Emergencia Escolar Edilicia y Sanitaria – Proyecto de Ley

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Art. 1.- Emergencia: Declárase la Emergencia Edilicia y Sanitaria Escolar en todo el ámbito de la provincia por un plazo no menor a un año desde el ingreso en vigencia de la presente

Art. 2.- Relevamiento: Realícese en el plazo máximo de dos meses un relevamiento de las condiciones edilicias y sanitarias de todos los establecimientos escolares.

Art. 3.- Presupuesto: Destinese la suma de $1.000.000.000.000 (mil millones de pesos) a la refacción y acondicionamiento de todos los establecimientos escolares. Facultase al Ministerio de Finanzas a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias a tal fin

Art. 4.- Comisión de Seguimiento y Control: Créase la Comisión de Seguimiento y Control del Plan de Acondicionamiento Edilicio y Sanitario Escolar conformada por representantes de todos los establecimientos elegidos por la comunidad educativa -docentes, trabajadores, estudiantes y familias-.

Art. 5.- De Forma

Leg Luciana Echevarría

Bloque MST Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

En nuestra provincia según los últimos datos estadísticos disponibles hay 4275 establecimientos escolares/ unidades educativas públicas. Gran parte de ellas sufren problemas edilicios producto de años de desinversión sistemática.

Previo a la pandemia han sido una constante los reclamos de la comunidad educativa por mejoras en las condiciones edilicias de las escuelas. Sólo por mencionar algunos de los más recientes podemos traer el caso de la Escuela Normal Superior “Dr. Agustin Garzón Agulla”, cuyas instalaciones estaban contaminadas por asbesto (sustancia cancerígena) y fue la propia comunidad la que debió recurrir a la justicia para que determinara el nivel de contaminación al que habían estado expuestos y estableciera el cese de actividades hasta tanto se solucionara la situación. Por ese motivo se suspendió el dictado de clases durante varios días del 2018, también en reiteradas ocasiones en 2019 y el 2020 no iniciaron con normalidad. Al día de hoy no se ha podido determinar el nivel de daño causado en la salud de los docentes, trabajadores y estudiantes de la institución.

También podemos recordar el caso de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” infectada por plagas de todo tipo, la última de murciélagos en 2018 por la que debieron suspender las clases durante varios días.

Y, sin dudas, el caso reciente más emblemático, el del IPEM 190 “Dr. Pedro. A. Carande Carro” de Villa Carlos Paz, que hace 35 años no tiene edificio propio y que debido a la situación de extrema precariedad en 2018 demolieron el edificio donde dictaban clases sin darle un nuevo espacio físico, ni siquiera provisorio, para funcionar, lo que provocó que en 2019 cursaran en un galpón y que en 2020 ni siquiera pudieran empezar el ciclo lectivo. Hoy continúan sin edificio y el proyecto que había sido consensuado con la comunidad ha sido modificado unilateralmente por el gobierno, pretendiendo que las clases se dicten nuevamente en algo muy similar a un galpón, con techos de chapa y materiales inadecuados para la función educativa

Durante el 2020 las clases presenciales no tuvieron lugar, a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio puesto en marcha para prevenir el contagio de coronavirus. Sin embargo los problemas no se resolvieron pues fue uno de los años que menos se ejecutó la partida presupuestaria para infraestructura escolar, por ende las falencias estructurales continúan en algunos casos y en otros han empeorado. En este contexto es realmente vergonzoso que se presente como un gran logro la refacción de 25 escuelas, que representan apenas el 0,5% del total de establecimientos.

El motivo por el cual las escuelas están en una gravísima situación de deterioro es que, por lo menos durante los últimos 10 años, la plata presupuestada para infraestructura escolar, terminó siendo destinada a otras cuestiones. Es alarmante que en el período que va del 2011 a hoy nunca se haya utilizado más del 32% de lo presupuestado en resolver los problemas edilicios de los establecimientos educativos y más grave aún es que no sepamos a dónde se destinaron esos fondos que le robaron a la educación de las y los cordobeses. Lo que sí sabemos con certeza es que durante la última década le quitaron a las escuelas la suma de $1.396.974.537 y es urgente que ese dinero vuelva al lugar donde debió estar siempre: las aulas en las que se educan las niñas, niños, adolescentes y adultos de nuestra provincia.

Fuente Ministerio De Finanzas de la Provincia de Córdoba

Tabla Elaboración Propia

El cuadro se agrava si tenemos en cuenta que el Ministro Grahovac y el gobernador Schiaretti anunciaron irresponsablemente el retorno a las clases para el 1 de marzo, y -como es de público conocimiento- se deben extremar las medidas sanitarias de cuidado para evitar los contagios, cuestión de dudosa implementación si tenemos en cuenta todo lo dicho con anterioridad en relación al estado de las unidades educativas. 

Por ejemplo, la UNESCO ha elaborado una guía para el regreso seguro a las escuelas. Allí, entre otras cosas, propone como prioritario: asignar presupuesto suficiente para la compra de productos de desinfección y elementos de protección personal, incorporar personal para implementar un plan de regreso, asegurar la disponibilidad de agua potable, baños y lavamanos adecuados y accesibles y -algo fundamental- garantizar la participación de las niñas, niños y adolescentes en todo el proceso siendo escuchados y tenidos en cuenta. Huelga decir que nada de esto está garantizado en el total de las escuelas cordobesas y que para poder implementar un plan serio de regreso hace falta presupuesto real y participación comunitaria del conjunto de la población educativa (docentes, trabajadores, estudiantes, familias). 

Para poder cumplir con ese objetivo es que elaboramos este proyecto, que pretende en primer lugar devolver el dinero que durante años le han sacado a las escuelas estableciendo un presupuesto para la reparación de los establecimientos y el acondicionamiento sanitario de los mismos de mil millones de pesos. Asimismo busca elaborar un relevamiento certero de las condiciones edilicias de todas las escuelas de la provincia y un proceso participativo de control y toma de decisiones del plan de retorno a cargo de una Comisión conformada por representantes de la comunidad educativa de cada establecimiento.

Este proyecto es de suma necesidad porque sin un plan de estas características el retorno a las aulas es impracticable, por todo esto invito a mis pares a acompañarlo.

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST- Nueva Izquierda