Estas no son unas elecciones más, se dan en medio de una crisis económico-social, sanitaria y ambiental que golpea con mucha fuerza. Los gobiernos son responsables.
Alberto dijo que venía a terminar con el desastre del macrismo, pero está fracasando. Schiaretti dijo que iba a defender Córdoba y entregó todo. Y Cambiemos sigue sosteniendo el ajuste como única propuesta.
No toleramos tantas injusticias, ni vamos a resignarnos a vivir como ellos quieren. Tenemos propuestas para cambiar todo, incluso a la propia izquierda, para que sea alternativa y plante bandera en el Congreso.
Este año la izquierda se presenta unida en el Frente de Izquierda Unidad y vamos a internas para que vos decidas qué proyecto de izquierda hace falta y quienes son las y los candidatos que deben encabezarlo.
Nuestra lista propone ampliar el frente, hacerlo más grande y más fuerte, incorporando a miles de activistas y a todas las personas decepcionadas con el gobierno de Alberto.
Para transformar todo, hace falta decisión, coraje y también propuestas, como las que planteamos desde la izquierda.
La pandemia puso al descubierto que en este sistema capitalista los empresarios nunca pierden, y las crisis siempre las pagamos los de abajo. Se despidió a más de un millón de personas y más del 50% de los trabajadores está precarizado o desocupado. El salario promedio es de $30500, es decir no cubre ni la mitad de la canasta básica.
Somos además los que más impuestos pagamos, mientras los empresarios no ponen un peso. Y para colmo, el dinero que debiera destinarse a cubrir nuestras necesidades se va al extranjero para pagar una deuda ilegítima que es una verdadera estafa.
Para que todas y todos tengamos trabajo y salario digno proponemos:
1- Reducir la jornada a 6 horas para repartir las horas de trabajo disponibles con más personas y establecer en $70.000 pesos el salario mínimo.
2- Prohibir por ley despidos y suspensiones. Estatización bajo control de los trabajadores de toda empresa que cierre, despida o suspenda.
3- Plan de creación de un millón de puestos de trabajo mediante un plan de obras públicas centrado en el incremento de la calidad de vida, el acceso a la vivienda, la red vial y el aumento de la capacidad productiva de la provincia.
4- Trabajo en negro cero, ni en el sector privado, ni en el estado. Ente autónomo que controle y sancione la precarización laboral.
5- Democratizar los gremios y unidad para derrotar a la burocracia sindical.
6- Universalización de los planes sociales por un monto acorde a la canasta básica.
7- Políticas públicas de apoyo y presupuestos equitativos para feriantes y actores de la economía popular.
8- Reducción de la edad jubilatoria y 82% móvil para todos los jubilados. Intervención popular del PAMI: que lo controlen las y los trabajadores activos y pasivos.
9- Reforma global e integral del sistema impositivo nacional: que paguen más lo que más tienen. Eliminación del IVA a productos de la canasta básica. Impuesto a las grandes fortunas.
10- Default soberano y auditoría popular de la deuda externa ilegítima y fraudulenta para lograr el castigo a los responsables.
Nunca como hoy quedó demostrada que la desinversión y el vaciamiento de la salud pública, las y los trabajadores y sectores populares la pagamos con la vida.
En el país más del 70% de los gastos totales en salud se destinan a financiar al sector privado (obras sociales y Clínicas), mientras los hospitales están desmantelados y atienden al 90% de las emergencias y casi al 50% de la población, que no tiene ningún tipo de cobertura.
Las y los trabajadores que sostienen el sistema están precarizados, cobran salarios de miseria y con la pandemia están extenuados y no han recibido el reconocimiento que se merecen.
Para que la salud sea de verdad esencial proponemos:
1- Sistema único estatal de salud controlado por los trabajadores y usuarios, para garantizar una salud pública de acceso universal, gratuito, igualitario y de calidad.
2- Aumento efectivo del presupuesto de salud. Basta de vaciar el hospital público. Aumento salarial de emergencia.
3- Pase a planta y estabilidad de todo el personal de salud y eliminación de las guardias de 24 horas.
4- Reducción de la edad jubilatoria para todo el personal.
