LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su más enérgico repudio al Decreto 340/25 por el cual el gobierno nacional elimina el derecho a huelga, exigiendo su inmediata derogación por ser inconstitucional.
FUNDAMENTOS
El día 21 de mayo del corriente el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto por el cual se aprueba un supuesto Régimen de Excepción de la Marina Mercante que es en realidad una modificación profunda a la Ley de Régimen Laboral N° 25.877 ampliando las actividades declaradas como “servicios esenciales” e incorporando la figura de “actividades de importancia trascendentales”. En una u otra quedan enmarcadas prácticamente todas las actividades laborales del país. Ante conflictos colectivos, impone a las primeras la obligación de prestar un 75% del servicio y a las segundas un 50%. Es decir, elimina en los hechos el derecho a huelga en el país.
La reforma laboral y el recorte de derechos sindicales y democráticos son una exigencia del FMI y también de los empresarios para los que Milei trabaja.
No casualmente un día antes del decreto, Facundo Gómez Minujin, presidente de Amcham -la Cámara que nuclea a las empresas estadounidenses que trabajan en Argentina- trazó en el discurso de apertura de su reunión anual la hoja de ruta que reclama el gran empresariado: una reforma laboral y previsional para bajar el “costo laboral” del país y una reforma impositiva para que los ricos paguen menos.
Menos de 24hs después Milei les entregó el decreto prohibiendo la huelga, trabó en el Congreso la posibilidad de otorgar un aumento de emergencia a los jubilados, a quienes además, como cada miércoles, Bullrich y sus fuerzas represivas los reprimieron brutalmente. Como frutilla del postre de la entrega, preparan para estos días un decreto de blanqueo bajo el lema “Tus dólares, tu decisión”. Según declaró el vocero presidencial en conferencia de prensa: “lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar mostrando a cada rato de dónde lo sacaste”. Otra vez los evasores son los héroes, mientras los trabajadores y sectores populares son atacados con la quita de derechos.
El decreto 340/25 es abiertamente inconstitucional y por ende, este cuerpo debe pronunciarse repudiándolo y exigiendo su inmediata derogación. Es a estos fines que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
