LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio al intento del gobierno nacional de vender el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura denominado “La Perla Chica”, ubicado en la localidad de Malagueño de nuestra provincia. E insta al gobierno a respetar el marco legal vigente y la necesidad de preservar estos sitios de memoria, como parte de entender la gravedad y magnitud de la represión ilegal de la última dictadura genocida, así como para juzgar a sus responsables.
FUNDAMENTOS
El decreto 950/24 publicado el 25 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación hizo pública la intención del gobierno nacional, en el marco de su política de desmantelamiento del patrimonio estatal, de poner a la venta 309 inmuebles ubicados en 11 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba se incluye una franja de terreno en Malagueño, en la que funcionan varias instituciones como la Sociedad Rural de Córdoba, el Mercado Cooperativo San Miguel y el sitio de memoria conocido como La Perla Chica, también llamado Malagueño, La Escuelita o La Perlita. Este terreno que el gobierno nacional puso a la venta, durante la dictadura estuvo bajo el control del III Cuerpo de Ejército que dirigía Luciano Benjamín Menéndez y funcionaba como un anexo de La Perla. En 1976 y 1977 para ingresar a La Perla había que pasar por la Perla Chica. Luego en 1978 con la construcción de la autopista los espacios quedaron separados, pero la Perla Chica siguió funcionando como parte del circuito genocida, alojando secuestrados durante el Mundial del 78’, también durante la visita de la Cruz Roja Internacional el mismo año y en 1979 cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rápidamente llegaron los repudios de organizaciones políticas y de Derechos Humanos. También los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, elevaron una medida de no innovar en relación al sitio que fue señalizado en noviembre de 2023 como sitio de memoria y que por eso tiene protección por la ley 26.691 en cuanto a la preservación para facilitar las investigaciones judiciales y la memoria de los crímenes del terrorismo de Estado. En su planteo los fiscales señalan que a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación que están directamente relacionados con el sitio. El juez federal Sánchez Freytes hizo lugar al pedido, y por ahora el Estado nacional queda impedido de vender el predio.
Pero el gobierno del presidente Milei se ha destacado por actitudes negacionistas e incluso de reivindicación del accionar de la última dictadura genocida, por lo que no se puede descartar que rechace esta medida e insista en su intención. Por ello considero fundamental que todos los sectores democráticos nos manifestemos enérgicamente contra este intento. Por todo lo expuesto, solicito a las y los legisladores la aprobación de la presente declaración.