5- Plan de infraestructura, con reparación y construcción de establecimientos.
6- Reordenamiento del sistema de salud nacional con eje en la atención primaria, salas integrales y campañas de prevención efectivas.
7- Universalización de la información sobre sexualidad y anticoncepción. Garantizar el derecho al aborto en todos los hospitales del país.
8- Construcción y puesta en marcha de un laboratorio nacional de producción de medicamentos genéricos y producción de vacunas. Declarar de utilidad pública los laboratorios privados. Promoción de la investigación científica con fines sociales.
9- No al desmantelamiento de los servicios de Salud Mental. Crear una red de salud mental integrada a los sistemas de atención primaria y hospitales generales. Planificación y participación de trabajadores y usuarios en la aplicación de la Ley de salud mental.
10- Desmanicomialización, pero con presupuesto y planificación: construir casas de medio camino, como alternativa terapéutica al manicomio. Conformar equipos de atención de salud mental comunitaria.
La pandemia evidenció la importancia sustancial de la educación pública y sobretodo, lo esencial de la labor docente. La contracara de esto es la desidia de los gobiernos.
En Córdoba, durante 10 años subejecutaron el presupuesto para las escuelas, se ahorraron mil millones que hoy hacen falta en las aulas. A nivel nacional se destina sólo un 4,8% del presupuesto total a educación y el aumento para este año fue muy inferior a la inflación.
El salario docente se siguió deteriorando y el gobierno continuó atacando sus derechos, aun en pandemia.
La desigualdad social profundizó la brecha educativa: casi la mitad de las chicas y chicos que asisten a escuelas públicas no tienen compu ni internet y el 76% de los niños en barrios populares se conectaron a la escuela a través de whatsapp.
Miles de chicas y chicos se desconectaron y no hubo política seria para revincularlos. Lejos de esa miseria, las escuelas privadas siguieron recibiendo millonarios subsidios. Córdoba es la provincia que más subsidia a las privadas, la mayoría de ellas religiosas.
1- Eliminar los subsidios a la educación privada y destinar esos fondos a la escuela pública. Absorbiendo desde el Estado a los docentes y cursos de los establecimientos que no quieran o no puedan continuar su actividad.
2- Triplicar el presupuesto educativo y crear mecanismos participativos para el establecimiento de prioridades, asignación de partidas y control de su efectiva ejecución.
3- Por mejores condiciones para enseñar y aprender: construir nuevas escuelas y establecer un plan de refacción y acondicionamiento de edificios. Proveer de equipamiento, calefacción y otros insumos básicos a las escuelas.
4- Salario básico para los trabajadores de la educación, igual a la canasta familiar y que sea indexado por ley, para poder trabajar en un solo cargo o su equivalente en horas cátedras. Paritaria nacional para discutir condiciones laborales en las escuelas.
5- Reducción de la edad jubilatoria para la docencia.
6- Crear más cargos docentes y gabinetes psicopedagógicos, para un acompañamiento real y más personalizado de los alumnos.
7- Jerarquizar la modalidad de Adultos, ya que constituye una importante oportunidad de terminar los estudios secundarios para aquellos que trabajan.
8- Basta de mercantilización de la formación. Por un plan nacional de capacitación docente a cargo del Estado, en servicio y permanente.
9- Derogar la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. Convocar a un Congreso Nacional Educativo en el cual la comunidad educativa debata democráticamente un proyecto pedagógico basado en una educación igualitaria, laica, científica y de calidad. Renacionalización del sistema educativo.
10- Autonomía y cogobierno con mayoría estudiantil de las Universidades Nacionales. Becas para garantizar el derecho de todos y todas a la educación superior.
11- Por una izquierda pedagógica que pelee por una educación al servicio de los sectores populares.
La pandemia demostró que el mundo está al borde del colapso ambiental. Nuestro país y nuestra provincia no son la excepción. Años de políticas extractivistas destruyeron todos nuestros bienes comunes.
En los últimos 30 años se perdieron en el país 8 millones de hectáreas de monte nativo. Desmontan para hacer negocios, con las corporaciones contaminantes del fracking, el agronegocio y la megaminería.
