuda e implementar un plan que nos permita priorizar los intereses de toda la población por sobre el de los organismos de crédito internacionales: conformar una comisión popular para auditar la deuda que elaborará un minucioso dictamen para conocer exactamente el origen, destino, partes y condiciones de cada préstamo, el avance de proyectos y aplicación de los fondos tomados, el cumplimiento de las leyes provinciales y nacionales vigentes y fundamentalmente la legitimidad, legalidad y beneficio para el conjunto de la población de la deuda. Ese dictamen será ampliamente difundido y debatido por el conjunto de la población y tendrá un carácter vinculante.
Frente a tanto atropello y manoseo de las finanzas públicas por parte del Ejecutivo, esta es la única solución verdaderamente democrática y por eso solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luciana Echevarría
Bloque MST – Nueva Izquierda
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