LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación por el estancamiento de la causa que investiga el femicidio de Andrea Castana en el Cerro de la Cruz de la localidad de Villa Carlos Paz, al haber transcurrido 5 años y 5 meses del hecho sin que existan imputados en la misma. Y expresa su solidaridad con los familiares y amigos de la víctima que mantienen vivo el reclamo de Justicia.
FUNDAMENTOS
El 11 de Marzo de 2015 Andrea Castana se encontraba realizando actividad física en el Cerro de la Cruz, en Villa Carlos Paz. Envió un mensaje a sus amigas para contarles que había llegado a la cima y nada más se supo de ella ese día. Dos días después, el 13 de Marzo, hallaron su cuerpo semienterrado y camuflado detrás de un árbol a varios metros del sendero principal: Andrea fue violada y asesinada.
Pasaron 5 años y 5 meses desde ese trágico día y el femicidio de Andrea sigue impune. La causa a cargo del fiscal Carlos Mazzuchi, quien tras los cuestionamientos por el manejo de la causa desde la denuncia por desaparición de persona, contó con la supervisión de la ahora ex Fiscal General Adjunta, Alejandra Hillman, se encuentra estancada. En un primer momento se apuntó al círculo íntimo de la mujer y ahora sería investigado como un crimen al azar.
1996 días han pasado desde entonces y aún no se conoce quién o quiénes cometieron el atroz femicidio de Andrea. 1996 días sin que su familia, amigas y amigos puedan encontrar una respuesta estatal sobre lo ocurrido en Marzo del 2015.
Cada año, ellos son los encargados de organizar diferentes actividades para recordar a Andrea y mantener vivo el reclamo de justicia. A raíz del aislamiento preventivo, social y obligatorio decretado este año por la pandemia mundial, la marcha prevista para este año no pudo realizarse, pero el mes pasado se efectuó una nutrida caravana de autos por la villa serrana.
El pasado 25 de Agosto, Luis Castana, padre de Andrea, le entregó un petitorio de ocho puntos al fiscal Carlos Mazzuchi, quien tiene a su cargo la investigación por el crimen. Para poder hacerlo Luis se atrincheró en el ingreso a la fiscalía hasta que fue recibido por el fiscal.
A pesar de contar con material genético para poder hacer cotejos de ADN, poco se ha avanzado en la causa judicial. Pero no nos equivoquemos, esto no se trata sólo un asunto a atender desde el Poder Judicial, sino que debe interpelar a todos los poderes del Estado. ¿Por qué un familiar de una víctima de femicidio tiene que llegar al extremo de atrincherarse en un edificio público para ser recibido por un fiscal? ¿Cuál es el acompañamiento que se está efectuando desde el Ministerio de la Mujer hacia los mismos?, y sobre todas las cosas: ¿Cuál es el mensaje que se envía a la sociedad cuando un femicidio queda impune?
No podemos permitir que esto siga ocurriendo, evidentemente la aplicación de la Ley Micaela para capacitar y sensibilizar en cuestiones de género no es suficiente por sí sola para comprender el flagelo de la violencia de género y la revictimización que se genera a través de la falta de acceso a la justicia.
Es urgente que se implementen los mecanismos, protocolo, presupuesto y políticas públicas necesarias para el efectivo cumpliento de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, como también todos los Convenios y Pactos Internacionales a los que nuestro país ha adherido a raiz de la lucha feminista.
Por todo lo anterior es que solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Luciana Echevarría
Bloque MST Nueva Izquierda
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