LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 102 de la Constitución Provincial, para que a través de los Ministerios de Salud y Trabajo en el plazo de 7 (siete) días, se sirva informar sobre los siguientes aspectos respecto del protocolo de atención de pacientes COVID-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las respectivas autoridades correspondientes:
Luciana Echevarría
Legisladora MST- Nueva Izquierda
FUNDAMENTOS
En el contexto de la epidemia de COVID-19, Córdoba ostenta una preocupante estadística: el 16% de las 308 personas afectadas por el virus en nuestra provincia, son parte del personal de salud. En particular, los contagios en el geriátrico Santa Lucía de Saldán y el Hospital Italiano de Córdoba implican un aumento importante en el número de casos, pero no son los únicos registrados sino que se han detectado también en el Instituto Oulton y es de esperar que esto siga ocurriendo en diversas instituciones.
Es un hecho conocido la situación de pluriempleo en que se encuentra la mayor parte del personal de salud, dada su pobre situación salarial. Esto incrementa los riesgos de contagios entre el personal de salud, tanto por transmisión vertical (por contacto con pacientes infectados) como horizontal (por contacto con otros trabajadores de salud en el ámbito laboral), y no sólo dentro de las propias instituciones privadas sino en los establecimientos del sistema público.
El foco contagioso en el Hospital Italiano ya provocó que el Hospital Pediátrico cerrase su Unidad de Terapia Intensiva (UTI) “porque teníamos profesionales que habían estado trabajando en el Hospital Italiano”, detalló la directora María Cecilia Angulo Bocco a medios periodísticos.
Nuestra provincia “registra transmisión local por conglomerados, mientras que la ciudad de Córdoba reporta transmisión comunitaria” según lo informado por el propio Ministerio de Salud. Las estadísticas nacionales muestran además que sólo el 6,4% de los empleados del sector de salud contagiados tienen antecedentes de viaje mientras que el resto de los casos son por transmisión en los lugares de trabajo ya sea vertical u horizontal o contacto estrecho con una persona con COVID-19. Estos hechos respaldan la hipótesis de que los contagios se producen por causa de los escasos cuidados que se proporcionan a los trabajadores y trabajadoras o por el incumplimiento de los protocolos.
De acuerdo a lo dispuesto por los incisos 1 y 3 del artículo 23 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, es responsabilidad del Estado asegurar los derechos “a condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, salubres y morales (…)” y “a que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de su vida y de la familia a su cargo, en caso de accidente, enfermedad (…)” que deberá arbitrar los medios para garantizar su cumplimiento. Esto por supuesto incluye al sector público y aún más al privado, al que no debe permitirse que en un afán de lucro descuide la salud de sus trabajadores y trabajadoras, lo cual puede tener graves consecuencias no sólo a los propios afectados sino con un impacto sobre el sistema de salud en conjunto y la sociedad toda si se difunde el contagio entre agentes de salud.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Luciana Echevarría
Legisladora MST- Nueva Izquierda
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