Para echar a las corporaciones y proteger nuestros bienes comunes:
1- Una Ley de Ambiente que declare inmediatamente la emergencia ambiental nacional y permita contar con los fondos (controlados por organizaciones ambientalistas) para lanzar un plan de remediación ambiental.
2- Fuera Monsanto, Chevron, Barrick y toda empresa que contamine. Aplicación inmediata del principio de precaución.
3- Basta de enfermedad y muerte. Prohibición de las fumigaciones aéreas. Por una Argentina sin agrotóxicos, ni transgénicos.
4- Por una agricultura con agricultores. Subsidiar el repoblamiento rural para estimular una producción sana y cercana a los centros poblados. No a las factorías porcinas.
5- El alimento es un derecho y no una mercancía. Debe ser sano y accesible. Por una soberanía alimentaria, no a la ley de semillas.
6- Basta de inundaciones: plan de obras hídricas de aliviación y contención y dispositivos de alerta temprana. Conformación de Comités de cuenca y ordenamiento territorial.
7- Por una nueva ley de bosques, elaborada con verdadera participación popular. Basta de desmonte. Aumentar el control de las “zonas rojas”. Plan de reforestación y remediación masiva de especies autóctonas.
8- Por una Ley de humedales ya.
9- Más verde, menos cemento. Plan urbano ambiental para recuperar plazas, parques y aumentar el pulmón natural actual.
10- Plan integral de residuos, priorizando la reutilización y reciclado e incorporando a los carreros al sistema.
11- Que decidan los pueblos. Consultas populares vinculantes para las grandes decisiones que ponen en riesgo la salud y la vida de las comunidades.
La lucha feminista y disidente ha conquistado enormes derechos. Pero los gobiernos no están a la altura de las circunstancias y nos dejan desamparadas.
Las elevadas cifras de femicidios demuestran que con ministerios de cartón y presupuestos miserables no se puede combatir la violencia de género.
La desigualdad entre varones y mujeres se sigue profundizando, las mujeres cobran un 21% menos que los varones y el 70% de las actividades domésticas recaen sobre ellas.
Además hay sectores que siguen queriendo atacar nuestro derecho al aborto y la ESI no se implementa por presiones clericales y falta de inversión. A la Iglesia, histórica enemiga de nuestros derechos, se le siguen destinando fondos millonarios.
Para que se termine la violencia machista y tengamos plenos derechos proponemos:
1- Presupuesto de emergencia contra la violencia de género, con control de las organizaciones feministas y familiares de víctimas. Justicia para todas las víctimas de femicidio.
2- Basta de justicia machista y patriarcal: elección de jueces, juezas y fiscales por voto directo. Revocabilidad. Jurados populares con mayoría de mujeres.
3- Equipo interdisciplinario de peritos especializados las 24hs en cada unidad judicial para resolver medidas urgentes frente a hechos graves de violencia.
4- Depuración y desfinanciamiento de las fuerzas represivas cómplices de los femicidas.
5- Educación sexual integral en todas las escuelas. Basta de trabas para el aborto. No a la objeción de conciencia.
6- Separación de la Iglesia del Estado: basta de financiarla, eliminación de todos los beneficios. Prohibición de símbolos religiosos en edificios públicos. Prohibir a los curas estar a solas con menores.
7- Igualdad real: licencias por paternidad extendidas. Jardines de la primera infancia gratuitos para las hijas e hijos de trabajadores.
8- Basta de trata. Depurar la policía de agentes involucrados. Poner en marcha una búsqueda real de las víctimas con participación de familiares y organizaciones de género. Que aparezcan Marita Verón, Yamila Cuello y todas las desaparecidas en democracia.
10- Ley de Inclusión Integral Trans: laboral, educativa, social y sanitaria.
11- Ley antidiscriminatoria que incluya la orientación sexual e identidad de género.
Este sistema no ofrece a la juventud perspectiva de futuro. En el país hay casi un millón de chicos y chicas que no pueden trabajar ni estudiar y casi el 50% de los jóvenes son pobres.
Los únicos trabajos que consiguen son precarizados y en negro, incluso los gobiernos ofrecen planes precarizados y con salarios de indigencia.
