La legisladora y precandidata a diputada por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, presentó un pedido de informe para que las autoridades del ERSEP y la Secretaría de Transporte expliquen qué medidas se están tomando ante el incumplimiento sistemático de las empresas de transporte interurbano: “El servicio de transporte interurbano en nuestra provincia es pésimo y desde mucho antes del coronavirus, sin embargo con la pandemia la situación se agravó porque las empresas aprovecharon para ganar más sin poner un solo peso y complicando la vida de los usuarios. En lo que va del 2021 se les autorizó dos aumentos tarifarios, para este mismo año van a recibir 5 mil millones de pesos en subsidios (más de la mitad de los que se destina al ‘Fondo Covid’) , y no garantizan ni lo más elemental del servicio: recibimos denuncias de enfermeras, docentes y otros esenciales que deben esperar 4 horas un colectivo o estar en la ruta a las 5 de la mañana, para trasladarse a localidades vecinas a trabajar, es inadmisible.”
“El gobierno es cómplice de las empresas, son ellos los que autorizan las subas, les dan subsidios y no controlan absolutamente nada: sólo alguien que nunca se tomó un colectivo puede pensar que habiendo vuelto las clases a la presencialidad, la frecuencia de los coches puede seguir restringida. No tiene sentido seguir sosteniendo con plata de todos a empresas privadas que brindan un servicio de pésima calidad y vulneran los derechos de los usuarios. Es necesario que el transporte pase a manos del Estado con control de sus trabajadores y usuarios. Este proyecto lo presenté hace un año en la legislatura y queremos llevarlo al Congreso también, porque el derecho al transporte de calidad y económico debe estar garantizado en todo el país”, concluyó la Legisladora.
