Fumigaciones en Dique chico – Proyecto de Declaración

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DECLARA

Su preocupación por el lento accionar de la Justicia que no resuelve la cuestión de fondo frente a un caso que pone en riesgo la salud y la vida de las vecinas y vecinos de la localidad de Dique Chico, ante las fumigaciones realizadas por productores locales en las zonas periurbanas. 

Asimismo alerta sobre el riesgo al que se expone a la población con políticas que favorecen el uso intensivo de agroquímicos sin consultar con las comunidades. 

Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

Está científicamente probado que las fumigaciones con agroquímicos afectan a la salud, especialmente si se realizan a muy poca distancia de las zonas residenciales. 

La preocupación de la población de la localidad de Dique Chico ante las fumigaciones en terrenos que limitan con viviendas y una escuela, los llevó a organizarse y reclamar en defensa de su salud y el ambiente, y así vienen luchando desde 2016. 

La situación es de tal gravedad que, en febrero de 2018, el Laboratorio Servicios y Diagnóstico en Salud y Ambiente de Río Cuarto realizó un estudio en niños y niñas que viven entre 100 y 400 metros de los campos que se fumigan en Dique Chico, y mostró que la alteración genética de estos niños expuestos a los herbicidas, es tres veces mayor de aquellos que no lo están.

En noviembre de 2017, la comuna creó una zona de resguardo ambiental a través de la Resolución 242, que prohibía las fumigaciones aéreas con agrotóxicos a 2.000 metros del ejido urbano y 1.000 metros si son terrestres. Sin embargo, un grupo de productores presentó un amparo contra la resolución, a la que la Justicia hizo lugar. Se dictó entonces una medida cautelar suspendiendo la norma de resguardo ambiental hasta tanto se resuelva el asunto de fondo, algo que todavía están esperando los vecinos y vecinas. 

Mientras tanto, y ante una nueva temporada de fumigaciones, la salud de los habitantes próximos a la zona rural está en riesgo.

El negocio de unos pocos no puede estar por encima de los derechos de las poblaciones. El derecho a un ambiente sano establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en el artículo 66 de la Constitución provincial y los principios de protección ambiental establecidos por la Ley Nacional N° 25.675 y Ley provincial Nº 10.208, deben ser respetados. 

Nuestra provincia tiene una larga tradición de lucha en defensa del ambiente que demuestra que “si contamina, no es progreso” y que las comunidades están dispuestas a organizarse para defender la salud, el ambiente y la vida. Esta Legislatura no puede permanecer ajena y por esto solicito que se apruebe el presente proyecto.

Legisladora Luciana Echevarría

Bloque MST Nueva Izquierda