Declaración de repudio a la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Expediente: 38720/D/24

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su más enérgico repudio ante las declaraciones públicas del Poder Ejecutivo de la Nación referidas a la prohibición del lenguaje inclusivo y de todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional.

FUNDAMENTOS 

El día 27 de febrero del corriente año 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa que “por decisión del presidente, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la letra “E”, el “@”, la “X” y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la Administración Pública”.

A su vez, ante la pregunta de una periodista sobre la prohibición y por qué en vez de eso no evitar su obligatoriedad, el funcionario manifestó “el lenguaje que contempla a todos los sectores es el castellano. Y no vamos a participar en el debate sobre su uso porque las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Así que eso para nosotros no tiene discusión. Es extender la disposición del Ministerio de Defensa al resto de las dependencias”.

Esta medida constituye un inadmisible retroceso en materia de derechos humanos y particularmente en materia de géneros, en cuanto  sólo contribuyen a afianzar discursos de odio y a perpetuar estructuras sociales e ideológicas que invisibilizan a la mujer, a las disidencias sexo genericas y consolidan relaciones desiguales de poder de tipo patriarcal / heteronormadas. Los enormes avances logrados en los últimos años en este terreno deberían ser reconocidos y reforzados por un gobierno que toma como su principal bandera la “libertad”, y no combatidos y denostados como actualmente está sucediendo.

Así mismo resulta pertinente recordar que el Estado Argentino, al suscribir y otorgar jerarquía constitucional a las principales convenciones y tratados de DDHH (art. 75.inc22 CN) se encuentra obligado internacionalmente a tomar medidas positivas para combatir  y erradicar todo tipo de violencias y discriminación por razones de género, a la vez que, en función del principio de progresividad que consagra la legislación internacional ratificada, se encuentra impedido jurídicamente – en todos sus ámbitos de actuacion –  de realizar reformas regresivas en materia de derechos humanos.

El intento de prohibición y erradicación de la perspectiva de género en todo el ámbito nacional constituye claramente un acto de violencia institucional que jurídicamente se encuentra vedado por la legislación vigente en la materia, y desde una perspectiva social implica un mensaje que refuerza los discursos y prácticas que se basan en el odio y el desprecio hacia la mujeres y las disidencias sexo genéricas.

Recordemos que el gobierno de Larreta en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, tuvo un intento similar dirigido a las escuelas específicamente donde por Resolución 2566/2022 la Ministra de Educación de ese momento, Soledad Acuña, prohibía la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas. Esa resolución fue cuestionada por la diputada Celeste Fierro (MST-FITU) a través de un amparo donde, entre otras cosas planteaba que “El lenguaje es algo vivo y en constante cambio, por lo tanto, no se puede reglamentar. En este caso concreto además, la movilización por la visibilización de distintas opresiones generó incorporaciones que describen una realidad que desde el poder quieren tapar.”

A pocos días de un nuevo 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, es imperioso que esta Legislatura se posiciones en defensa irrestricta de los derechos de las mujeres y las disidencias sexo genéricas, sosteniendo un firme compromiso con sus luchas y condenando cualquier expresión y/o medida que las ataque o menoscabe. Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración.