Resolución 343/20 sobre promoción y acreditación del año escolar – Proyecto de declaración – Nº 31.293

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su preocupación por las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación mediante la resolución N°343/20 respecto a la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria, en la cual se establece la “repitencia” para aquellos que no hayan podido “por diversas razones establecer vínculo alguno con una institución escolar o lo hicieron de manera insuficiente y no lograron superar el treinta por ciento de las actividades y/o aprendizajes propuestos”.

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST-Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

En este contexto de pandemia, las idas y vueltas del Ministerio de Educación de la Provincia a cargo de Walter Grahovac, vía memorandums o directamente con anuncios en notas periodísticas, no han hecho más que sembrar confusión y malestar en las comunidades educativas.

La política educativa del Gobierno provincial combina el abandono a los estudiantes y sus familias, al no garantizar los recursos necesarios para sostener la educación a distancia; presiones hacia la docencia, al tiempo de sostener sus salarios congelados, ajustar jubilaciones y sin poner recursos de ningún tipo para sostener la virtualidad; y la improvisación constante en las decisiones ministeriales. 

Memos como los 2/2020, 3/2020 de Nivel Medio o el 9/2020 de Nivel Primario, ponen “parches” y no resuelven falencias tan básicas como la designación de docentes suplentes para que ningún estudiante se quede sin docente y ningún docente sin trabajo. 

Por otro lado, las declaraciones públicas en medios de comunicación del Ministro de Educación en el mes de mayo, afirmando que durante este ciclo lectivo “no se va a evaluar con notas a los alumnos mientras dure la educación remota” y que “todos pasarán de año con promoción acompañada” por lo que no se aplicaría la repitencia, generaron confusión y desánimo en estudiantes, familias y docentes que hacen un enorme esfuerzo para aprender y enseñar en un contexto tan difícil. Los cuestionamientos no se hacían por el contenido de las declaraciones, sino por lo inoportuno de hacerlo en ese momento y de ese modo.

En cualquier circunstancia, pero más aún en el actual marco signado por la incertidumbre,  resulta completamente irresponsable hacer afirmaciones públicas de este tipo sin acompañarlo previamente de un trabajo de comunicación y consulta con todos los miembros de la comunidad educativa. No han implementado ningún mecanismo de consulta con la docencia que es quien está impulsando numerosas estrategias pedagógicas y comunicacionales para mantener el contacto con los y las estudiantes. 

Pero a esta situación antidemocrática, hay que sumarle que luego de haber afirmado que no habría calificaciones ni repitencia, ahora publican el Memorándum N°343 que dice todo lo  contrario. Llama la atención que esta resolución se toma no sólo a espaldas de la comunidad educativa y sus docentes, sino en contra de las consideraciones del Consejo Federal de Educación que en la propia Resolución N°368 citada en el Memo, establece en relación a la calificación (Art. 3 Inc b): “Una de las principales funciones del uso de las calificaciones es situar distintos niveles de logro en una escala objetiva y comparable que permita, a través de una herramienta simple y eficaz, clasificar masivamente los niveles de logro de los y las estudiantes y tomar decisiones sobre sus trayectorias. Para ello la utilización de escalas de calificación requiere técnicamente del sostenimiento de condiciones relativamente estandarizadas de enseñanza y aprendizaje para todos/as los/as estudiantes, que no han podido ser garantizadas durante la suspensión de clases presenciales ni podrán serlo durante el período en  que convivan distintas modalidades de escolarización. Por lo tanto, sólo será posible utilizar escalas de calificación cuando los logros de aprendizaje y las condiciones provistas a todos/as los/as estudiantes para  alcanzarlos sean comparables”.

Pretender calificar aprendizajes en un momento donde -tal y como lo reconocen tanto el Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia- prima la desigualdad, es tan injusto como ridículo. Responde a una lógica meritocrática que continúa profundizando desigualdades, a la vez que no resuelve ninguna de las urgencias educativas. Y es justamente en este sentido, en el que avanza el Art. 2° de la resolución N° 343 al plantear que “ Aquellos estudiantes que por diversas razones no establecieron vínculo alguno con una institución escolar o lo hicieron de manera insuficiente y no lograron superar el treinta por ciento de las actividades y/o aprendizajes propuestos, se les reconocerá el último grado /año acreditado como punto de partida para la continuidad de su trayectoria escolar”.

Es decir, que el mismo Ministerio que no garantiza la educación virtual de miles de estudiantes, los castiga con la “repitencia” por no poder “establecer el vínculo”. La pedagogía de la amenaza, que separa a los sujetos del contexto donde transcurren los aprendizajes, se olvida de la complejidad de los procesos educativos e intenta forzar una igualdad que no existe, porque las posibilidades no son las mismas. De esta manera, no sólo no se resuelve la brecha educativa, sino que se la profundiza, descargando en el eslabón más débil -aquel que el Estado debiera cuidar y acompañar- la responsabilidad de no poder continuar con su trayectoria escolar. 

Por eso nos oponemos a esta resolución, exigiendo a su vez mecanismos democráticos de consulta y decisión, para que sean quienes hacen y sostienen la escuela pública, quienes decidan.

Somos plenamente conscientes de la complejidad de la trama que nos toca transitar, justamente por eso nos oponemos a que una nota o un porcentaje de “conexiones”, defina la continuidad educativa de miles de estudiantes.

  Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST-Nueva Izquierda