LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través la Secretaría General de la Gobernación y los Ministerios de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y Desarrollo Humano en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de 7 (siete) días de manera detallada
- Si entre el 5 y el 24 de octubre del corriente año se realizaron cambios en las tareas y horarios habituales del personal. En particular las personas contratadas bajo la modalidad monotributos y becas que desarrollan sus labores en el ámbito de las carteras ministeriales referidas. Adjunte datos detallados por área o programa.
- Si en el mismo período se realizó la entrega de subsidios, créditos o adjudicación de beneficios de programas sociales en un ritmo o cantidad superior a meses anteriores. Adjunte datos detallados por programa.
- ¿Qué tareas desarrollaron los empleados del Ministerio de Desarrollo Humano que fueron convocados en el ex club Fiat y otras instalaciones de instituciones deportivas y sociales los días 21 y 22 de octubre?
- ¿Qué tareas desarrolló el personal de los ministerios referidos en el acto de cierre de campaña de la Alianza Provincias Unidas en la Plaza de la Música el 23 de octubre?
FUNDAMENTOS
Durante las últimas semanas de campaña, desde nuestro bloque recibimos numerosas denuncias respecto de que desde distintas áreas del Estado provincial y la Municipalidad de la capital estuvieron obligando al personal monotributista y becarios a realizar tareas de campaña, pidiendo el voto por la candidatura de Juan Schiaretti para diputado nacional. Las declaraciones del personal explicaban que les hacían completar un formulario donde consignaran los llamados realizados. Señalaban quePersonas que normalmente realizan sus tareas por la mañana tenían que ir a la tarde, lo que deja fuera de duda que no se trataba de gente que voluntariamente tomaba estas tareas de les obligaron a registrarse por medio de un código QR, hacer 30 llamados a sus contactos diciendo “VOTA A JUAN” y que no podían retirarse hasta que terminen de completar las llamadas. Los datos de los llamados tenían que ser asentados en un planilla para registro de todas las llamadas y el objetivo era llegar a 100 personas. Para eso el personal fue citado por la tarde en el ex Club Fiat y otros clubes e instituciones sociales y deportivas donde se armaron precarios “call center”. Para eso se cambiaba el horario de trabajo de las personas convocadas a realizar estas tareas. “militancia”. Entre otros funcionarios, los trabajadores señalaron que estuvo presente la ministra Montero como cabeza de la organización, arengando a realizar las llamadas.
Junto con esto, también hay referencias que nos llegaron al bloque respecto de un oportuno y apresurado otorgamiento de créditos del Banco de la Gente, asignación de programas sociales y adjudicación de escrituras a través del programa Tu Casa, Tu Escritura.
Y finalmente, otro hecho llamativo del que hemos recibido denuncias, es que se recibieron comunicaciones de la campaña de Provincias Unidas desde los mismos números de los que se reciben comunicaciones oficiales, como de ausentismo laboral del personal del Estado provincial o de Bancor.
Todos estos hechos, de confirmarse, constituyen un grave abuso de parte de los funcionarios implicados y un uso ilegal de los recursos de todas y todos los cordobeses para la campaña política del oficialismo. Es además una forma de violencia contra los trabajadores porque se ejerce presión contra empleados públicos para que participen de las campañas en favor de los candidatos del partido de gobierno y como señala la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se trata de una “práctica ilegal que se vuelve común durante el periodo electoral” que “viola la Ley de Empleo Público, la cual establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de <<valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política>>. A pesar de lo establecido por la ley, la falta de mecanismos de control apropiados ha permitido la continuidad y expansión de este problema”.
Este tipo de acciones, además del mal uso de recursos del que hablamos, proporcionan una ventaja ilegítima a favor del partido que ocupa el gobierno. Y son también decididamente contrarias a la ley nacional de Ética Pública y el Código Electoral Provincial. En el caso de la primera, su artículo 42 define que: “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. En el mismo sentido, el Código Electoral Provincial ley 9.571; en sus artículos 220, 221 y 222 limita actos y publicidad oficial y prohíbe el clientelismo político. También el Código Nacional Electoral prohíbe que la publicidad de los actos de gobierno promueva la captación del sufragio a favor de candidatos a cargos públicos electivos nacionales. Y prohíbe durante los 15 días anteriores a los comicios inauguraciones de obras públicas o lanzamientos y promoción “de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”.
Creemos indispensable que se transparente lo ocurrido e implementar mecanismos de control popular para evitar el uso de recursos públicos para fines partidarios. Por todo lo planteado, solicitamos a todos los bloques la aprobación de este proyecto.
