Protección Integral de la Salud y la vida de los trabajadores – Proyecto de Ley – N°32708

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1.- Plan de vacunación. Establécese la vacunación prioritaria para todo/a trabajador/a esencial, tanto del ámbito público como privado, que preste servicio de manera presencial a la fecha de sanción de la presente ley y a quienes se incorporen en el futuro. El/ la trabajador/ a que tendrá derecho a solicitar dispensa hasta tanto se cumpla con la vacunación.

Artículo 2.- Comités sanitarios y protocolos. Confórmese en cada lugar de trabajo un comité sanitario, con mayoría de trabajadores/as, el que tendrá a su cargo elaborar los protocolos sanitarios adecuados y controlar su cumplimiento. Dicho comité podrá obligar a la patronal a cesar la tarea presencial hasta tanto se garanticen las medidas sanitarias y adoptar otras medidas que considere pertinentes a fin de proteger la salud y la seguridad laboral.

Artículo 3.- Salario de emergencia. Fíjase como piso salarial mensual en el ámbito de la Provincia de Córdoba la suma de $70.000 (pesos setenta mil). Otórguese a todo/a trabajador/a esencial, tanto del ámbito público como privado, que preste servicio de manera presencial a la fecha de sanción de la presente ley y a quienes se incorporen en el futuro, el aumento correspondiente para equiparar su salario actual al monto indicado.

Artículo 4.- Presupuesto. Facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

FUNDAMENTOS

Las cifras de contagios y muertes por coronavirus en nuestro país son alarmantes. La segunda ola está golpeando con mucha fuerza y lamentablemente no nos encuentra mejor preparados que la primera, porque, aún cuando tuvieron más de un año para tomar las medidas necesarias, los gobiernos -tanto nacional como provincial- optaron por privilegiar la ganancia de un grupo de empresarios en lugar de invertir en sectores fundamentales como la salud, la educación, el transporte y los servicios. Por ende, al día de hoy no sólo nos encontramos con todas las ramas de la economía completamente abiertas, con la consecuente exposición de la salud de los trabajadores que eso significa, sino con un sistema de salud con trabajadores agotados, maltratados y precarizados, que deben encarar en esas circunstancias el embate de una segunda ola.

Párrafo aparte merece la situación de la docencia que está yendo a las escuelas de manera presencial aunque sólo el 15% de la planta se encuentra vacunada. Ni hablar de las y los choferes del transporte público que ni siquiera figuran en los listados de vacunación y son quienes transportan todos los días al conjunto de la población a sus lugares de trabajo y estudio. Cada día un chofer está en contacto con más de 250 personas y las condiciones de los colectivos hacen muy difícil el cuidado. Hay otros sectores que también están totalmente expuestos y no son tenidos en cuenta en el plan de vacunación, como los trabajadores de EPEC quienes además deben sufrir los constantes ataques del Gobierno que pretende desmantelar la empresa de energía y su convenio. Y quizás la mayor expresión de abandono sean las y los trabajadores precarizados quienes ni siquiera pueden reclamar por miedo a ser despedidos.

En todos los casos, las y los trabajadores exigen que se los vacune, pero además plantean la necesidad de ser parte de la elaboración de los protocolos sanitarios, porque consideran que es imposible que la patronal, que jamás realizó su trabajo, sepa efectivamente como cuidarlos o mínimamente se preocupe por eso. Los hechos les dan la razón, los protocolos están hechos a la medida de las necesidades de las empresas o de los ministerios (en el caso de los trabajadores estatales) y nunca con el objetivo puesto en el cuidado. Por eso este proyecto establece, además de la vacunación prioritaria para todos los esenciales, la constitución de Comités Sanitarios por lugar de trabajo conformados mayoritariamente por trabajadores que sean quienes elaboren los protocolos y velen por el cumplimiento efectivo de los mismos.

Finalmente hay un aspecto igual de relevante: la mayoría de estos trabajadores se encuentran bajo la línea de pobreza, ese aspecto también afecta a su salud. El pluriempleo, el estrés, la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas y las de su familia son aspectos que atentan contra la calidad de vida de los trabajadores, por eso como mínimo se debe garantizar para todos ellos un salario de 70 mil pesos.

Hoy, 28 de abril, Día Mundial de la Salud y el Trabajo, resulta más que oportuno recordar que el trabajo seguro, saludable y digno es un derecho. Y en el marco de homenajear a todas y todos los que perdieron su vida combatiendo al coronavirus, es una responsabilidad del Estado garantizar las mejores condiciones laborales, que protejan la salud y la vida de los trabajadores y garanticen un salario digno para todos ellos. Por estos motivos es que invito a mis pares a apoyar el presente proyecto de Ley. 

Leg. Luciana Echevarría