José Antonio Ávila – Gatillo Fácil – Villa El Libertador – Proyecto de declaración – Nº 30.695

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su repudio a un nuevo caso de gatillo fácil en Barrio Villa El Libertador de la capital cordobesa el día 4 de julio de este año, en el que fue asesinado el joven José Antonio Ávila. El operativo no fue registrado de manera oficial, evidenciando el encubrimiento policial al crimen.

Requerimos el total esclarecimiento del hecho y la investigación de los responsables tanto materiales como políticos.

FUNDAMENTOS

El día sábado 4 de julio en horas de la madrugada José Antonio Ávila fue asesinado por la policía cordobesa, sumando un nuevo caso de gatillo fácil a la larga lista de asesinatos en manos de la fuerzas represivas en nuestra provincia.

El hecho sucedió en la calle Caracas al 5200, en el barrio Villa El Libertador y por el mismo están imputados el cabo primero Lucas Gonzalo Navarro y el cabo primero Sebastián Juárez, ambos de la división Motocicletas de la Policía. 

El operativo no figura en ninguno de los registros oficiales evidenciando el encubrimiento por parte de la Fuerza a este grave crimen. La cúpula oficial ha mantenido silencio hasta el momento lo que sigue potenciando la idea del ocultamiento y la protección de los responsables tanto materiales como políticos del asesinato.

Este brutal crimen se inscribe en la vasta trayectoria violenta de la policía provincial, que sólo en 2019 asesinó a más de 20 personas, como parte de la política represiva que el PJ Cordobés viene aplicando hace más de 20 años. Según datos del último informe de CORREPI desde el comienzo de la democracia en 1983 hasta el 2019 murieron en manos de la policía 455 personas, el 80% de estos asesinatos fueron cometidos en gestiones del PJ. El 42% de estos asesinatos corresponden a gatillo fácil, el 35% a muertes en cárceles, comisarías o lugares de detención. El 54% de las víctimas tenía menos de 25 años. Podemos afirmar que el hostigamiento, persecución, represión y asesinato a los sectores más pobres y jóvenes de la población es política de Estado en nuestra provincia. 

La política de seguridad con eje en el aumento de efectivos y la estigmatización de los barrios pobres calificados como zonas rojas vulnera cotidianamente los derechos de miles de cordobeses y pone en riesgo su vida. Resulta imperiosa la necesidad de esclarecer este crimen a la par de avanzar en medidas de seguridad opuestas a las que durante estos 20 años sólo han logrado lesionar los derechos de los más pobres.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares aprueben esta declaración.

Luciana Echevarría

MST Nueva Izquierda