LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio a la detención arbitraria del docente Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador municipal Humberto Roque Villegas, apresados en procedimientos irregulares por fuerzas de seguridad de Jujuy el día 4 de enero del 2024.
Así mismo, esta Legislatura exige la libertad inmediata de los detenidos y que se respete el derecho constitucional de expresarse libremente, al igual que el art. 19 de la declaración universal de derechos humanos donde todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
FUNDAMENTOS
Hace 50 días que en el país hay dos presos por tuitear. Esto demuestra el avance de las políticas antiderechos y represivas que tanto el gobierno nacional como varios gobiernos provinciales promueven, incitan y avalan para acallar las voces disidentes o construir discursos demonizando a opositores o a simples ciudadanos, mientras llevan adelante sus políticas de ajuste y hambre hacia el pueblo trabajador.
El 4 de enero del 2024 en la provincia de Jujuy fueron detenidos el docente universitario Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador municipal Humberto Roque Villegas a partir de publicaciones realizadas en la red social X (ex Twitter) subiéndose a rumores y dichos acerca del ex gobernador Gerardo Morales y su esposa. Nada del otro mundo si tenemos en cuenta las cosas que se dicen en las redes sociales, en las que prácticamente no hay censura salvo que uno se meta con “los poderosos”.
La detención de ambos ocurrió a partir de una denuncia realizada por Snopek, esposa del ex gobernador Morales, aduciendo protección de su hija. El procedimiento estuvo plagado de irregularidades que fueron denunciadas públicamente por las familias de los afectados, por ejemplo, del operativo de las fuerzas de seguridad participaron oficiales sin identificación, vestidos de civil y en autos sin patente.
El fiscal penal Walter Rondón inició una investigación penal preparatoria en la que identificó a Morandini y Villegas, pero en la que también están involucradas otras nueve personas sobre las que ya pesan órdenes de detención. Las pruebas de la imputación son únicamente un mensaje en X (ex Twitter) en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas.
A pedido del fiscal Rondón, en la audiencia formal de imputación el juez de Control Roberto Assef ordenó que cumplieran prisión preventiva por 60 días en la Unidad Penal N °1, pabellón 2, de Gorriti. La situación es irregular y gravísima, con imputaciones de delitos muy serios que se han aplicado en causas de lesa humanidad de las épocas más oscuras de nuestro país, como la “alteración de identidad”, “afectación a la identidad de un menor” o “supresión del estado civil”, por los que la fiscalía pediría hasta 8 años de prisión.
Todo esto sumado al trato que se les da a los detenidos en la cárcel que, según dijo al diario La Nación Lucía Castro Olivera, la mujer de Morandini, él está detenido en la cárcel de Gorriti, en un pabellón con 63 personas más y que sólo le permiten salir al patio los lunes, el día de visitas. Y relató que los primeros tres días de detención los pasó en una celda de aislamiento. Un trato que cualquier persona entiende como excesivo para dos presos por tuitear.
Este disparate político se ha transformado en una noticia nacional y ha despertado alarmas en el mundo del derecho. En el día de hoy, el diario La Nación publicó un artículo titulado “Duras críticas de juristas a la detención de dos hombres por opinar en redes sociales sobre la mujer de Gerardo Morales”, en el cuál numerosos especialistas de diferentes líneas de pensamiento coinciden en manifestar su preocupación por este tema y son contundentes en sus cuestionamiento acerca del proceder del fiscal y la justicia al tiempo que llegan a calificarlo como “muy inquietante”, “un exceso punitivo absoluto”, ”no es aceptable” o “un caso muy grave de criminalización a la libertad de expresión”, que dos personas estén acusadas de graves delitos penales por lo que postearon en redes sociales, pero sobre todo, que lleven 48 días presos.
Son contundentes las explicaciones de los especialistas del mencionado artículo periodístico. Reproducimos extractos de algunas de ellas:
Alejandro Carrió, especialista en derecho penal y constitucional, sostuvo que “se está utilizando el derecho penal, que es la última herramienta del sistema”, para castigar conductas “que, de haber causado algún daño, sería suficiente con el derecho civil y las indemnizaciones” para contrarrestarlo. Según Carrió: “Me parece una enormidad que estas personas estén privadas de su libertad. El riesgo procesal es inexistente, el argumento del peligro de repetición del delito es absurdo: no solo las imputaciones son desmedidas, la privación de la libertad es absolutamente inconstitucional” .
Hernán Gullco, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), dijo que lo que está pasando en Jujuy es “muy inquietante”. “La prueba de la lesión [a Snopek] es muy superficial y el delito de supresión del estado civil está pensado para otra cosa; no para cuando se hacen afirmaciones sobre el origen de una persona. Eso podría encuadrar en la figura de injurias, pero en ese caso, no tendría nada que hacer el fiscal [el delito de injurias es de acción privada]”. Para Gullco, es de un exceso punitivo “absoluto”.
Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que la causa contra Morandini y Villegas es “un caso muy grave de criminalización a la libertad de expresión”. Afirmó que los acusados solo “hicieron posteos en clave satírica sobre un rumor que ya venía circulando desde hacía varios días” y que les imputaron delitos que jamás podrían haber cometido, como la alteración del estado civil de la hija de Morales. El CELS denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. “Es un proceso absolutamente desmesurado e irracional, de un uso abusivo del derecho penal”, afirmó Lloret.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, esta causa es, directamente, “un disparate que no tiene nombre”, implica “un enorme quebrantamiento de la libertad de expresión, que es clave en toda democracia, y de comunicación de una persona, sin ninguna fundamentación válida”.
“Además, no se respetó el derecho de defensa. Es un caso que habla de cómo funciona la Justicia en Jujuy”, dijo Sabsay.
Estos hechos de gravedad política e institucional, por la afectación de derechos constitucionales reafirmados por tratados internacionales, cuentan con el silencio cómplice de las viejas estructuras políticas del país y son llevadas adelante por un gobierno radical, partido que se llena la boca hablando de republicanismo.
Incluso en estas últimas horas el Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, declaró a la prensa que: “Es una cuestión que maneja la Justicia. Tiene que ver con la afectación de derechos de los niños. Yo no tengo la más mínima participación y hay que verlo con el Ministerio Público Fiscal”, mientras su propio gobierno es querellante a través del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, es decir, como acusador, junto a la fiscalía y Tulia Snopek. Esto fue denunciado públicamente por Marcos Aldazabal, abogado de uno de los detenidos, que le respondió a Sadir vía Twitter: “El gobernador Sadir dice que ‘no tiene nada que ver’ con los presos por tuitear. Es mentira: su gobierno es querellante a través del Concejo Provincial de la Mujer, que suele no presentarse a querellar en casos de abuso sexual, pero se presentó acá”.
La persecución penal y la privación de la libertad, que en este caso son utilizadas como medio para disciplinar a quienes piensan diferente o se meten con “los poderosos”, son parte de las políticas feudales que van acompañadas de un ajusticia totalmente adicta que permite a los gobernadores manejar las provincias a su antojo.
No podemos permitir que estos abusos de poder sigan repitiéndose en nuestro país, por lo que creemos imperioso que desde esta Legislatura se repudie estas detenciones, se exija la inmediata libertad de Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas, mientras se insta a los gobiernos a respetar las leyes nacionales, como así también los tratados internacionales en materia de DDHH a los que adhiere nuestro país.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
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