Repudio a la represión durante la cuarentena – Proyecto de declaración – Nº 30.372

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Repudiar el proceder represivo y criminalizante de las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, la Policía de la Provincia de Córdoba y del Ministerio Público Fiscal, respecto a las acciones de protesta impulsadas por diversas organizaciones de trabajadores que reclaman por sus condiciones laborales.

Ratificar que cualquier tarea de inteligencia por parte de organismos oficiales sobre organizaciones sociales, aún las que se realicen a partir de información pública, constituye una práctica estatal típica del terrorismo de estado, absolutamente vedada en un Estado de Derecho en cuanto cercena derechos y garantías explícitamente consagrados en la Constitución Provincial, Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos de idéntica jerarquía.  

Que la medida de “aislamiento social obligatorio” constituye ante todo una política sanitaria tendiente a evitar y prevenir contagios masivos de Covid-19 imponiendo una restricción razonable al derecho de circulación; mas no constituye autorización alguna para habilitar detenciones arbitrarias, tratos vejatorios y degradantes por parte del personal policial, y mucho menos implica la suspensión y/o restricción absoluta de los demás derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como los son el derecho a la protesta social, el derecho de huelga o el derecho de peticionar a las autoridades.

Por consiguiente exhorta a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo Provincial a rectificar su proceder, escuchando y atendiendo los legítimos reclamos de los trabajadores y sectores populares; como así también insta a las autoridades pertinentes del Ministerio Público Fiscal, en especial al Fiscal General, a propiciar una política respetuosa de los principios de lesividad, mínima suficiencia y última ratio, evitando posicionar al poder punitivo estatal como la respuesta ante las problemáticas sociales. 

 Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST-Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

Como era de esperarse, la medida de aislamiento social obligatorio se convirtió en una “olla a presión” al no ser acompañada por políticas de Estado eficaces, oportunas y suficientes de contención y protección social, tanto para quienes cumplen el aislamiento en sus casas como para quienes siguen prestando labores en “actividades esenciales”.

La quietud del Estado en garantizar derechos básicos para la ciudadanía ha arrastrado a una gran cantidad de trabajadores informales y precarizados a exponer su propia salud, ya sea para procurarse el sustento diario como para manifestarse por sus paupérrimas condiciones laborales.

Pero esta parsimonia oficial no es tal cuando se trata de ajustar  a los trabajadores y a quienes menos tienen. En efecto, el gobierno provincial y muchas intendencias han decidido aprovechar el contexto de pandemia para recortar salario de los trabajadores.

De esta manera, la contracara de la ausencia del Estado en materia socio-económica ha sido un marcado activismo para recortar derechos laborales y sociales y la  presencia casi omnipotente de sus fuerzas armadas.

Todos los días se dan a conocer nuevos hechos aberrantes de abuso policial, de tratos vejatorios en los procedimientos y de represión a la protesta social.

Para citar solo algunos casos recientes, por la tarde del día jueves 7 de mayo, dos repartidores fueron detenidos por la policía de Córdoba en pleno centro de la ciudad. Acababan de participar de una protesta pacífica y realizada con los resguardos sanitarios pertinentes, mediante la cual trabajadoras y trabajadores de Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats y distintas Apps de reparto, manifestaban su disconformidad respecto de un proyecto de ordenanza que afectaba de manera directa su fuente de trabajo.

Los videos de la violencia policial se viralizaron rápidamente por las redes sociales. Sus motos y mochilas, que son sus elementos de trabajo, fueron secuestradas.

Pocos días antes, trabajadores municipales de Jesús María fueron reprimidos y detenidos por reclamar contra el recorte a sus salarios, al mismo tiempo que en la planta de Arcor Córdoba la policía impidió una asamblea golpeando y apresando a delegados del STIA. La semana anterior, delegados y miembros de la comisión directiva de UTS fueron amedrentados por la policía en el Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje, cuando intentaban realizar una asamblea exigiendo elementos de protección personal y mejoras en las condiciones salariales y laborales para el personal de salud.

Paralelamente, en declaraciones públicas por medios de prensa, el Comisario Gonzalo Cumplido reconoció que la Policía de la Provincia de Córdoba realiza tareas de inteligencia en redes sociales sobre “posibles manifestaciones”; práctica absolutamente vedada por la legislación vigente (art. 4 inc. 2 ley 25.520) y por Tratados Internacionales de DDHH.  

Es decir, se está utilizando el contexto de pandemia para reforzar el aparato represivo, disciplinar a las organizaciones sociales y de trabajadores y avanzar sobre sus conquistas.

La legislatura provincial no puede permanecer ajena ante esta problemática y  permitir este retroceso en materia de derechos humanos, sociales y laborales. Por esta razón solicito la aprobación de esta declaración de repudio, a la vez que ratifico la necesidad de avanzar con propuestas y políticas económicas y sociales de fondo que efectivamente garanticen los derechos y las condiciones de vida de las mayorías. 

 Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST-Nueva Izquierda