Hoy la legisladora cordobesa Luciana Echevarría (MST en el FIT Unidad) junto al dirigente Alejandro Bodart, la diputada porteña Cele Fierro, y la doctora Mariana Chiacchio (CADHU, Centro de Abogades por los Derechos Humanos), presentaron ante la CIDH una detallada denuncia de 21 carillas contra el Estado argentino por “restricción y represión del derecho a la protesta social, amenazas a partidos políticos y organizaciones sociales, y restricción del acceso a la tutela legal efectiva a quienes expresan opiniones disidentes con el gobierno nacional”.
Echevarría indicó: «El objetivo del protocolo de Bullrich es bloquear el derecho a la protesta en un contexto de ajuste y crisis brutal. El gobernador Llaryora y el ministro Quinteros le siguen los pasos con persecución a quienes reclaman. La única respuesta de los gobiernos frente a la tragedia social que vivimos, es la criminalización. Como en el caso de los dirigentes sociales procesados por pedir alimentos para los comedores comunitarios. Es un claro retroceso en un Estado que se dice democrático”.
Fierro señaló: “Hace siete meses iniciamos una causa judicial contra el protocolo inconstitucional de Patricia Bullrich. Pasó por nueve juzgados y el último le dio carácter de hábeas corpus, pero la Corte sigue sin resolver la competencia. No hay acceso a tutela legal efectiva, mientras el gobierno aplica el protocolo, reprime, detiene e imputa personas a su antojo sólo por ejercer su derecho a reclamar, como pasó el 12 de junio en la protesta contra la Ley Bases.”
Bodart agregó: “El gobierno nacional de Milei, Villarruel y Bullrich está intentando cambiar el régimen político vigente en nuestro país desde hace más de 40 años e ir hacia uno claramente autocrático, que avasalla las libertades democráticas para imponer su durísimo plan de ajuste y entrega a palos. Por eso viola derechos básicos, que se suponen garantizados por la Constitución y los tratados internacionales”.
Entre otras medidas, solicitan que la CIDH cite al Estado argentino a una audiencia urgente, remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pida a la justicia local informes sobre las causas contra el protocolo y que libere a las personas aún detenidas por la Ley Bases.
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