LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación por la amenaza de despidos contra los trabajadores de AFIP tras la disolución del ente que será reemplazado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Y rechaza esta acción por parte del gobierno nacional que plantea dejar a miles de familias sin un sustento además de desconocer todos los acuerdos y derechos laborales de quienes se desempeñan en las oficinas de todo el país incluyendo las ubicadas en Córdoba.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto surge de la necesidad de defensa de los derechos laborales y el sustento económico de los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ante la disolución de dicho organismo y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la amenaza de más de 3000 despidos enunciada en los medios por los integrantes del gobierno nacional.
Este cambio estructural amenaza con dejar a cientos de familias sin su sustento, afectando a trabajadores de distintas partes del país, incluyendo las oficinas en la provincia de Córdoba.
La propuesta de disolución de la AFIP no responde a un análisis profundo que permita optimizar el funcionamiento del mismo, para perseguir evasores, sino a la desvinculación de miles de empleados, bajo el argumento de lograr un supuesto “ahorro millonario” a través del despido de 3.155 agentes.
En lugar de atacar las causas estructurales de la evasión y la informalidad laboral, esta medida perjudica tanto a los trabajadores como a la eficacia de la recaudación fiscal.
Por el contrario, el discurso se pasa al terreno del cinismo cuando vemos el presupuesto billonario que obtendría ARCA en 2025. Según la ley de leyes, para el año que viene este organismo gozaría de un presupuesto de más de 2,5 billones de pesos para su financiamiento, convirtiéndolo en uno de los más elevados de la administración pública.
Esto pone desnuda los verdaderos objetivos de la reconversión de AFIP en ARCA, ya que, a pesar de la retórica de “austeridad”, se destina un monto considerable a una reestructuración que no responde a una mejora en los servicios del organismo.
A esto hay que sumar la retórica violenta y mentirosa del gobierno, que acusa a los trabajadores de privilegiados y chorros, que se jacta de “haberle pegado una patada en el culo a 3155 tipos que estaban en AFIP y se dedicaban a perseguir gente” y que fomenta de esta manera actos repudiables como el de la Tiktoker que fue a las oficinas a burlarse de la situación de los trabajadores.
Es fundamental que esta Legislatura se exprese en defensa de los puestos de trabajo que hoy están en riesgo y que además del sustento para las familias compromete la adecuada recaudación y uso de los recursos públicos.
