LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Art. 1- Dése por finalizada la intervención de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Art. 2- Disuélvase el Directorio y la Presidencia.
Art. 3- Créase la Comisión Popular que tendrá a su cargo las tareas del Directorio y la Presidencia.
Art. 4- La Comisión Popular estará conformada por siete (7) miembros distribuídos de la siguiente manera:
* Tres(3) representantes de los trabajadores activos aportantes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y retiros de Córdoba.
* Tres (3) representantes de los trabajadores pasivos que hayan aportado a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y retiros de Córdoba.
* Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
Art. 5- Elección: los tres (3) representantes de los trabajadores activos serán elegidos por el voto directo de los trabajadores activos aportantes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y retiros de Córdoba.
Los tres (3) representantes de los trabajadores pasivos serán elegidos por el voto directo de los trabajadores pasivos que hayan aportado a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y retiros de Córdoba.
Los mandatos de todos los miembros durarán dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un sólo período consecutivo.
El cargo será revocable en caso de incumplimiento de la función para la que fueron designados.
Art. 6- Atribuciones y deberes:
La Comisión Popular tendrá las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir la Carta Orgánica, las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes que regulan el funcionamiento de esta Institución y el cumplimiento de sus fines específicos.
b) Acordar o denegar las prestaciones y demás beneficios a cargo de la Caja y resolver los asuntos que se sometan a su consideración.
c) Proyectar el presupuesto de sueldos y gastos, como así también los planes de inversiones del ejercicio.
d) Dictar el Reglamento Interno de la Institución.
e) Nombrar, promover y equiparar el personal, de acuerdo con las condiciones de ingreso y de calificación para ascensos, preceptuadas por la reglamentación interna vigente.
f) Disponer la cesantía y/o exoneración del personal, debiendo obedecer la misma a las conclusiones de un sumario administrativo sustanciado de conformidad con la reglamentación interna vigente.
g) Aprobar y elevar a conocimiento de todos los aportantes la Memoria y Balance General y Cuadro de Ingresos y Egresos de la Institución.
h) Dictar normas con anterioridad al cierre de cada Balance general respecto a la confección del Inventario General, normas de valuación, amortizaciones del activo, declaración de deudas incobrables y castigo de las mismas; utilización de los Fondos de Garantía.
i) Dictar normas de depuración y adecuación de los Estados Patrimoniales cuando sea necesario tal disposición.
j) Disponer respecto a la contratación de servicios personales y licitaciones públicas, conforme a las normas vigentes en la materia.
k) Celebrar acuerdos con otros organismos estatales y privados.
Art. 7- Normalización: la Comisión Popular designará una Comisión Investigadora Independiente que tendrá a su cargo la investigación de los sucedido durante el periodo de Intervención del poder ejecutivo: 1996/2021. A tal fin, podrá solicitar informes a las dependencias públicas y privadas que considere pertinentes y asesoramiento de especialistas, emitiendo un dictamen que será elevado a la Justicia en un plazo máximo de 1 (un) año.
Art. 8- De forma.
FUNDAMENTOS
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba tiene 108 años, pero los últimos 25 han transcurrido bajo una intervención del Poder Ejecutivo, realizada con la excusa de paliar el déficit y “normalizarla”. Nada de eso se cumplió y la normalización nunca llegó.
Con motivo del centenario de la Caja, Osvaldo Giordano, actual Ministro de Finanzas e interventor por casi 10 años decía: “No es fácil consensuar políticas de Estado, es decir, estrategias que trasciendan la alternancia en el ejercicio de poder que imponen las reglas democráticas. Y es más difícil aún en materia previsional, ya que de lo que se trata es de acordar y sostener políticas que garanticen sustentabilidad y equidad bajo una proyección temporal que abarque varias generaciones. Se requieren estudios y análisis desprejuiciados; mucha vocación de diálogo y ahuyentar las tentaciones siempre latentes de caer en el oportunismo, la improvisación y la demagogia” Esta afirmación esconde la verdadera esencia de la intervención: no se han consensuado durante estos 25 años políticas de Estado respecto de la Caja, lo único que han hecho primero la UCR y luego el PJ, fue imponer su voluntad, la de desfinanciarla y vaciarla, al compás de numerosos ajustes que sólo la han deteriorado, dejando a las jubilaciones provinciales al límite de la miseria.
Lo único para decir a favor del PJ cordobés al respecto es que esta orientación no es privativa de ellos, sino más bien un lineamiento nacional e incluso mundial, que tiene como objetivo deteriorar al máximo las jubilaciones y pensiones y transformarlas en un subsidio a la vejez. En esto tienen total acuerdo, tanto los referentes del gobierno nacional como los de la oposición de derecha de Juntos por el Cambio, y la prueba es que todos en los últimos 5 años tienen en su haber ajustes brutales a las y los jubilados.
La Caja fue intervenida durante el gobierno de Ramón Mestre, en tiempos de privatización y reforma del Estado. Siguiendo estos lineamientos fue robada a sus propios dueños, las trabajadoras y trabajadores y utilizada como botín de guerra por los sucesivos gobiernos. Primero a través de decretos que prorrogaron la intervención, luego mediante la Ley 8575 y posteriormente con la Ley 8694 que la extendió por 180 días y finalmente hasta nuestros días sin ningún marco legal.
Sólo en 2015, a través del ajuste jubilatorio establecido en la Ley 10333 el gobierno incorporó el artículo 5º que dice: “Encomíendase al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas conducentes para la normalización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba durante el año 2016.” Sin embargo los plazos se han extendido y la intervención sigue.
El actual interventor, Mariano Méndez, dijo a la prensa en 2017: “Estamos trabajando para que la Caja de Jubilaciones deje de ser un organismo deficitario, que es el único modo para que pueda ser normalizado. Siempre estamos dispuestos a dialogar con los gremios”. Esto es una falacia, sólo se podrá normalizar la Caja si la gestionan los únicos interesados en que funcione, es decir las y los trabajadores. Por ese motivo, para proceder con la normalización es imperioso terminar con la intervención y ese es el objetivo prioritario de esta ley.
Las trabajadoras y trabajadores activos y pasivos tienen fundamental interés en recuperar la Caja para que sus aportes de toda una vida de trabajo a partir de ahora sean cuidados y preservados por ellos mismos, pero también para poder llegar al fondo de la verdad de lo sucedido en estos 25 años de intervención con los fondos que todos y todas aportaron. Por eso, este proyecto establece la conformación de una Comisión Investigadora Independiente con amplios poderes para investigar y elaborar un dictamen que deberá ser elevado a la Justicia para que se juzgue civil y penalmente a los responsables del vaciamiento y desfinanciamiento de la Caja.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Firmantes:
- Echevarría, Luciana Gabriela
