LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su más enérgico repudio a la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicado en el Boletín Oficial de la Nación que emplea formas peyorativas, estigmatizantes y discriminatorias para referirse a las personas con discapacidad.
FUNDAMENTOS
Mediante el presente proyecto queremos expresar el repudio por la Resolución 187/2025, publicada el 27 de febrero de 2025 en el Boletín Oficial de la Nación y emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que constituye un nuevo ataque a las personas con discapacidad.
Este documento no solo fija criterios cuestionables para el acceso y continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, sino que también utiliza terminología peyorativa, estigmatizante y discriminatoria para referirse a las personas con discapacidad intelectual.
Términos como “idiota”, “imbécil” y “retardo mental”, propios de un lenguaje obsoleto y ofensivo, fueron abandonados hace años en favor de conceptos como “retraso mental” y, posteriormente, “discapacidad intelectual”. Estos últimos reflejan un enfoque respetuoso y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos a los que Argentina ha adherido oportunamente por el reclamo de organizaciones que trabajan en pos de los derechos de las personas con discapacidad.
Sin embargo, la resolución en cuestión no solo ignora estos avances, sino que también viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la cual enfatiza la importancia de utilizar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso.
Resulta especialmente grave que sea la ANDIS, el organismo encargado de velar por los derechos de las personas con discapacidad, quien promueva este retroceso en la terminología y en las políticas públicas. Esta resolución no puede considerarse un mero error, cómo su titular alega desde las redes sociales del organismo, sino que forma parte de una política sistemática de ataques y atropellos hacia las personas con discapacidad por parte del gobierno nacional.
Además, el decreto incluye disposiciones que menoscaban la dignidad de las personas con discapacidad, como la afirmación de que en algunos casos “no requiere estudios médicos que comprueben lo que está a simple vista”, lo que evidencia un trato deshumanizante y carente de rigor científico.
Por todo esto, resulta imperativo que esta Legislatura se pronuncie enérgicamente contra estas acciones, reafirmando su compromiso con los derechos humanos, la inclusión y el respeto hacia todas las personas. Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento a la presente declaración, que expresa el más firme rechazo a la Resolución 187/2025 y a toda política que atente contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
