Declaración por la libertad de los presos políticos. Expediente Nº 39634

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su enérgico repudio a la brutal represión y detenciones arbitrarias realizadas el 12 de junio en un operativo conjunto de distintas fuerzas de seguridad, hacia los manifestantes que expresaban su rechazo a la Ley Bases.

En ese sentido, reclama la inmediata liberación de las y los detenidos y que se garantice el pleno derecho democrático y constitucional de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades. 

FUNDAMENTOS

El miércoles 12 de junio, la ciudadanía y sus organizaciones sindicales, políticas, sociales, de derechos humanos, de jubilados y asambleas barriales, en pleno uso del derecho democrático de reunión, de organización y de petición ante las autoridades según marca la Constitución Nacional y los tratados internacionales, se expresó frente al Congreso de la Nación en rechazo de la Ley Bases que allí se trataba. 

Esta manifestación fue reprimida por las fuerzas federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con palos, balas de goma, camiones hidrantes, gas pimienta y lacrimógenos. La represión comenzó sin motivo alguno, con gases contra jubilados y diputados nacionales y finalmente se extendió al conjunto de personas y organizaciones presentes. Luego con balas de goma y camiones hidrantes dispersaron a la gente que ejercía su derecho constitucional a la protesta y se llevaron detenidos a unas 30 personas, a cuadras del Congreso. En el transcurso de este operativo represivo también fueron atacados trabajadores de prensa que cubrían los hechos.

Este accionar no es nuevo, pero se ha multiplicado desde la asunción del gobierno nacional que intenta acallar las manifestaciones de quienes se oponen a sus políticas  de ajuste y ataque a los derechos sociales y la entrega del patrimonio estatal y natural de nuestro país. Por medio del llamado “protocolo antipiquetes” y contra lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional las fuerzas nacionales actúan en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, algo que no corresponde. No conformes con esta acción ilegal, las fuerzas nacionales utilizan un tipo de gas denunciado como elemento de tortura, que ha dejado víctimas hospitalizadas y cuyos envases encontrados en las calles confirman que su contenido estaba vencido.

Pero a este avasallamiento a las libertades y derechos democráticos se suma un hecho gravísimo que es la detención arbitraria de más de 30 personas, de las cuales más de la mitad continúa detenidas sin pruebas y a los que Stornelli imputó por «lesiones” y “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos” e “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”. Todos delitos que no cometieron y que tienen penas muy severas. La Jueza Servini de Cubría excarceló a 17, mientras 16 aún permanecen con prisión preventiva y Stornelli presentó una apelación para volver a detenerlos a todos. Un sinsentido que se sostiene en las declaraciones del propio gobierno que felicitó a las fuerzas de seguridad por “su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”. Mientras la prensa adicta habla de destrozos y violencia cuando hay pruebas más que suficientes de que los hechos vandálicos fueron perpetrados por infiltrados y agentes de las fuerzas de seguridad camuflados en la movilización. 

Reclamar es un derecho, no un delito. Como señala el reconocido constitucionalista Roberto Gargarella “El derecho a criticar a las autoridades es reconocido como un ‘súperderecho’, lo que yo llamo el primer derecho. Si se apaga la crítica al poder, la propia democracia resulta socavada, pierde sentido”. Debe ser tarea de los funcionarios públicos, tanto políticos como judiciales, garantizar este derecho consagrado por las constituciones tanto nacional como provincial. A la vez queremos remarcar que las demandas sociales merecen respuestas sociales, no represivas. 

Por lo expuesto, solicitamos el tratamiento y la aprobación de este proyecto.