LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su profundo repudio a la violencia institucional y de género ejercida por la Policía y la Justicia de Córdoba contra Ivanna Aguilera, coordinadora del Área Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y referente del colectivo trans en nuestra provincia y el país.
A la vez que exhorta a las autoridades a dar una respuesta frente a este abuso y reparar el daño causado.
FUNDAMENTOS
En un comunicado emitido por la Facultad de Filosofía y Humanidades se narran las brutales circunstancias en las cuales Ivanna fue demorada por personal policial aduciendo un pedido de captura de 33 años de antigüedad, fundado en una norma caduca que además es contraria a las leyes vigentes. Se trata concretamente de una orden de captura por no llevar vestimenta acorde al género. El comunicado dice textualmente: “En la madrugada del lunes 29 de marzo, a las 00:45 hs aproximadamente, la compañera Ivanna Aguilera, coordinadora del Área de trabajo con la comunidad trans, travesti y no binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, fue demorada por la policía de Córdoba en el control policial del puente Maipú, cuando se dirigía desde el barrio Güemes a su domicilio en un taxi. El motivo de dicha acción policial era una presunta orden de captura del año 1988. No bastando con la irracionalidad de la presunta fecha –atendiendo a una evidente prescripción de la misma cualquiera haya sido su motivo–, la orden se «fundaba» en algo que reviste mayor gravedad aun: el artículo 19 del ya derogado Código de Contravenciones, por no llevar «vestimenta acorde al género». Dicho artículo fue derogado en 1994, tras intensas movilizaciones de organizaciones sociales y activistas (entre ellas, la propia Ivanna integrante en aquellos años de la organización ACODHO) y de organismos de derechos humanos, y forma parte de la historia oscura de persecución y abuso policial sobre la comunidad trans/travesti durante décadas.
La demora policial a la compañera fue extendida durante más de tres horas en la madrugada, en plena calle, y sin darle ningún tipo de información sobre el motivo, hasta llegar a la Unidad Judicial 1 donde la dejaron en libertad con una advertencia: que fuera la propia Ivanna Aguilera a pedir el cese de esa orden, no solo vetusta por el transcurso del tiempo, sino ‒y fundamentalmente‒ basada en una norma derogada hace más de 20 años, claramente violatoria de los derechos a la identidad de género y de las garantías constitucionales más básicas de la ciudadanía.
Finalmente fue liberada en condiciones de absoluto desamparo, en un horario y una zona donde era imposible conseguir traslado hacia su domicilio. El vergonzoso e inexplicable periplo judicial continuó días después en los tribunales penales de Córdoba, en cuyo juzgado de control n°6, Ivanna debió tramitar un pedido de cese de esa orden de captura en tanto en la Unidad Judicial le habían advertido de que podría volver a quedar demorada o ser detenida si no «solucionaba» ella misma ese asunto en sede judicial.
La orden judicial de cese de la medida fue finalmente librada por el juzgado de control a la policía de Córdoba, fundándose en el «transcurso del tiempo» sin preocupación alguna por el tipo de norma que impulsaba esa orden de captura, además de tener registros violatorios del derecho al nombre reconocido en la ley de identidad de género 26.743. Esta gravísima situación está lejos de ser un «error del sistema» y es una clara y humillante violación a los derechos humanos que deben atender las autoridades provinciales, tanto ejecutivas como judiciales.”
Ivanna, como tantas otras compañeras de la comunidad trans, travesti y no binaria de Córdoba y el país es una sobreviviente, así se define ella misma. Ella fue víctima de la dictadura genocida, permaneciendo tres días desaparecida y torturada en un Centro Clandestino de Rosario (su ciudad natal). Ya en Córdoba sufrió también la persecución policial, porque como ella bien denuncia, la violencia estatal contra las disidencias nunca cesó. En 1989 a raíz de una detención masiva en el boliche “SOMOS” de la capital cordobesa, ella decide organizar ACODHO (Asociación contra la discriminación homosexual), de un año antes de ese hecho data la orden de captura que fue esgrimida como argumento para demorarla hace unos días.
La violencia institucional y de género ejercida contra ella, no es aislada, se trata de un comportamiento habitual de los distintos poderes del Estado, que aún cuando la sociedad los ha forzado a dar avances en materia de leyes y reconocimientos de derechos, lo cierto es que en los hechos concretos siguen violentando y estigmatizando a las disidencias. Situaciones como la que estamos denunciando son una prueba de esto, como también lo es la ausencia total de políticas públicas que garanticen derechos básicos que hoy tienen negados: vivienda, salud, educación y fundamentalmente trabajo.
Mientras este colectivo siga siendo marginado y no cuente con el apoyo estatal para poder vivir una vida libre y sin violencias, no podremos hablar de verdadera inclusión. En ese camino repudiar la violencia estatal y exigir que se repare el daño sufrido es lo mínimo que podemos hacer. Es por estos motivos que invito a mis pares a acompañar la presente declaración.
