Pedido de informe sobre provisión de medicamentos a centros de salud Expediente: 38686/R/24

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través  del Ministerio de Salud en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de  7 (siete) días de manera detallada:

1- ¿Qué función cumple y qué tareas desarrolla la empresa “Instituto San Agustín S.R.L.” en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba?

2- ¿En qué establecimientos provinciales desarrolla sus tareas?

3- ¿Cuál es la autoridad administrativa que supervisa el cumplimiento de su funciones y/o ante la cual la empresa debe rendir cuentas? 

4- Especifique en qué términos se contrató a la empresa “Instituto San Agustín S.R.L.”; fecha de inicio y finalización del contrato, precio total de la contratación; si se trató de una contratación directa o una licitación u otros. En todo caso remita copia simple del expediente administrativo y del contrato actualmente vigente.

5- Detalle el esquema de organización de los procesos de trabajo o plan de trabajo de la empresa Instituto San Agustín. 

6- Explique si la empresa “Instituto San Agustín S.R.L.” presta otros servicios para ese Ministerio.

FUNDAMENTOS

Durante las últimas semanas el sistema de salud público provincial ha mostrado los contrastes que lo caracterizan. 

Por un lado, el señor gobernador Martín Llaryora explicó en su mensaje a esta Legislatura en la apertura de sesiones, que la salud es una prioridad para su gestión la cual  vino a instaurar un nuevo paradigma en la atención de salud. Según dijo Llaryora: “un paradigma sanitario de atención médica que integra los sectores públicos con los sectores privados y académicos, basado en los ejes esenciales en donde se basa la mayoría de los programas sanitarios que están dando resultados en el mundo. Acceso a la salud para todos, continuidad del cuidado, recursos humanos eficientes, salud digital, telemedicina, infraestructura, salud mental y adicciones”. 

También remarcó que ante la crisis social y económica del país mucha gente se quedó o se está quedando sin cobertura de las obras sociales o empresas de medicina prepaga, y entonces el sistema de salud pública deberá dar respuesta. 

Del otro lado nuestro bloque recibió múltiples quejas por parte de trabajadores y usuarios de establecimientos provinciales de salud sobre la falta de medicamentos y la negativa de entregar algunos de los más necesarios como medicación psiquiátrica y medicamentos oncológicos. También recibimos denuncias de usuarios que para acceder a los medicamentos deben peregrinar por varias instituciones sin saber si en algún lugar conseguirán una respuesta a su necesidad.

Se podrían señalar otros ejemplos que se contraponen al funcionamiento modélico del sistema de salud que el señor gobernador detalla en sus discursos. Pero de acuerdo a los fines de este proyecto me voy a detener en el aspecto de la provisión y dispensa de medicamentos.

Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CeProFar) el precio de los medicamentos más usados aumentó 319,1% entre enero y diciembre de 2023. Esto significa un aumento de casi 100 puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor (IPC) que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  A eso hay que agregarle los aumentos en lo que va de 2024. En el contexto de crisis económica y social ya señalada, es imposible para aquellas personas que no cuentan con  obra social y dependen de un hospital o centro de salud públicos puedan acceder a estos medicamentos, más aún si tenemos en cuenta la licuación del poder de compra de los ingresos a la par de la inflación. A eso se suman medidas tomadas desde el gobierno nacional como el cierre de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación que entre otras cuestiones asiste con medicamentos oncológicos a personas en situación de vulnerabilidad social. Y anuncios de recortes que pueden afectar a programas con los que el Estado Nacional interviene verticalmente en el sistema público de salud de la provincia como el de Salud Reproductiva, el de Enfermedades Poco Frecuentes o los de lucha contra el dengue.

Por todo eso la falta de medicamentos de la que dan cuenta tanto el personal como los usuarios del sistema público, se torna un problema de extrema gravedad y es necesario abordarlo y tener respuestas.

En el área de farmacia y dispensa de medicamentos, ya se ha producido la integración de los sectores público y privado a la que se refiere el gobernador. Se realizó por medio de la privatización de la gestión y auditoría de las farmacias de hospitales públicos, a cargo de la firma Instituto San Agustín SRL. Por lo tanto además de las responsabilidades que le quepan al Ministerio de Salud, sus secretarías y direcciones dependientes buena parte de la señalada falta de medicamentos corresponde a esta firma. Sin embargo, no hay disponible información detallada de fácil acceso para las y los ciudadanos sobre las funciones que esta empresa desempeña, los límites de sus responsabilidades y ante quiénes debe rendir cuentas por sus tareas. Se trata de una información esencial para poder elaborar diagnósticos y propuestas desde el ámbito legislativo a los fines de dar respuesta a la crítica situación que atraviesan las y los usuarios de la salud pública por este faltante de medicamentos.

Por estos motivos, solicito la aprobación del presente pedido de informes.