Declaración instando a la expulsión de los diputados que visitaron a genocidas – Expediente: 40116/D/24 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su preocupación por la demora de la Cámara de Diputados en tratar y tomar medidas respecto de los seis diputados de su seno que visitaron a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, instando a que se aboquen de manera urgente al caso y sancionen con la expulsión a los involucrados. 

FUNDAMENTOS 

El 11 de julio pasado seis diputados nacionales del bloque de La Libertad Avanza: Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, visitaron a genocidas en el penal de Ezeiza utilizando un vehículo oficial de la Cámara de Diputados, autorizado por Martin Menem. 

La visita se conoció días después y más tarde apareció la foto que la corroboraba. En la reunión estaban Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Honorio C Martinez Ruiz, Marcelo Courtaux, Julio Cesar Arguello, Juan Manuel Cordero, Guillermo Suarez Mason (h), Gerardo Arraez, Adolfo Donda, Miguel Britos, Antonio Pernias y Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Todos condenados por delitos de lesa humanidad entre los que se incluyen torturas, asesinatos, violaciones, desapariciones, robo de bebés, entre otras atrocidades cometidas todas en el marco del terrorismo de Estado. El encuentro fue organizado por el cura Javier Olivera Ravassi, hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura. El sacerdote fue expulsado por el obispado de Zárate Campana, a raíz de ésto.

El hecho es de una gravedad sin precedentes, vale decir que es la primera vez desde el inicio de los juicios por los delitos de lesa humanidad que se realiza una reunión institucional con los genocidas presos. Y por eso, desde que el tema tomó estado público el gobierno de Milei ha hecho esfuerzos para taparlo y el presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem se desmarcó públicamente de la situación aduciendo que no sabía nada, aunque es vox populi que ningún diputado de LLA toma ninguna decisión sin consultarlo primero con él. 

Ha sido tal el malestar que generó que algunas de las que formaron parte de la visita también se hicieron las desentendidas; Lourdes Arrieta dijo haber sido engañada pensando que era una visita humanitaria (hasta donde sabemos las condiciones de encierro de la población carcelaria a LLA le importan muy poco) y dijo “Nací en el 93 y no tengo ni idea quienes eran los personajes de esa época, yo la verdad, internos de 80 años, yo no sabía los nombres, no sabía las caras, no tenía ni idea”. No es un dato menor que su papá es el militar Tomas Arrieta que según informó el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata fue denunciado por violaciones a los DDHH.

Argumentos similares fueron utilizados por la diputada Bonacci, quien también habló de una visita humanitaria y de que por su corta edad no conocía a los genocidas. Ella, también no casualmente, es hija de un personaje ligado al negacionismo en nuestro país: José Bonacci dueño del sello electoral UNITE que ha sido parte de varias coaliciones anti derechos.

Finalmente y luego de bastante tiempo este asunto de extrema gravedad llegó al Congreso, primero el miércoles 7 de agosto aunque no pudo tratarse por falta de quórum. Y luego el miércoles 14 de agosto, en donde  distintos bloques propusieron el tratamiento del tema, pero el bloque de LLA, el PRO y algunos radicales se negaron a discutirlo y todos los expedientes vinculados a la sanción a los seis diputados pasaron a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos presidida por Silvia Lospenatto del PRO, que según informaron se abocará a la conformación de una Comisión Investigadora.

Ya hace más de un mes que sucedió este hecho absolutamente repudiable. Desde esta legislatura hace 15 días nos hemos pronunciado en el sentido de rechazar estas acciones que legitiman el genocidio y otorgan un marco de impunidad a sus perpetradores. Pero hoy vemos con mucha preocupación que el Congreso, que tiene la potestad de sancionarlos, aún no realizó ningún avance en ese sentido. Es por esto que presentamos esta declaración para instar a que se tomen medidas efectivas contra los seis diputados, puesto que la visita no es “un gesto” sino una verdadera orientación política, que tiene como fin último la elaboración de un proyecto de ley para liberar genocidas. Según se conoció en diversos medios, esta reunión es parte de un plan que busca ejercer presión sobre la agenda parlamentaria y también contra los jueces y fiscales “pro” Derechos Humanos. 

En un país que le costó tanta lucha sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas, que sigue preguntando dónde están los desaparecidos sin que estos asesinos digna una sola palabra, que sigue buscando a los bebés que nacieron en cautiverio y fueron apropiados, mientras el gobierno desmantela el organismo estatal destinado a tal fin, no podemos dejar pasar estos hechos. El Congreso debe expulsar a los diputados para que se sepa acá y en todo el mundo que el genocidio en Argentina no tiene banca.