Proyecto de Resolución | Instruir a Diputados y Senadores para prórroga de la Ley 26.160 | Nº 33693

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo 104 inciso 5 de la Constitución Provincial para que, conforme sus atribuciones constitucionales, impulsen y aprueben una nueva prórroga a la Ley 26.160 de relevamiento de Comunidades Indígenas, que se encuentra próxima a su vencimiento en noviembre. Asimismo insta a las diputadas y diputados por Córdoba a actuar en igual sentido. 

FUNDAMENTOS

En el año 2006 se aprobó a nivel nacional la Ley 26.160, como fruto de la lucha incansable de las comunidades originarias para el reconocimiento y respeto de sus derechos territoriales. A través de la misma se establece la creación de un registro y se suspenden por el tiempo que dure la emergencia la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las comunidades. El relevamiento tiene por objeto otorgar a cada comunidad una carpeta técnica completa que encamine la regularización de la tenencia.

Lamentablemente, a 15 años de aprobada la Ley y con tres prórrogas, los resultados obtenidos son muy pobres y paralelamente se ha seguido avanzando en el despojo y la violencia contra las comunidades originarias. De las 1687 comunidades existentes, solo se ha relevado a 652; hay en trámite 321 y 714 ni siquiera han iniciado. A este ritmo necesitaríamos casi 25 años para completar el relevamiento, un verdadero sin sentido, cuando la ley original establecía un plazo de 4 años. 

Evidentemente se trata de un problema de voluntad política: a la falta de interés de algunos gobernadores, por caso el formoseño Gildo Insfran que no ha permitido la ejecución del relevamiento ni celebrado convenios con el Estado Nacional para garantizar su concreción. Se suma la absoluta falta de compromiso por parte de los gobiernos nacionales que durante estos 15 años ocuparon el poder y no mostraron avances significativos. Una muestra de esta desidia es que desde el 2008 a la fecha, el presupuesto asignado se recorta y la ejecución del mismo es cada vez menor.

La inejecución del relevamiento se convierte en una herramienta para la violación de otros derechos indígenas, por cuanto impide y obstaculiza la prosecución de acciones para obtener la definitiva regularización dominial de los territorios que las comunidades ocupan tradicionalmente. Recordemos que la obligación estatal abarca no sólo la delimitación y demarcación, sino también la titulación de los territorios indígenas, tarea largamente postergada y sin un mecanismo específico que la concretice. 

Durante todos estos años hemos sido testigos de numerosos hechos violentos, despojos y desalojos contra las comunidades indígenas. En plena pandemia la policía chaqueña secuestró a jóvenes Qom a los que torturó violentamente y violó a dos adolescentes. En 2017 la comunidad Mapuche fue violentada en reiteradas ocasiones, en uno de los desalojos fue desaparecido Santiago Maldonado, cuyo cuerpo sin vida apareció 3 meses después. En otra represión fue asesinado de un balazo Rafael Nahuel (activista mapuche), dos jóvenes más recibieron impactos de bala y fueron detenidas decenas de personas entre ellos 5 niños.

En nuestra provincia son 11 las comunidades y falta relevar el 45%. Los casos de hostigamiento también son frecuentes. Así lo denunciaron el pasado 21 de agosto en una conferencia de prensa representantes de la comunidad originaria Pluma Blanca, ubicada en Candonga, donde contaron los numerosos intentos de desalojos forzados que han soportado todos estos años y una escalada de violencia que incluye robo de animales, ataques con armas de fuego, bombas caseras y hasta denuncias de secuestro y violación a integrantes de la familia que resiste en las tierras que fueron habitadas ancestralmente. Detrás de estos hechos de violencia está la voracidad del negocio inmobiliario y del extractivismo que intentan quedarse con esas tierras para hacer negocios. Contra todas esas violencias y en defensas de sus territorios, los pueblos originarios cordobeses convocan para el día 17 de septiembre a una caminata por el centro de la ciudad capital con el fin de visibilizar sus demandas.

Esta deuda histórica requiere una reparación real. Por ese motivo es que instruimos a los senadores por Córdoba a prorrogar esta ley e instamos a los diputados nacionales a obrar en igual sentido.

Firmantes:

• Echevarría, Luciana Gabriela