LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación y rechazo a la desvinculación de casi 80 trabajadores y trabajadoras del sistema público provincial de salud. A la vez, insta al Poder Ejecutivo dejar sin efecto esa medida.
FUNDAMENTOS
Entre el 28 y el 31 de marzo se conoció el despido de cerca de 80 agentes que se desempeñaban en hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud de la provincia precarizados (al menos 77 según dieron a conocer informes periodísticos). Estamos ante un nuevo emergente del extremo grado de desidia y vaciamiento de la salud pública. Una situación que no tiene otro responsable más que el propio gobierno provincial y el Ministerio de Salud.
De un momento a otro, sin ningún tipo de consideración previa, se les notificó que el 31 de marzo se rescindía de pleno derecho el contrato laboral. Incluso a personal que llevaba más de una década trabajando para el Estado provincial en algunos casos. Se habla de rescisión de contrato. Se usa como justificación para los despidos el extremo grado de precariedad laboral que el propio Estado, que debería velar porque se cumplan las leyes, propicia.
Muchos de los despedidos prestan servicios desde la pandemia de COVID-19. En ese momento el discurso público del gobierno era reconocer la gran tarea del equipo de salud, calificarlos como “héroes” y trabajadores esenciales y hasta llegar a hacerles un monumento en los jardines del Hospital de Niños. Hoy, en los hechos con estos despidos, trata al personal como si fuera descartable. Además desconoce el derecho a la estabilidad laboral, con una preocupante precarización que recuerda bastante al fraude laboral patronal. El derecho a la estabilidad se encuentra consagrado por las normas constitucionales nacionales y los convenios y pactos internacionales que la Argentina ha suscrito. En el ámbito provincial, las leyes 7233 y 7625 mantienen ese principio de excepcionalidad de los vínculos laborales temporales en la administración pública.
Más allá del dato que señalamos más arriba sobre el preocupante grado de precariedad laboral, cabe aclarar que se ha despedido a personal que no tiene sanciones previas, ni procedimientos administrativos en su contra y a quienes tampoco se había hecho una devolución negativa en las evaluaciones que garantice un descargo según el procedimiento vigente.
Contra toda lógica, los despidos se producen cuando el propio ministro Pieckenstainer y el gobernador Llaryora han señalado el crecimiento de la demanda. En la inauguración de camas en la Nueva Maternidad Bustos el ministro había declarado que en 2024 hubo que incrementar un 35% la capacidad para poder atender a los cordobeses. Un crecimiento que viene de la mano del deterioro social que atraviesa el país, y por supuesto Córdoba. Pero la respuesta no es fortalecer el hospital público, al contrario la política es echar trabajadores y culparlos de los problemas del sistema. Desde nuestro bloque sabemos que el problema es la falta de personal acorde a la demanda.
Ante la demanda habitual esta decisión ya es sumamente grave porque el sistema está desbordado, pero lo es mucho más si tenemos en cuenta que la demanda está creciendo cada vez más a lo que se suma la necesidad de atender a problemáticas emergentes como los aumentos de casos de tuberculosis, aparición de sarampión u otras estacionales como dengue o infecciones respiratorias. Con estas decisiones se pone en mayor riesgo a trabajadores y usuarios porque aumenta la sobrecarga de tareas del personal que ya es importante, como puede ver cualquiera que utilice los servicios públicos de salud de la provincia.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen y aprueben este pedido de informe.
