Comisión de Control de Políticas Ambientales – Proyecto de Ley – N° 31.551

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1- Comité: Crease la Comisión de Control de Políticas Ambientales en todo el territorio de la provincia, la que tendrá a su cargo la remediación de las áreas incendiadas y el control de la correcta aplicación de la Ley 9814 y demás leyes ambientales vigentes.

Artículo 2- Funciones: serán funciones de la Comisión de Control de Políticas Ambientales: 

1. Formular un diagnóstico ambiental.
2. Diseñar, ejecutar y controlar el Plan de Remediación en las áreas afectadas por incendios.
3. Controlar el accionar de la Secretaría de Ambiente.
4. Velar por el cumplimiento de las leyes ambientales en el ámbito de la provincia.

Artículo 3- Composición: los miembros de la Comisión de Control de Políticas Ambientales serán elegidos democráticamente por sus pares y la misma estará conformada de la siguiente manera:

1. un representante de cada una de las localidades afectadas por el fuego.
2. un representante de cada asamblea y/u organización socioambiental.
3. un representante por cada una de las comunidades originarias de la zona.
4. un representante de la Universidad Nacional de Córdoba con experticia en la materia. 

Artículo 4- Registro: A los fines de garantizar una amplia participación en la Comisión, créase el Registro Único de Organizaciones y Asambleas Socioambientales de la Provincia de Córdoba. El trámite para la inscripción se realizará a solicitud de los miembros, presentando documentación que incluya objetivos, actividades, base programática, redes sociales y trabajos de extensión que den cuenta del reconocimiento por parte de la comunidad y tener más de 25 miembros activos. 

Artículo 5- Poder de veto: toda decisión de las autoridades provinciales que tenga consecuencias nocivas en materia ambiental podrá ser apelada ante la Comisión de Control de Políticas Ambientales, por cualquier ciudadano. A partir de esa apelación o por intervención de oficio, la Comisión de Control de Políticas Ambientales iniciará la investigación correspondiente, pudiendo solicitar veto total o parcial de aquellas que resultaran contrarias a las normativas vigentes y/o el llamado a una consulta popular vinculante de las que pudieran afectar directamente a la población.

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST Nueva Izquierda

FUNDAMENTOS

El presente proyecto se funda en la urgente necesidad de proteger el devastado bosque nativo de nuestra provincia. En un breve raconto de lo que hemos perdido, podemos decir que en los últimos 100 años pasamos de una cobertura de bosque nativo del 70% de nuestro territorio (13.000.000 ha) a menos del 3%, lo que implica que sólo unas 300.000 ha nos quedan en pie. Sólo en los últimos 15 años se han desmontado más de un millón de hectáreas y en estos últimos cuatro meses el fuego arrasó con más de 200 mil. Es evidente que la tragedia tiene proporciones enormes y que requiere de medidas acordes para reparar el daño.

Al respecto cabe señalar que, fruto de las enormes peleas que ha dado nuestro pueblo, se han conquistado leyes que significan un avance en la preservación del territorio y que contemplan de manera explícita la prohibición de usar el fuego para cambiar el uso del suelo reconocido en el ordenamiento territorial. La ley 9814 dice: en el artículo 29: “Se prohíbe el uso de fuego para el cambio de uso de suelo. Se prohíbe asimismo la quema a cielo abierto de los residuos derivados de manejo sostenible y desmonte de bosques nativos y/o pastizales (…)”. A 10 años de aprobada esa ley tenemos que decir que las fallas en la implementación han sido mayúsculas y no se ha logrado proteger nuestro monte. Por eso desde el 2010 hasta la fecha el desmonte ha seguido avanzando y nuestro territorio está devastado, conservando tan sólo el 3% del monte nativo.

Entonces cabe preguntarnos por qué, si la legislación protege el monte, el monte se incendia igual. Y eso sólo tiene una respuesta: porque quienes deben implementar la ley actúan a favor de los intereses económicos que prenden fuego el bosque, dejan correr las actividades lucrativas en zonas rojas y son cómplices del saqueo de nuestros territorios.

Por eso el eje del debate no es qué está permitido o prohibido hacer. Si no quiénes se van a encargar de hacer cumplir la Ley. La experiencia ha demostrado que no serán los gobiernos actuales, porque defienden los negocios de unos pocos que son los que quieren incendiar lo que nos queda. Y por ende deberán ser las comunidades, organizaciones ambientales y pueblos originarios, con el asesoramiento de especialistas, quienes puedan proteger lo que tenemos y garantizar un plan de remediación que lentamente recupere lo perdido.

Tal es el fin de este proyecto que propone conformar una Comisión de Control de Políticas Ambientales que evalúe los daños e implemente un plan de remediación controlando desde su creación la correcta aplicación y cumplimiento de las leyes ambientales.

Dada la urgencia de la situación convoco a mis pares a apoyar el presente proyecto.

Leg. Luciana Echevarría

Bloque MST Nueva Izquierda