A esa juventud la policía la persigue y hostiga por ser joven y por ser pobres los criminaliza.
Para que la juventud tenga futuro y no miserias, proponemos:
1- Shock de inclusión laboral para la juventud con salario acorde a la canasta familiar y jornada de 6 hs para poder estudiar.
2- Basta de PPP y otros programas de trabajo precario. Creación de un Ente autónomo para perseguir y sancionar la precarización.
3- Aumento presupuestario para la educación. Plan de obras para la reparación de los colegios y de conectividad integral.
4- Inmediata y efectiva aplicación de la Ley de Educación sexual integral en todas las escuelas.
5- Perseguir a los narcos y no a los que consumen o cultivan marihuana para consumo personal. Despenalización de la tenencia para consumo y del autocultivo.
6- Apertura de centros culturales en todos los barrios. Fomento de las actividades artísticas.
7- Programas deportivos gratuitos centrados en la inclusión en todas las localidades del país.
8- Participación real de las y los jóvenes en las decisiones que los involucran.
9- Justicia por todas las víctimas del Gatillo Fácil y desmantelamiento de las policías mafiosas y corruptas. Creación de una fuerza democrática y no represiva.
Mientras la mayor parte de la población hace enormes esfuerzos y no llega a fin de mes, hay una minoría privilegiada que tiene cada vez más. Políticos y empresarios acumulan ganancias mientras el pueblo se empobrece.
Los jueces y políticos cobran 10 veces más que un trabajador. No viven como nosotros, no pueden ser ellos los que decidan sobre lo público, sobre la salud, la educación y el trabajo de toda la población
Para terminar con estos gobiernos de unos pocos, hacen falta profundas reformas: que la política deje de ser un negocio y sea una herramienta de transformación.
Que las grandes decisiones las tomemos entre todos y no entre unos pocos. Por eso proponemos:
1- Todos los funcionarios deben ganar como una directora de escuela.
2- Elección popular de jueces, fiscales y comisarios. Separadas de las elecciones generales.
3- Político que no cumple, pierde el cargo. Permitir un proceso de revocatoria si no cumplen durante la gestión, lo prometido durante la campaña.
4- Que políticos, jueces y sindicalistas después de dos mandatos vuelvan a trabajar.
5- Que los políticos y sus familias usen el hospital público y manden a sus hijos a la escuela pública.
6- Político que roba va preso y responde con sus bienes.
7- Democracia real. Los vecinos queremos decidir, convocar consultas populares vinculantes para las grandes decisiones.
8- Mecanismo virtual para que los trabajadores estatales puedan denunciar anónimamente las irregularidades que presencian a diario, sin temor a ser despedidos.
9- Convocar a una convención constituyente nacional con temario abierto, libre y soberana, donde reordenemos el país privilegiando los intereses del 99% de los argentinos.
10- Democratización de los sindicatos. Basta de sindicalistas ricos. Dos mandatos y a trabajar.
Un tercio de la población no tiene una vivienda adecuada, el déficit habitacional alcanza los 3,5 millones de hogares en el país, mientras hay más de 2 millones de viviendas vacías. 9 millones de argentinos alquilan y construir una casa cuesta más de 200 salarios.
Como contracara, casi el 10% del territorio nacional está en manos extranjeras.
Para terminar con la paradoja injusta de gente sin casas y casas sin gente, proponemos:
1- Créditos del Banco Nación a tasa cero para acceder a la primera vivienda.
2- Ley de alquiler social con garantía estatal gratuita.
3- Creación de un instituto nacional de la vivienda bajo control social.
4- Asesoramiento y protección de los derechos de los inquilinos.
5- Escritura para los poseedores y ley de uso social de la tierra.
6- Basta de estigmatización. Para las villas, urbanización.
7- Estatización de las empresas de agua y gas para garantizar el acceso. No a los intentos de privatización de EPEC.
8- Fuertes impuestos a las viviendas ociosas.
9- Plan estatal de construcción de viviendas.
10- Sanción a la especulación y al acaparamiento de viviendas.
11- Ordenamiento territorial con participación de las comunidades.
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