Reforma Judicial – Proyecto de declaración – Nº 31.099

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Declarar su rechazo a la reforma de la Judicial Federal que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional soslayando la imprescindible participación de la inmensa mayoría de la población, sus organizaciones sociales y políticas, en un debate fundamental para construir un sistema judicial democrático, confiable e imparcial. Y Exhorta al Gobierno Nacional a reconsiderar su actitud y convocar de manera urgente a un amplio diálogo con todos los sectores sociales y políticos para definir las principales orientaciones de una necesaria reforma de la desprestigiada justicia federal que responda realmente a las necesidades de las mayorías populares como única garantía de imparcialidad e independencia.

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS 

Desde principios de agosto comenzó a debatirse en el Congreso Nacional el proyecto presidencial para reformar la justicia federal. Entre otras cuestiones el proyecto oficial plantea unificar los fueros criminal y penal económico en un único fuero federal penal y para ello habilitar 23 nuevos juzgados, 23 fiscalías y 11 defensorías. De alguna manera, a futuro esto diluiría el actual poder de los tribunales de Comodoro Py, en donde 12 jueces federales concentran las causas penales por corrupción que implican a funcionarios políticos.

A la vez, la reforma transfiere a la justicia porteña competencias pendientes, inicia el llamado sistema acusatorio (los fiscales dirigirán la investigación, no los jueces), y crea en las provincias 94 juzgados federales penales, 23 defensorías y 85 cargos del ministerio público fiscal. Este último punto es clave para los gobernadores, que se preparan para designar a profesionales de su confianza en los mismos.

Sin embargo, a pesar de los pomposos discursos oficiales que hablan de una suerte de regeneración institucional y despolitización de la justicia federal; y de la sobreactuada oposición radical/macrista a una reforma que “curiosamente” se basa en un proyecto del Germán Garavano (ministro de justicia durante el gobierno de Mauricio Macri); lo cierto es que esta reforma no tocará ningún aspecto estructural de la justicia federal que hacen a su reconocido desprestigio. La designación de jueces y fiscales seguirá realizándose “indirectamente” con la intermediación del Consejo de la Magistratura, corporación compuesta de representantes del Poder Ejecutivo, de los diputados, los senadores, los jueces y los abogados y cuya lógica es la negociación y el intercambio de favores recíprocos.

Por eso, la única manera de avanzar hacia una justicia verdaderamente imparcial e independiente es terminar con su carácter de casta “contramayoritaría”, avanzando en su democratización radical, implementando y extendiendo los juicios por jurados populares, integrados por vecinas y vecinos sorteados del padrón y designando sus integrantes mediante el voto popular con mandato limitado y revocable.

Es por todo lo expuesto que considero oportuno que este cuerpo se posicione contra esta reforma al tiempo que exija la participación de toda la sociedad en la configuración de la Justicia que necesitamos. E invito a mis pares a acompañar la presente resolución. 

 Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda