Suspensión de planes de empleo – Proyecto de declaración – Nº 30.257

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Repudiar la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de suspender los pagos a los beneficiarios de los programas implementados por el Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar de la Provincia, Plan Primer Paso (PPP), Programa de Inserción Profesional (PIP), XMI y PILA.

Por consiguiente, exhorta a rectificar de manera urgente dicha medida garantizando que todos los beneficiarios y beneficiarias de los programas de empleo provincial continúen percibiendo el sueldo estímulo que les corresponde durante todo el periodo que pueda extenderse las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Asimismo insta al Gobierno provincial a implementar políticas de estado que generen empleo genuino, de calidad, acorde a la normativa laboral y previsional vigente.

 Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

El pasado miércoles 15 de abril, los beneficiarios de distintos “programas de empleo” provincial, recibieron por mensajes de texto la amarga noticia de que el Gobierno decidió suspender los programas en ejecución PPP, PIP, XMí y PILA. Por la tarde y ante la gran cantidad de reclamos de los beneficiarios, el Gobierno dio a conocer un comunicado oficial en el que ratificaba dicha decisión, argumentando que el aislamiento sanitario imposibilitaba el traslado de los beneficiarios a realizar el entrenamiento  o las prácticas presenciales.

La decisión resulta claramente aberrante, ya que atravesamos un marco social sumamente delicado, en el se profundizan los problemas estructurales que ya padece nuestra provincia en relación al desempleo. En este marco, el gobierno provincial, lejos de garantizar las condiciones socio económicas básicas para que los sectores más vulnerables puedan cumplir con el aislamiento social y proteger su salud, decide abandonarlos a su suerte cancelando las escasas remuneraciones que perciben por dichos programas.   

Desde nuestro espacio siempre hemos denunciado que estos “programas de empleo”, no constituyen más que formas oficiales de precarización laboral que saca provecho de los alarmantes índices de desempleo de nuestra provincia y por consiguiente, de la necesidad de trabajo de la población.

Vale decir al respecto que sólo en los últimos dos años se perdieron 30 mil puestos de trabajo, la cifra más alta de todas las provincias del país. La contracara de esto es un incremento en los puestos de trabajo informales y en el empleo independiente. El deterioro laboral avanza por etapas: desde el sector formal al informal. Luego del informal a la desocupación y finalmente a la exclusión del mercado laboral.

Los datos al respecto son contundentes. Según el Informe de Diagnóstico Laboral de la Provincia de Córdoba elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el 42% de los trabajadores asalariados del sector privado no están registrados. Mientras que en el caso de los trabajadores de casas particulares, ese número asciende al 70%. Incluso en el empleo público un 11% de los trabajadores están precarizados. Se trata de una gran porción de la población que se encuentra desamparada, no pudiendo contar con los derechos ni los beneficios estatuidos o provistos por la ley.

Por todo esto, somos críticos de estos programas que profundizan las condiciones de precarización, pero está claro que los mismos no pueden suspenderse, sin acompañarse de verdaderas políticas de inclusión laboral genuina que los reemplacen.

En este sentido, resulta alarmante que el gobierno provincial decida interrumpir de manera unilateral las prestaciones que reciben los beneficiarios de programas de  empleo, un sector social de por sí altamente vulnerable. El proceder incluso resulta abiertamente contradictorio con el espíritu que informa el contenido del DNU N° 329 mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional resolvió prohibir por el plazo de 60 días los despidos y suspensiones.

La situación de emergencia debe servir para tutelar con mayor vigor los derechos fundamentales de la población, en especial los de naturaleza alimentaria y el Estado debe ser su principal garante.

Es por ello que el parlamento provincial no puede dar la espalda ante semejante injusticia y debe rechazar enérgicamente el proceder del gobierno provincial, al mismo tiempo que exhortar a que rectifique su actitud, garantizando que se mantengan todos los programas de empleo vigentes.   

 Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda